Periodistas que cubren la fuente económica y en específico la del sector telecomunicaciones, tecnologías de la información y servicios audiovisuales habrían señalado que podría existir una acción regulatoria asimétrica en materia de precios entre distintos operadores de dichos servicios en Venezuela. Así lo informa, el lunes 15 de marzo de 2021 el portal FEDECAMARAS Radio, recogiendo las afirmaciones realizadas por el periodista William Peña quien afirma que: “autoridades deben permitirle a todo el sector de telecomunicaciones estabilizarse, equilibrarse y que todos tengan tarifas adecuadas para poder mejorar su servicio, de lo contrario, habrá un retraso por la congelación de tarifas”.
Los mercados suelen ser excelentes mecanismos para compatibilizar objetivos sociales de corto y largo plazo ante ausencia de fallas significativas en los mercados. En ese sentido, cuando la competencia entre los operadores permite mantener tarifas bajas así como niveles de inversión suficientes para mantener la calidad de los servicios por constituir elementos objetivos de la competencia, la libertad tarifaria lejos de constituir una preocupación de interés público, constituye un sistema de información y valoración social que permite un uso eficiente de los recursos y coadyuva a la toma de decisiones eficientes de consumo por el lado de la demanda y respecto a las inversiones futuras por el lado de la oferta.
En el sector telecomunicaciones, la convergencia tecnológica y la intensidad de la competencia entre los distintos operadores -incluyendo a las OTT- ha permitido observar reducciones sustantivas de los ingresos promedios mensuales por usuario a lo largo de los últimos años, en todos los países del mundo.
En cualquier mercado el poder de compra de la demanda condiciona cualquier posibilidad de ajustes de precios. En este sentido, un proceso inflacionario que destruye el poder de pago de los usuarios, reduce el mercado, su valor y la posibilidad de mantener precios en términos reales por parte de cualquier oferente, incluyendo a los operadores tradicionales de los servicios de telecomunicaciones.
El sector de telecomunicaciones se caracteriza por numerosas inversiones en redes y tecnología, que por lo general requieren modernización cada tantos años, por lo que la fuente de financiamiento no puede sino provenir de los precios de los servicios y de la estructura de los mismos. Lo anterior es lo que se conocería como la corresponsabilidad de los usuarios materializada en niveles de precios que permitan la continuidad de las operaciones, financiando los OPEX y los costos del CAPEX actual y futuro.
En la actualidad el control y la regulación de los precios minoristas en el sector de las telecomunicaciones se encuentra en desuso a nivel mundial, fundamentalmente por lo explicado anteriormente -casi todos los mercados en los distintos países han transitado de situaciones de monopolios o de empresas incubentes, en ocasiones públicas, a mediados y finales de los años 80s hacia un marco de concurrencia y libertad tarifaria iniciando los años 90s, obviamente complementado con una normativa de competencia que evite eventuales abusos de posiciones de dominio detentadas a lo largo de dicho proceso de apertura a la competencia-.
Más allá de que los mercados en dicho sector han demostrado tendencias de reducción de los precios, las actuaciones regulatorias deberían ser tecnológicamente neutrales o neutrales respecto al tipo de empresa que se trate. En este sentido, las acciones regulatorias en materia económica deben, primero, estar justificadas en tutelar el interés económico general, segundo, procurar un nivel del campo nivelado para todos los competidores, evitando generar beneficios artificialmente derivados de las acción pública, tercero, evitar que las acciones públicas se encuentren capturadas como fuente de rentas regulatorias, y cuarto evitar mayores o nuevas distorsiones en el mercado.
La sobredemanda a la que se ha visto sometida la infraestructura de los operadores tradicionales producto del efecto COVID, la cuarentena y el aislamiento social, así como la respuesta aceptable que los operadores tradicionales y sus redes han podido mostrar a pesar de encontrarse sometidos a un marco institucional que ha solido pinzar sus precios o ralentizar sus ajustes, debería constituir una lección sobre la importancia de mantener una capacidad y una infraestructura acorde a los tiempos, solo posible vía corresponsabilidad tarifaria por parte de los usuarios.
En este sentido, no se encontraría justificado un tratamiento asimétrico en materia de precios respecto a ciertos operadores, cuando menos no ha sido formalmente explicado, justificado y expuesto por parte de las autoridades regulatorias. De existir una situación de esta naturaleza además de enviarse señales contradictorias a los mercados y a la comunidad económica nacional e internacional, en tiempos en los que se insiste en el llamado a la inversión, asimismo dicha discriminación adolecería de expoliadora y confiscatoria.
Economista UCV.
