Al parecer, todo apunta hacia una apertura del sector privado en Venezuela, aunque continúa el tira y afloja político que ha caracterizado al país por más de dos décadas.
Cuando Nicolás Maduro anunció que la estatal petrolera venezolana PDVSA podría exportar gas natural a México hace unas semanas, analistas y medios desecharon la medida como imposible. La crítica no surge por la falta de materia prima, sino por no contar con la infraestructura ni la inversión en un país donde los venezolanos de las provincias han tenido que recurrir a cocinar con leña por falta del servicio de gas en los últimos años. Sin embargo, la oferta de Maduro estuvo acompañada de una invitación a empresas petroleras internacionales a invertir en Venezuela y esa oferta poco se comentó cuando se hizo el anuncio, aunque sí ha despertado el interés de inversionistas interesados en el potencial del país con las mayores reservas petroleras del planeta.
“Quiero decirle a los inversionistas de Estados Unidos que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera y gasífera, para una sociedad ganar-ganar”, dijo Maduro en un evento en febrero, donde firmó un decreto para extender la emergencia energética en Venezuela. En el evento también se reafirmó una comisión creada para la restructuración de la industria petrolera y las bases de la ley antibloqueo que otorga poderes especiales al gobierno de Maduro para burlar las sanciones petroleras contra el país caribeño. En ese contexto, Nicolás Maduro aseguró a inversionistas que “tenemos una oferta muy fuerte, inaplazable, contundente y viable financieramente para honrar los compromisos de Venezuela con el mundo”.
La aparente apertura que ofrece el gobierno de Nicolás Maduro al capital privado es un giro que contradice las políticas de Estado que ha impulsado el chavismo en el pasado. De concretarse, sería un viraje histórico a las medidas socialistas que mantiene Venezuela en torno a su industria petrolera, que en 2020 cumplió 45 años desde la nacionalización de PDVSA. Más allá de la reciente caída de producción por la falta de mantenimiento de su infraestructura, esta apertura al capital privado sería una consecuencia directa de las sanciones contra la industria petrolera venezolana aplicadas por Estados Unidos para presionar una salida de Nicolás Maduro del poder hacia una transición democrática en Venezuela.
La crisis que se agudiza
Varios analistas económicos y petroleros concuerdan en que los efectos de la Pandemia del COVID-19 en Venezuela han postergado una crisis energética sin precedentes. El confinamiento y las medidas de restricción sobre la movilidad y el transporte han sido útiles para contrarrestar la falta de gasolina y gasoil en el país. Aun así se registran largas colas para el suministro de gasolina y a medida que se flexibiliza la apertura de comercios y transportes, el gasoil también está experimentando momentos de escasez.
Aunque el suministro de gasolina es un factor importante, el gasoil es determinante para combatir la crisis generalizada, dice el economista Rudi Cressa a DW. Cressa explica que Venezuela disminuyó sus 300 mil BPD de producción nacional de diesel en 2012 a solo 30 mil BPD y el consumo interno ronda los 100 mil BPD. Por si fuera poco, el último cargamento que se importó a Venezuela fue en octubre de 2020. “Bajo estas condiciones, las reservas de diesel se podrían agotar a finales del mes de marzo, aunque no se conoce con exactitud el volumen de reservas existentes. La escasez afectaría especialmente a sectores como el de alimentos, transporte público, logística y generación eléctrica, y profundizaría la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela”, explica Cressa.
Oportunidades para inversionistas
Existen empresarios en Venezuela que ven con optimismo que se comiencen a generar cambios en las políticas económicas del Estado, a pesar de que Nicolás Maduro sigue ejerciendo el poder. Los cambios ya se sienten en Venezuela desde antes de la pandemia. Después de años en decrecimiento, la industria inmobiliaria vio un cambio en la tendencia y cerró el 2019 con un crecimiento de 5%, incluso el 2020 cerró con un crecimiento de un 9%, explica a DW el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López. Aunque el porcentaje es pequeño en comparación al resto del mundo, es un cambio significante para el resto de las industrias en el país. “Si se hace un cambio de leyes concreto podríamos captar inversionistas interesados en desarrollar en Venezuela porque los costos son muy baratos, pero aún hay muchas restricciones. Creo que por lo menos ya el gobierno está entendiendo el problema y ahora estamos buscando soluciones conjuntas, ojalá nos dejen transitar el camino”, dice López.
No es la primera vez que empresarios ven oportunidades de cambio o aperturas bajo el chavismo en Venezuela. Durante más de dos décadas se ha emprendido varios intentos de diálogo entre el gobierno y los empresarios. Incluso, en 2016 se instaló el Consejo Nacional de Economía Productiva, que se reunía semanalmente con empresarios y miembros del gabinete de Nicolás Maduro, pero poco a poco se fue desvaneciendo hasta morir 2017 con las leyes implementadas por la Asamblea Nacional Constituyente que ya tampoco existe. Hay poca confianza en las ofertas del Estado para aplicar cambios económicos pero siempre hay esperanzas de que se produzcan, y por eso están apostando los empresarios dice López: “Queremos un cambio económico para que se de un cambio político.”
