El analista de temas políticos y económicos, Tomás Socías López, informó que la decisión del estatus de protección temporal o TPS anunciado por la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que beneficiará a 300.000 venezolanos en ese país, podría elevar las remesas otra vez hacia Venezuela a 2.500 millones de dólares, de 800 millones de dólares a los cuales han descendido hasta ahora.
En declaraciones desde Washington D. C., el estudioso de políticas de Estado adelantó sobre los cambios fundamentales de la política de Biden para Venezuela en las próximas semanas, entre las que destacan más medidas humanitarias y flexibilización de sanciones «generales», más no individuales.
“Más medidas humanitarias sobre medicinas y alimentos, flexibilizan sanciones globales, apretando en las individuales”, y señaló desde la capital política de los Estados Unidos, “que las sanciones sólo han dañado a los sectores con menos recursos del país”.
Destaca la información suministrada por Socías que “Biden desea y negocia embajada o consulado con Venezuela para hacer algo como los TPS, otorgar las visas necesarias de miles de familias venezolanas divididas por el rompimiento de relaciones”
En torno a la Declaración de la Cumbre Iberoamericana, el especialista estimó que “no genera soluciones ni acuerdos realizables sobre las vacunas”.
Sólo con el apoyo respetuoso de los sectores privados y acatando la rectoría del Estado en salud, se podrá vacunar masivamente y eso va a ocurrir a pesar de diversas declaraciones recientes”, puntualizó.
En el más reciente Informe Socias que elaboró el analista sobre cómo se maneja el Ejecutivo venezolano a partir de informaciones confiables, incluye que “en días anunciará la fijación y elevación de los aranceles en un nuevo decreto de libre importación para productos terminados que elabora y que es considerado crucial para la industria nacional”
Igualmente, el mapa que elabora Socías de cómo se maneja el gobierno de Nicolás Maduro desde datos confidenciales, adelantó que hay proposiciones y presiones que dividen en lo interno al gabinete, sobre un aumento de salario mínimo a 30 dólares.
“Pragmáticos se inclinan por elevar bonos a 80 millones de bolívares al mes y plantean esperar más estabilidad para reducir los ceros a la moneda”.
Al tipo de cambio oficial de este viernes, los bonos llevados a 80 millones de bolívares serían equivalentes a 211,8 dólares, mientras que el salario mínimo de 30 dólares representaría 79.4 millones, con la particularidad de que se debería corregir cada mes.
El Informe elaborado por Socías señala que la apertura de cuentas en dólares en Venezuela sigue en crecimiento. “Señalan que la necesidad venció la desconfianza inicial, indicando que le brinda más agilidad y rapidez al mercado y a la economía”.
– Comentario: Shock inflacionario –
Elevar el salario mínimo o los bonos «protectores» en los niveles señalados por Tomás Socías López, en las condiciones económicas actuales, representaría un shock inflacionario sin precedentes con todo e hiperinflación.
Nadie puede dudar que estas medidas pueden ser necesarias. Un pensionado gana menos de 1 dólar y el reciente Índice de Remuneraciones del Observatorio Venezolano de Finanzas mostró que «el salario promedio del sector privado es de US$70,1; mientras que el salario promedio del sector público es de US$4,7, una diferencia de US$65,4; es decir, la empresa privada paga en promedio 15 veces más que el gobierno de Nicolás Maduro».
Si estos montos se comparan con la cesta alimentaria básica del propio OVF, que llegó a 290 dólares en marzo, queda claro que hay una brecha muy grande de pobreza por ingreso.
Los bonos los paga el gobierno y un salario mínimo de 30 dólares sigue por debajo de la remuneración promedio del sector privado, aún cuando sería un duro golpe financiero para las empresas, por la presión que crearía sobre la base del capital humano en sectores deprimidos en su mayoría.
Para el Estado, estos escenarios que supuestamente se discuten en el Ejecutivo significarían, por ejemplo, incrementar las pensiones y el salario mínimo en 4.377,6% (a partir del monto no oficializado de 1.800.000 bolívares), con unos ingresos menguados en divisas y un déficit fiscal estimado en 15% del PIB, a pesar que el gasto público es mínimo, casi de supervivencia.
Si con salarios en niveles subterráneos y bonos «protectores» que llegan a 7 dólares máximo por asignación, la inflación es difícil de bajar de 50% mensual -salvo en algunos meses puntuales como marzo pasado- solo habría que correr escenarios muy simples para determinar lo que ocurriría con un aumento del salario mínimo que, a la cotización de este viernes 23 de abril, sería, como ya se ha dicho, superior a 4.300%.
El desembolso necesario por bono individual se elevaría, en promedio, 332,4% en bolívares. Dar un bono mensual de 80 millones de bolívares a toda la población registrada en el sistema Patria -que, según las cifras oficiales, llega a 18,4 millones de personas- implicaría una erogación de 1.472 billones de bolívares, lo que más que duplicaría la liquidez circulante en la actualidad cada mes.
Si las asignaciones se espaciaran o se sectorizaran, un escenario razonable sería prever un incremento mensual de entre 50% y 60% de la liquidez.
Los economistas que están en la periferia del gobierno podrán cuestionar la raíz monetaria de la inflación y esgrimir una batería de argumentos parciales e inexactos para justificar su «novedosa» teoría de la inducción inflacionaria por el «morbo» capitalista, pero los hechos hablan -y hablarán- fuerte y claro.
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