La situación de las estaciones de servicio con venta de gasolina y gasoil a precio subsidiado dista mucho de las mejoras de las bombas dolarizadas con bodegones incluidos: presentan una caída abrupta de los ingresos en los últimos meses, mientras que los encargados deben lidiar de manera obligada con la presencia y órdenes de funcionarios de Fontur, Guardia Nacional y ZODI
Una delicada situación viven los concesionarios de las estaciones de servicio con venta de gasolina y gasoil a precio subsidiado. Luego de una recuperación de la situación financiera de estos establecimientos en 2020, que duró apenas meses, nuevamente muestran una caída importante de sus ingresos. Pero también, denuncian que funcionarios de Fontur permanecen día a día en las bombas, dejándolos por fuera de la operatividad.
En el país existen desde junio de 2020 tres tipos de estaciones de servicio como consecuencia del plan de ajuste en el precio de los combustibles: las que venden gasolina a precio internacional de 0,50 dólares el litro, las que expenden a precio subsidiado de 5.000 bolívares el litro y las bombas que atienden al transporte público, el cual está exonerado 100% por el combustible (gasolina y gasoil). Son precisamente éstas últimas las que llevan la peor parte.
Fuentes del sector explican que no existe un oficio o documento en el cual se especifique la forma en que Petróleos de Venezuela (Pdvsa), debe ejecutar la conciliación del pago a los gasolineros que suministran el combustible a los transportistas y por lo que no reciben ingreso alguno.
Por otra parte, denuncian que al estar el transporte exonerado del pago del gasoil, las bombas que venden este combustible están prácticamente ocupadas por funcionarios de Fontur (Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano), adscrito al Ministerio del Transporte, por lo que hay temor de que les quiten la concesión en cualquier momento. Sin embargo, ya es común ver en la mayoría de las bombas subsidiadas funcionarios de la Guardia Nacional, de las ZODI (Zonas Operativas de Defensa Integral) y del Instituto Nacional de Tierras (INTT).
«Las estaciones de servicio que atienden al transporte público son las que están en el peor estado de todas. Ahora están ocupadas principalmente por Fontur, quien ha tomado la dirección operativa de estas estaciones», dijo la fuente consultada que solicitó el anonimato por temor a represalias.
Explica que los funcionarios militares están en las estaciones de servicio para prestar seguridad y apoyo para el orden civil, por lo que no deben tener injerencias de otro tipo, «pero en el caso de la gente de Fontur se vuelve más difícil porque ellos son civiles que con la justificación dada o la asignación dada por la Comisión Alí Rodríguez Araque de que sean garantes de la distribución justa del combustible 100% subsidiado, elaboran unas listas, se apostan en las estaciones y son los que controlan la entrada y el suministro de combustible de acuerdo a esas listas. Esto crea un vicio a todo nivel, que causa además retrasos en el servicio».
Un concesionario de una estación de servicio en Caracas relató a TalCual que se sienten prácticamente confiscados por Pdvsa o por el Estado venezolano. Recordemos que en su mayoría los establecimientos pertenecen a terceros o a personas del sector privado, propietarios que pusieron su infraestructura, su terreno y recibieron una concesión o permiso de expendio de combustible y en los cuales han trabajado por unos 20 años. «Ahora están tomadas principalmente por Fontur, quien ha tomado la dirección operativa de estas estaciones», indica.
Señalan igualmente que aproximadamente ocho estaciones en el área metropolitana de Caracas se encuentran en manos de Fontur. Aunque existen otras bombas mixtas con suministro de gasolina y gasoil.
Otro dueño de estación de servicio destaca también que los gasolineros con venta de combustible subsidiado no están percibiendo ingresos y que, hasta la fecha, no se les ha notificado si se les reconocerá la venta de litros de combustible suministrados que han hecho durante todos estos meses.
«Se está creando una situación delicada, porque en el sistema patria se refleja la facturación por la recepción del combustible, pero sin posibilidad de ser canceladas porque el sistema no lo permite y se refleja que quien está acumulando la deuda es el concesionario. Eso es producto de que no hay un sistema se conciliación», explicó.
Resaltó además que debido a la falta de ingresos es casi imposible invertir en los establecimientos para su mantenimiento. Explicó la fuente consultada que las estaciones que venden gasoil sufren un mayor deterioro en su infraestructura porque trabajan con transporte pesado, que por sus características suelen hacer mayor daño al suelo de los establecimientos; mientras que el combustible en sí (gasoil) cuyas propiedades físico-químicos son más complejas, requieren de un manejo más complejo lo que se refiere a la limpieza del área donde se suministra, por lo que suelen tener gastos mayores.
El país enfrenta desde hace varios meses una fuerte escasez de combustible dado el deterioro de la infraestructura de las refinerías, y específicamente de gasoil desde que el gobierno de Estados Unidos suspendiera en noviembre pasado sus intercambios o swap en el mercado internacional. Debido a ambas situaciones, Pdvsa comenzó a racionar el suministro, afectando al sector del transporte.
Las propuestas
Representantes de Fenegas (Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos) se han reunido con representantes de Pdvsa, para elevar varias propuestas que permitan mejorar la precaria situación por la cual se encuentran las bombas de gasolina con venta a precio subsidiado. De acuerdo a las fuentes consultadas también han sostenido encuentros con William Rodríguez, presidente de la subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez.
«Es imperativo implementar un método mediante el cual las estaciones de servicio que atienden a vehículos de transporte público y vehículos rotulados de forma gratuita, así como las que expenden gasoil, perciban su margen de ganancia de forma periódica por ambos conceptos. Hasta el momento, a ocho meses del arranque del ajuste, su ingreso es cero», se indicó en un documento de Fenegas al cual TalCual tuvo acceso.
Al respecto, señalan que la deuda que permanece reflejada en el sistema patria se utiliza como argumento para suspender o limitar despachos en algunas regiones. «Se debe insistir en la conciliación de esos volúmenes. Actualmente se adelanta un proceso de conexión entre el sistema patria y el sistema SAP de Pdvsa».
Por otra parte, resaltan la gran desigualdad que existe actualmente entre el volumen despachado en la región capital (y en menor medida la central) y el resto del país, lo cual genera fuertes distorsiones en la operación de las estaciones de servicio del interior.
Otro sector que ha hecho planteamientos es la Asociación Metropolitana de Expendedores de Gasolina del Distrito Capital, estados Miranda y Vargas (Metrogas). Las mismas se basan en un ajuste del margen de comercialización o unificación en el precio de los combustibles.
«Indexar el precio subsidiado en el equipo biopago para que se actualice a diario (como el internacional). Implementar un método mediante el cual se puedan transformar los litros en petros y poder transferirlos o transarlos, lo que no pueden hacer actualmente».
TalCual
