Se cumple un año de haber sido declarada oficialmente la llegada del virus de la COVID-19 al país y la misma relatora especial de la ONU en su más reciente informe, luego de la visita al país, dijo que los cargos de personal médico en hospitales públicos están vacantes entre 50 % y 70 %. Destacó que actualmente solo funciona el 20 % del equipamiento médico.
Hospitales se quedan sin personal asistencial debido a que huyen por los bajos salarios
Cuando el 13 de marzo de 2020 la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, anunciaba los dos primeros casos de coronavirus en el país, ya Venezuela ocupaba el puesto 180, de un total de 195 países, en el índice de Seguridad Sanitaria Global de la Johns Hopkins. Eso se traduce en que el sistema de salud local era paupérrimo. Más del 80 % de los equipos médicos dañados, sin laboratorio, con déficit de camas de terapia intensiva y un marcado éxodo de personal asistencial.
Con la pandemia el miedo en la población se acentuó. Ya castigados por la crisis humanitaria compleja y víctimas de la falta de medicinas e insumos, los venezolanos comentaban por las calles, “si ya nos morimos de mengua, ahora con el coronavirus que Dios se apiade de nosotros”.
Y aunque el gobierno que administra Maduro se empeñó en no reconocer y en criminalizar a todo aquel que se atrevía a denunciar la crisis de la salud, tuvo que dar su brazo a torcer, cuando el 17 de marzo de 2020 Venezuela solicitó al Sistema de las Naciones Unidas apoyo para combatir la propagación de la COVID-19, y para afrontar las posibles consecuencias sociales y económicas de las medidas implementadas.
Pero ya el mal estaba hecho. La Encuesta Nacional de Hospitales publicada en enero de 2020, mostraba datos como el que los servicios de Rayos X estaban inoperativos en 58 %; que la de los laboratorios era de 55 %; mientras que 85,6 % de los tomógrafos y resonadores magnéticos en la red pública estaban sin servicio (resultados más recientes están por presentarse en los próximos días).
Además, las fallas de agua, de luz, la escasez de insumos para limpieza agobiaba al sector, situación que trabajadores de la salud, organismos internacionales y la oposición al gobierno llevan años denunciando.
Pues bien, con todas esas deficiencias entró el coronavirus y más atrás se dio ingreso a la ayuda humanitaria, que, si bien significó un paliativo en medio de la emergencia, no subsanó las grandes desigualdades dentro de los puestos asistenciales.
La primera ayuda que llegó con el apoyo de la Cruz Roja se quedó puertas adentro, en algunos CDI y hospitales centinelas, (en Caracas seleccionaron 42), como el hospital de Lídice y el periférico de Coche. Llegaron graneados algunos insumos a las carpas de triaje del Clínico Universitario, al Vargas, al Pérez Carreño y al Domingo Luciani de El Llanito.
Pero esos aportes no implicaron el saneamiento integral de la infraestructura hospitalaria, que durante estas dos últimas décadas han pasado por convenios nunca terminado de remodelaciones; salvo en el José María Vargas y Pérez de León de Petare donde, con el apoyo económico y de personal de la ONG Médicos Sin Fronteras, se refaccionaron salas de emergencias, de hospitalización, se arreglaron tanques de agua, equipos y además se le dio un incentivo económico al recurso humano.
En general, los hospitales morían de mengua junto con la población. Durante todo 2020 los empleados se hicieron sentir, crearon Monitor Salud para medir el impacto de la pandemia y la dotación de insumos de limpieza y médicos quirúrgicos. También para evaluar la asistencia del personal, afectado por la falta de gasolina, de transporte, de efectivo y por el cierre de vías durante los tres primeros meses de la pandemia.
Protestaron por las redes sociales, hicieron ruedas de prensa virtuales y salieron a las calles aun en medio del confinamiento, ya no solo obligados por la falta de equipos de bioseguridad y de agua, sino por los bajos salarios pulverizados por la hiperinflación: los trabajadores sanitarios no ganan más de dos dólares al mes y por esa situación están abandonando sus puestos de trabajo.
Desde hace algunos años, en Venezuela se ha impuesto la política de la bonificación de salario, que en nada ha beneficiado al personal asistencial.
Solo en octubre de 2020 se registraron, de acuerdo con el monitoreo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS, 1484 manifestaciones en todo el país, de las cuales 544 fueron protagonizadas por los trabajadores exigiendo respeto a las contrataciones colectivas y estabilidad laboral.
Ese mismo mes el sector salud marchó desde la Maternidad Concepción Palacios, en San Martín, hasta la sede del Ministerio del Trabajo en Plaza Caracas. La demanda de una indexación salarial era urgente. La dolarización de la economía aniquilaba sus ingresos. No fueron escuchados, tampoco en noviembre cuando repitieron la acción.