Ni la crisis económica ni la pandemia han logrado revertir las apuestas por el cambio económico en Venezuela que están entrando en vigor y los primeros postores son los empresarios. Hace días la recién creada Asociación Venezolana de Capital Venezolano (Venecápital) ofreció un foro para su lanzamiento donde participaron varias figuras. Una de ellas fue el expresidente de Chevron en Venezuela, Ali Moshiri, quien ahora dirige Amos Global Energy. En su intervención, Moshiri aseguró que Venezuela podría regresar a su máxima producción de 2,5 millones BPD para el 2028 con una inversión de 20 a 25 mil millones de dólares. Una acotación similar hizo el economista petrolero José Toro Hardy en una entrevista con DW hace un año. Ali Moshiri resta importancia a las sanciones de EE.UU, contra PDVSA. Por ejemplo, recalcó que su antiguo empleador, Chevron, consiguió una licencia especial para seguir trabajando en Venezuela a pesar de la sanciones. Aún así, “si el gobierno de Joe Biden levanta las sanciones hoy, mañana o en una semana, igual se requerirá de mucho tiempo para levantar nuevamente la industria petrolera en Venezuela y no será posible sin invitar a trabajadores petroleros venezolanos que ahora forman parte de la diáspora”, indicó Moshiri.
El presidente de Venecápital, Oscar Doval, habló con DW sobre la creación de propuestas desde la sociedad civil para impulsar la activación del sector privado. “Nuestra labor como asociación es tratar de fomentar el marco regulatorio más adecuado para que fondos extranjeros y también locales puedan verse más atraídos a colocar su dinero en Venezuela, entendiendo dos cosas básicamente: que la tasa de riesgo quizás es alta pero la tasa de retorno es muy interesante”, explica Doval.
La economía venezolana sigue sumida en la crisis.
Para Venecápital, activar el sector privado en Venezuela es un acto de perseverancia ante las dificultades, ya que “desde 2017 vivimos una hiperinflación que realmente redujo la economía venezolana en más de un 90 por ciento; mantenernos inertes frente a eso para mí es una irresponsabilidad personal y un acto de irresponsabilidad colectiva”, dice Óscar Doval. Además de promover a Venezuela como destino de inversión, Venecápital se esfuerza por mantener una posición apolítica que se concentre en activar el aparato productivo. Doval explica que Venezuela ahora atraviesa un momento diferente que “requiere no solo de un esfuerzo del Estado venezolano, un esfuerzo de la banca comercial, del mercado de valores, sino también de las fuentes de capital privado, de personas individuales, grupos económicos, empresas, fondos de inversión que pueden estar interesados en invertir en economías emergentes, en economías fronterizas como es Venezuela”.
Rompiendo ilusiones
Desde la academia, algunos economistas ven con pesimismo la apertura económica sin antes haber un cambio político en Venezuela. El decano de la facultad de economía de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balza, conversó con DW sobre los pronósticos económicos que presenta el país bajo el mando del chavismo. Para Balza es imposible promover el desarrollo del sector privado sin adoptar una posición política, porque “la relación del chavismo con el sector privado estuvo mediada por controles de precios y de cambios y por expropiaciones. La actuación económica del chavismo se expresó en la intervención directa del gobierno sobre costos, precios y propiedad de los activos de las empresas”, explica Balza.
Para el economista Ronald Balza, el gobierno no ha dejado de intervenir arbitrariamente en la actividad empresarial. A su juicio, en un país como Venezuela, “donde se interrumpió la relación con el FMI desde 2004, no se publica el presupuesto de la nación desde 2015 ni las cifras del BCV desde 2019, por lo menos, es muy difícil atraer inversiones del extranjero que no reciban la aprobación del gobierno, en los términos políticos que establezca el gobierno”.
Actos de buena fe
La nueva administración de Joe Biden en EE.UU. no ha hecho cambios significativos a la postura que mantuvo Donald Trump hacia Venezuela. Mientras continúen las sanciones de EE.UU. contra la industria petrolera venezolana, reinará la cautela para invertir en el país.
Mientras tanto, los empresarios en Venezuela siguen apostando por el país a pesar de la crisis política. Un ejemplo ha sido un aparente acercamiento entre el chavismo y el gremio empresarial más antiguo del país, Fedecámaras; algo sin precedentes desde que Hugo Chávez llegó al poder. La creación de una comisión especial para el Diálogo y la Reconciliación designada por la AN elegida el 6 de diciembre y Fedecámaras llamó mucho la atención en enero, pero los avances no se han dado a conocer.
Desde otro punto de vista, en una sorpresiva medida influenciada por la pandemia, el Estado venezolano autorizó a Fedecámaras la compra de 5 millones de vacunas Sputnik V. Un millón de dichas vacunas serán donadas al Estado. La información la dio a conocer el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik-Bagdasarov, que ve positivo un acercamiento entre Rusia y los empresarios y dijo que su gobierno tiene mucho interés en traer a Venezuela inversión del sector privado. Al parecer, todas las fichas apuntan a una apertura del sector privado en Venezuela, aunque continúa el tira y afloje político que ha caracterizado al país por más de dos décadas. Romper ese ciclo no será fácil.
DW
