Las organizaciones defensoras de DDHH, Provea y Promedehum, alertaron que «la impunidad nos escupe en la cara una vez más», luego de un proceso judicial plagado de vicios e irregularidades, acoso y hostigamiento a familiares e incluso amenazas a activistas de los derechos de las mujeres quienes fueron perseguidas por el entorno de los acusados
Cuatro años después del femicidio de Yusleidy Salcedo, una joven de 17 años habitante de Pueblo Llano en el estado Mérida, el tribunal dictó libertad plena para los ocho hombres acusados de violar, asesinar y simular el suicidio de la víctima.
Las organizaciones defensoras de DDHH, Provea y Promedehum, alertaron que «la impunidad nos escupe en la cara una vez más», luego de un proceso judicial plagado de vicios e irregularidades, acoso y hostigamiento a familiares e incluso a activistas de los derechos de las mujeres quienes fueron perseguidas por el entorno de los acusados.
A los ocho acusados les otorgaron libertad plena a pesar de que el director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, declaró que tenía pruebas contra los acusados, quienes después de asesinarla habían simulado el suicidio de la adolescente y le dijeron al abuelo de la víctima que la joven «se había quitado la vida».
Yusleidy Salcedo fue abusada sexualmente por varios hombres el 28 de agosto de 2016, en el sector Miyoy de Pueblo Llano, estado Mérida. Tres años después, el 26 de agosto de 2019, Douglas Rico anunció la detención de los ocho hombres que habrían cometido el femicidio de la adolescente. Dijo que en el cuerpo habían encontrado semen de cuatro de ellos.
Una de las abogadas que lleva el caso de Salcedo alertó a Punto de Corte que solo pudieron acceder al expediente en febrero de 2020, casi después de cuatro años de iniciado el proceso: “Queremos dejar constancia que el expediente se encuentra incompleto y claramente alterado. Lo que encontramos fue copias de una misma pieza varias veces y dejando constancia que las únicas piezas que se vieron están totalmente viciadas y manipuladas, es decir, no hay secuencia en el número de folios, extrajeron un CD contenientes de pruebas fotográficas, no aparecen las actas de las últimas audiencias, correspondientes al 16 de diciembre de 2019 y 18 de enero del 2020, ante la Corte de Apelaciones de Mérida, donde se le concedió la libertad a dos de los imputados. Asimismo, pudimos determinar que los últimos cuatro folios es de una causa ajena a la nuestra, que data del año 2010, poniendo en evidencia lo viciada que está esta causa”.
En reiteradas oportunidades los abogados de la familia de la víctima exigieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que radicaran el caso en la ciudad de Caracas debido a que tenían conocimiento público de que los familiares y los mismos acusados manifestaban que habían pagado sumas a funcionarios judiciales para que el proceso no avanzara y que incluso uno de ellos violó a otra joven y fue sacado del país.
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