Paulino Bethancourt, investigador de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, develó datos de la cooperación entre empresas chinas y grupos irregulares para explotar el Arco Minero.
“Venezuela es actualmente el país del hemisferio occidental con mayor inversión china, con 68 mil millones de dólares en préstamos desde 2007 y la firma de casi 490 acuerdos en diversas áreas”, detalló Gerardo Berthin, director de Programas para América Latina y el Caribe de Freedom House,.
Entre los aspectos que al directivo de Freedom House le llama la atención está que “se desconocen los términos y las condiciones del 65%” de los contratos, mientras que hay información parcial del 22% y sólo 12% es público. Pero, ¿qué hay detrás de estos acuerdos ocultos? La respuesta la encontramos en las investigaciones que ha desarrollado la Fundación Andrés Bello con el auspicio de Freedom House, que intentan escudriñar las relaciones bilaterales entre China y Venezuela, que han generado gran afectación en la vida de los venezolanos”.
“La creación del Arco Minero del Orinoco en 2016 y los convenios con China alrededor de la explotación aurífera con el paralelo auge de la minería ilegal, ha plagado el sur de Venezuela de conflictividad”, indicó Gerardo Berthin.
La explotación minera es apenas uno de los tantos intereses que tiene China en Venezuela y para la administración de Nicolás Maduro es la tabla de salvación para obtener liquidez, evadir las sanciones y garantizar su supervivencia. “El régimen de Maduro se beneficia directa e indirectamente de la minería ilícita del oro. El sector minero involucra a empresas estatales y privadas, obtiene minerales de las minas que no se encuentran registradas y exporta a otros países como China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Las ganancias de estos intercambios van a las arcas del régimen de la nación, dándoles el dinero necesario para poder eludir la presión financiera internacional por las sanciones impuestas tanto por Estados Unidos como por Europa”, explicó el Prof. Paulino Betancourt.
Betancourt explicó que a través de sus investigaciones pudieron confirmar que “usualmente estas empresas se registran con otro nombre y las personas que están encargadas del traslado y custodia de los minerales hasta los aeropuertos o puntos de salida, a través de la frontera de Colombia, usualmente son grupos irregulares”. Es decir, “la relación que se ha mantenido en las zonas mineras ha sido de cooperación entre los grupos irregulares y las empresas chinas”, puntualizó.
La profesora Martha Ardila detalló que al hablar de estos grupos irregulares no sólo se habla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sino además del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros grupos al margen de la ley que operan libremente en territorio venezolano.
“En particular, en la frontera Arauca-Apure, son bien conocidas las explotaciones ilegales que tienen que ver con el oro… Hay vínculos entre esta situación fronteriza, el conflicto interno, los grupos al margen de la ley y el narcotráfico”.
Por su parte, el director de la Fundación Andrés Bello, Parsifal D’Sola, precisó que “en muchos casos los dueños de estas empresas son militares o exmilitares venezolanos que dan la fachada de que es una operación nacional, por eso es difícil saber el impacto”.
A pesar de la censura, el profesor Betancourt ha podido confirmar la presencia de inversión china en la explotación minera del oro al sur de Venezuela a través del trabajo de campo y su actividad “ha traído como consecuencia la deforestación de bosques y contaminación de los ríos, al punto que algunos de estos contaminantes han llegado a Parques Nacionales como el Parque Nacional Canaima”.
Punto de Corte