Trabajadores de la salud
Durante 2020, los derechos laborales ocuparon el segundo motivo de protestas en Venezuela. Trabajadores del sector público, empresas privadas, jubilados y pensionados exigieron la dolarización del salario, el respeto a las contrataciones colectivas, coberturas médicas ajustadas a la realidad y garantías de poder cubrir las necesidades básicas con un sueldo digno y suficiente para vivir.
El OVCS documentó aproximadamente 2427 protestas en defensa de los derechos laborales de trabajadores a nivel nacional, lo que se traduce en un promedio de 202 protestas mensuales. 439 de ese total fueron del sector salud, hombres y mujeres que se vieron obligados a trabajar en un sistema que no les garantiza equipos y materiales de bioseguridad, que padecieron largas filas y abusos para abastecer sus vehículos de gasolina.
Por eso es que estamos dejando nuestros trabajos, porque ya no podemos vivir. Con dos dólares no se mantiene un hogar. Gasto más viniendo al hospital. Me quedo en mi casa vendiendo tomates y puedo alimentar a mis hijos”, dijo José Mejías, obrero
Y si bien es cierto que el éxodo venía ocurriendo en 2018 y 2019, el año 2020 marcó una pérdida importante del personal en todas las áreas.
En agosto de 2020, la OMS encuestó a 105 países que notificaron interrupciones sustanciales de los servicios de salud esenciales:
Debido al despliegue del personal para responder a la COVID-19.
Debido a la insuficiencia de equipos de protección para el personal asistencial.
Además, en un análisis independiente se han constatado conflictos laborales y huelgas en 84 Estados Miembros desde febrero de 2020. El 38 % de ellos se deben a condiciones de trabajo inadecuadas y el 29 % a la falta de equipos de protección.
Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas, en su reciente informe preliminar sobre Venezuela, dijo que los cargos de personal médico en hospitales públicos están vacantes entre 50 % y 70%, y destacó que actualmente sólo funciona el 20 % del equipamiento médico. Cifras para la historia de un país signado por la opacidad oficial.
Además del colapso de la infraestructura, los centros hospitalarios se están quedando solos y esto implica igual una violación al derecho de la salud, pues toda la atención asistencial se dejó a un lado, cuando la política nacional se dedicó a la COVID-19.
Actualmente, hay brotes de malaria, sarampión, fiebre amarilla e infecciones oportunistas. Los pacientes oncológicos no reciben apoyo terapéutico, los renales tampoco, al igual que las personas con VIH-sida y con tuberculosis que están sin asistencia oportuna.
Y a pesar de un aumento significativo en la financiación en los últimos meses, la brecha en la cobertura del plan de respuesta humanitaria es un hueso duro de roer.
Espejo del mundo
Por sector de trabajadores decir cuántos se han ido de cada hospital es una cifra cuesta arriba. Porque en algunos casos no hay ni renuncias escritas. Sin embargo, Pablo Zambrano estima que el déficit en el sector salud está por el orden del 40 %
Yadira Rosales, secretaria general del Comité Ejecutivo de la Federación de Bionalistas de Venezuela, dijo que durante 2020 se profundizó la crisis. 96 % de los laboratorios operaron con fallas, no solo por la falta de reactivos e insumos, sino porque el gremio se ha quedado sin 6000 trabajadores. Un porcentaje importante dejó sus puestos el año pasado, pues estaban cobrando 1,2 millones de bolívares al mes.
Judith León, presidenta del Colegio de Bionalistas de Caracas, calcula que hoy tienen aproximadamente 2600 especialistas en todo el país, 43,5 % de los que tenían entre 2013 y 2015. Indica que en el Hospital de Niños no hay en el turno diurno.
“Los cinco que había en la mañana renunciaron en 2020. En el Clínico Universitario queda 30 % de los bioanalistas; en el Pérez Carrero hay un sistema interno para tener el servicio 24 horas, pero solo en la mañana existían 25 y ahora hay cinco y se implementan turnos considerando el problema transporte, efectivo, sueldo que no alcanzan. Esto es vocación de servicio, están resistiendo en estos establecimientos sin condiciones de prevención y protección continua, prestando atención, siempre que tengan los insumos necesarios. En el país hemos tenido fallecidos por COVID-19. En Zulia y Bolívar, 30% del personal de Bioanálisis se ha contagiado, se han recuperado y no han tenido una atención adecuada. Incluso han tenido que costear los exámenes de laboratorio requeridos y los tratamientos”.
Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, enfermería es el grupo ocupacional más numeroso del sector del campo sanitario, ya que representa aproximadamente el 59 %. En todo el mundo el personal de enfermería suma 27, 9 millones de personas.
