Como se observa, uno de los grandes problemas que se confrontan, cuando se vive bajo un régimen dictatorial, es que todos los asuntos de la vida cotidiana se politizan, y entonces vienen los cercos, y el quiebre de las instituciones; pues mientras en los EEUU se han planteado la meta de vacunar al 80% de la población en tres meses; Nicolás Maduro ha prohibido la entrada de una de las vacunas, que está certificada por los organismos internacionales, especialistas en materia de salud, como es la AstraZeneca; recomendada, incluso, por los médicos venezolanos; sólo que está de por medio la figura de Juan Guaidó, por supuesto, en su condición de presidente interino, a propósito de los acuerdos a los que había llegado con la Covax, para la importación de esta vacuna, y esa es una cuota de poder que no se le puede permitir a este señor; por lo que Maduro prefiere que la gente se muera, producto de la pandemia, y no llegar a un acuerdo con este señor; como en otra oportunidad se logró, a propósito de cierta ayuda humanitaria, que arribó del extranjero, y que pasó por debajo de cuerda, como se dice coloquialmente.
Por supuesto, aquí hay un problema de legitimidad; que no lo es Maduro en su condición de presidente usurpador, si tomamos en cuenta la situación, en la cual fue electo presidente en el 2018; que es la misma situación en la que ha sido electa la nueva Asamblea Nacional (AN); de modo que estamos en un país cuyas instituciones se encuentran en una especie de filo de la navaja, dada su ilegitimidad de origen; porque, por lo demás, lo que sería la navaja la constituye la fuerza o, como se dice en lenguaje figurado, las bayonetas.
Es ilegítima la presidencia de la República, es ilegítimo el Poder Electoral; como se demostró a lo largo del año pasado, cuando se procedió a convocar al proceso electoral, que dio lugar a la nueva AN; desde su nombramiento, que se llevó a cabo mediante un arrebato institucional, y donde ya comenzaba a violarse eso que dicen mucho ellos; de que nada fuera de la Constitución; pues como se lo demostraron los juristas especialistas en legislación electoral, allí no se respetaba lo establecido en su articulado, relativo a la materia, y sobre eso se escribió mucho; de modo que una vez tramada, que no fue un proceso electoral, sino una trama, como la llamaban los columnistas, la nueva AN, lo poco que quedaba de institucionalidad, como era aquella AN presidida por Guaidó, ésta quedó en la misma condición ilegítima que Maduro; como ya venían también en esa misma condición el Tribunal Supremo de Justicia, que no deja de ser calificado de facto; como de facto se encuentran los distintos componentes del Poder Moral; tomando en cuenta la forma como fueron nombrados; de modo que el orden constitucional en este país se encuentra vulnerado por todas partes, y, en ese sentido, el único poder legítimo en este momento es el que representa Juan Guaidó, y no por un capricho de las circunstancias; sino, primero, porque el proceso que dio lugar a su elección como diputado en el 2015, sí fue legítimo; segundo, porque asumió la presidencia de la República, tomando en cuenta la condición de usurpador de Nicolás Maduro; de acuerdo, incluso, con la decisión de la AN, presidida por el propio Guaidó en el año 2019. Razón por la que la comunidad internacional se valga también de la figura de Guaidó a esta hora, cuando se llevan a cabo los procesos de vacunación a nivel internacional, y se establecen metas, como las que se ha propuesto EEUU, para llegar a esos acuerdos de dotación de las respectivas vacunas, que requiere nuestro país.
Porque, por lo demás, no hay garantía alguna de que el gobierno asuma responsablemente dicho proceso, si se toma en cuenta que las vacunas, que han llegado al país sólo se han destinado para sus allegados e, incluso, se habla de que los médicos cubanos, que se desempeñan en la Misión Barrio Adentro, son atendidos exclusivamente en clínicas exclusivas, dejando por fuera al resto de la comunidad, que conforma el sector de la salud, y que es donde se ha producido el mayor número de bajas, tomando en cuenta, asimismo, que esta gente no goza de la protección adecuada, ya que el Estado ni se preocupa por dotarlos de los equipos y materiales necesarios, que los inmunice a la hora de atender a los distintos pacientes, que llegan a los centros hospitalarios día a día, cuyas cifras ya están en situación de alarma, aun cuando el gobierno trata de maquillar las mismas, en ese sentido, y que es la otra razón por la que la comunidad internacional observa que no hay responsabilidad alguna por parte suya en el manejo para el combate de este flagelo.
Por supuesto, desde un primer momento el gobierno mostró esta actitud de desdén a propósito de la gravedad del asunto, al nombrar a una comisión especial anticoronavirus, presidida por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloina Rodríguez, y que nada tiene que ver con este asunto, y donde se comprobó que nosotros marchamos a contrapelo de la historia, si se tiene presente que hace un siglo; cuando entonces gobernaba Juan Vicente Gómez, y se posesionó del mundo un flagelo de este tipo, conocido como la gripe española, lo primero que hizo este gobernante fue nombrar esa misma comisión, sólo que conformada en ese momento por los médicos más eminentes de nuestro país, a la cabeza de Luis Razetti; lo que significa que se dejaron de lado los intereses políticos, y se pensó más en la salud del pueblo; cuando lo que ha debido hacer Nicolás Maduro es convocar a eminentes epidemiólogos como José Félix Oletta o Rafael Orihuela; que, en efecto, le hubieran dado un tratamiento distinto a esta situación; evitando esa alarma, que se padece y que el gobierno, se repite, trata de ocultar; mientras los centros hospitalarios se encuentran colapsados de enfermos de coronavirus y, lo peor, en unas condiciones muy precarias.
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