La seguridad social tiene una conexión directa con la situación económica de cualquier país, si hay buen desarrollo económico se dan las condiciones para mantener y soportar, en el tiempo, las contingencias previstas en el sistema y contribuir así a la distribución equitativa de la riqueza.
En el contexto de crisis económica y social, derivada de la pandemia del Covid19, millones de trabajadores y trabajadoras, han quedado cesantes por la quiebra de miles de empresas medianas y pequeñas, más la reducción de las nóminas en las grandes corporaciones nacionales e internacionales.
Ese volumen de personas sin empleo formal deriva hacia la economía informal, causando la disminución inmediata de las cotizaciones a los seguros sociales, genera un costo mayor a los subsidios al desempleo (Paro Forzoso), crea el desequilibrio en los presupuestos dedicados a los programas sociales.
Las reacciones de los gobiernos frente a estas realidades son variadas, en algunos casos intentan detener o desmejorar los derechos conquistados por las organizaciones laborales y sociales, como se ha visto en Francia con el seguro al desempleo o la propuesta en España de ampliar los años de trabajo para acceder a la jubilación, intentando así reducir los costos de la seguridad social.
En América Latina es tradicional el incremento de la economía informal, en general la respuesta es la represión policial, sin comprender el fenómeno social y las alternativas para formalizar sus labores, mecanismos legales para incorporarlos al seguro social, incentivos crediticios del Estado para mejorar los negocios y acceso a los programas sociales.
En Venezuela se produjo una reforma de la Ley del Seguro Social (Artículo 6) para flexibilizar el ingreso de los trabajadores independientes al seguro social, pero se colocó el tope máximo de cotizaciones, equivalente al Riesgo Máximo, por tanto, no fue atractivo para incorporar a miles de personas.
Se han creado subsidios para auxiliar al trabajador independiente, pero éstos son insuficientes por la inflación y especulación presentes en el mercado.
Creemos que el Estado debería crear una Comisión Especial, cuyos análisis y resultados permitan acciones viables en el corto plazo.
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