La OMS dice que hay una escasez global de los profesionales de enfermería y calcula que 89 %, 5,3 millones, se concentra en los países de ingresos bajos y medianos bajos, donde el crecimiento de los especialistas apenas sigue el ritmo del crecimiento demográfico.
Incluso antes de la pandemia, muchas naciones ya tenían problemas relativos a la escasez del personal de salud, calculada en 18 millones en el ámbito mundial.
Los datos de más de 80 Estados Miembros de la OMS indican que, en todos los países, más de una cuarta parte de los médicos y más de un tercio de los odontólogos y farmacéuticos se han formado en el extranjero o han nacido en el extranjero.
Mientras que, en el Informe sobre la situación de la enfermería en el mundo, del año 2020, se señala que aproximadamente uno de cada ocho enfermeros en todo el mundo ejerce en un país distinto al de su nacimiento.
No hay personal para tanta gente
Lograr la salud para todos dependerá de que haya un número suficiente de trabajadores sanitarios bien formados, capacitados, regulados y apoyados que reciban una remuneración y un reconocimiento acordes con los servicios y la calidad de la atención que prestan. Eso es en teoría, lo que está en el papel, lo que dicen los ideólogos de las gerencias públicas.
Y lo que está en el piso, en la realidad, es que –en el caso venezolano– no hay remuneración ni reconocimientos acordes con el servicio que prestan.
En el Hospital Clínico Universitario de Caracas, HCUC, desde enero 2020 se han ido 795 trabajadores, según Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Salud.
Donde se resiente más esa ausencia es precisamente en enfermería, personal administrativo y obreros. De hecho, hay una enfermera por servicio, cuando lo normal es que existan tres o cuatro. Cobran 5000 bolívares por guardia diurna y 8000 por la nocturna. Eso no es un atractivo para ningún trabajador.
El Clínico es un hospital con una capacidad de 1200 camas arquitectónicas, de las cuales están operativas cerca de 220, según Denis Guédez, delegado sindical, quien dijo que la nómina del HCUC se redujo cerca de 50 % desde que se inició la emergencia humanitaria, en 2016. Ahora hay aproximadamente 5500 trabajadores.
Es uno de los 42 hospitales centinelas a los que se les instaló una carpa militar para el triaje de la COVID-19, de la cual ya no hay ni la sombra. Los pacientes son recibidos directamente en el área de la emergencia. Pisos arriba, el hospital parece una zona de fantasmas. Pasillos oscuros, salas sin pacientes, servicios a medio funcionar, como un área de medicina que está en remodelación, desde hace un año no hay ascensores, no hay terapia, no hay tomógrafo, ni rayos X, no hacen electrocardiogramas y la comida que sirven a los pacientes es a base de pasta y arroz.
Todo eso nos tiene desmotivados. Venimos a trabajar por la mística. Tengo 32 años aquí, ya debería estar jubilada. Este hospital no es la sombra de lo que era. Se perdió hasta el brillo”, dijo Carmen Orozco, enfermera.
En ese centro, durante estas últimas tres semanas 21 camilleros han renunciado a sus labores. Y hay 400 trabajadores más a los que se les ha suspendido el salario, mientras se les regulariza su condición laboral.
En el hospital José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia el panorama es más incierto. Solo se ven parturientas saliendo por la puerta principal, pues la sala de partos se ha considerado prioridad. Los demás servicios funcionan a media máquina. Medicina 1 y Pediatría, en el piso 7 y Obstetricia (piso 5) están cerrados por una eterna remodelación. La nómina a lo sumo llega a mil trabajadores, incluso el área COVID-19 estuvo desde diciembre hasta mediados de febrero de 2021 cerrada.
“Yo vengo por amor al hospital, aquí no le han dado ni tapabocas a uno, no hay nada, no hay insumos para limpiar, los ascensores no funcionan, falta el agua”, dijo José Luis Spitia, delegado sindical.
Los siete pisos de este centro ciertamente lucen vacíos. Si acaso dos pacientes por piso. El resto de las salas fueron convertidas en depósitos de equipos. No hay ni baños para los enfermos.
Hay filtraciones, sucio, insectos, ratones. A los Magallanes de Catia no llegó en abundancia la ayuda humanitaria, “por lo menos eso no se distribuyó en los servicios”, dicen los obreros.
Los quirófanos funcionan con intermitencia. El laboratorio hay días en los que solo hacen serologías, el tomógrafo no lo arreglaron durante todo 2020.
La desidia y el abandono son dos palabras que describen los siete pisos del hospital, donde incluso no hay ambulancias ni funciona la morgue.
Sin comida no hay salud
Nutrición, otro servicio hospitalario venido a menos, primero por la falta de insumos y ahora por el éxodo de personal. Los sueldos que percibimos aumentaron la diáspora, dijo Nixia Martínez, presidenta del Colegio de Nutricionistas. “Hay una falla de 90 % en esta rama del personal asistencial”.
Hay uno o dos profesionales del ramo por servicios. En el J. M. de Los Ríos el departamento está acéfalo. Y citó un caso grave en el ámbito nacional, el del hospital Razetti de Barcelona donde hay un nutricionista y la capacidad operativa es de seis. En Cumaná había siete y en Carúpano, cinco; ahora en cada zona hay uno.
En el Clínico eran 44 y ahora hay tres para el turno de la mañana y seis asistenciales para el de la tarde.
Otro estado crítico es Portuguesa, donde en los dos hospitales debían estar nueve y solo hay uno por cada centro. Esa región debería tener 12 en total.
El José Ignacio Baldó, conocido como El Algodonal, tiene actualmente en funcionamiento la maternidad del hospital Herrera Vega y por la parte de Obstetricia han renunciado tres médicos.
En Neumonología, que queda en edificio Simón Bolívar referencia nacional, no están atendiendo a menos que el paciente vaya referido por un alto funcionario.
El pasado 2 de noviembre los trabajadores hicieron una marcha dentro del complejo para denunciar la situación interna, y desde entonces se cerró el área COVID-19.
La situación en el Periférico de Catia, Ricardo Baquero, es tal que hasta en la entrada de la emergencia duermen grupos de indigentes. Ahí no funciona la terapia, ni la morgue, no hay tomógrafo, ni rayos X y el déficit de personal sanitario se acentúa en enfermería, donde hay una por servicio.
Ahora hay médicos haciendo posgrados, muchos de ellos de República Dominicana. En el periférico de Coche, Leopoldo Manrique Terrero, que entró en funcionamiento completamente remodelado al inicio de la cuarentena, se reforzó el área COVID-19 con enfermeras que cobran hasta 100 dólares mensuales, pagados en bolívares. Mientras el resto de sus compañeras no pasan de los tres dólares. Esa información es noticia de pasillo, pues en este centro los trabajadores sienten presión y miedo de hacer las denuncias.
Presentar un panorama sobre la situación hospitalaria al cumplirse un año de la llegada de la pandemia al país, no es alentador. A pesar de que llegó ayuda humanitaria y se firmó un acuerdo entre representantes del gobierno interino de Juan Guaidó y la administración de Nicolás Maduro, nada mejoró.
Más bien, a diario el personal asistencial sale a protestar con sus pancartas, donde se lee: tenemos hambre, no tenemos equipos de seguridad, venimos a trabajar con los zapatos rotos, un día pagando pasaje es un mes de salario…
Hoy en día los trabajadores del sector salud: profesionales, administrativos, obreros, jubilados y pensionados, apelan al artículo 3 de la Carta Magna que señala que la Educación y el Trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar los fines de la Constitución, 1999, en tal sentido el diálogo y la paz que convoca en la narrativa del Ejecutivo Nacional, deberían estar investidos con el cumplimiento de las garantías constitucionales y los derechos humanos.
Trabajadores de la salud
Las manifestaciones de protesta pacífica, ocurridas en las últimas semanas, dicen que son la expresión de un colectivo de trabajadores del sector salud, que ya no tiene la capacidad económica y social de enfrentar no solo las situaciones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, sino la manutención propia y la de su familia, trayendo como consecuencia la más grande diáspora y renuncia del personal asistencial en el país.
Por eso, están en asamblea nacional permanente, con el fin de visibilizar la difícil e insostenible situación del personal asistencial, considerando que el ingreso que devengan no les permite ni siquiera trasladarse a sus lugares de trabajo.
Eso está pasando en el país, mientras los casos de coronavirus no se detienen, y mientras en el mundo se avanza con otras políticas. De hecho, lo que está pidiendo la OMS es que los países inviertan en los trabajadores sanitarios.
2021 ha sido designado como el Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales para reconocer y agradecer la inquebrantable dedicación de estos trabajadores a la lucha contra la pandemia.
La OMS ha puesto en marcha una campaña de un año de duración con el lema «Proteger. Invertir. Juntos». En ella se destaca la urgente necesidad de invertir en los trabajadores de la salud para obtener dividendos compartidos en materia de salud, empleo, oportunidad económica y equidad.
En Venezuela, desde junio de 2020 hasta el 19 de febrero se contabilizaban 342 trabajadores fallecidos por el virus: 254 médicos, 62 del gremio de enfermería y 28 de otros sectores sanitarios.
El resto de los activos del personal asistencial, sobrevive. No a la pandemia, sino a la crisis económica que no les permite hacer un mercado, recrearse, vestirse y mantenerse saludable.
Crónica Uno -Mabel Sarmiento – @mabelsarmiento 15 marzo, 2021
