Chile vive un momento histórico, es la frase que se repite en medios de comunicación y redes sociales en los últimos días. Y es cierto, nos encontramos en esos momentos en que, en el contexto de una crisis de múltiples dimensiones, el curso de nuestra historia puede cambiar profundamente, o tal vez seguir el patrón de desarrollo en el que veníamos. Y esa sensación de estar viviendo un momento histórico nos produce distintas emociones, donde predomina la esperanza, luego de meses en que la rabia y la indignación movilizó a miles de chilenos en 2019 a exigir un profundo cambio al modelo de desarrollo y al sistema político.
A pesar de que por mucho tiempo los estudios sobre la política no incluían el campo de las emociones —por considerarlas irracionales—, diversos intelectuales le han dado relevancia en las últimas décadas. Robert Dahl (2006) plantea que el deseo de igualdad política es una premisa básica de la democracia, y las motivaciones de las personas de cambiar el status quo para alcanzar dicha igualdad política, abarca un amplio campo de emociones, desde altruismo, compasión, empatía y simpatía, hasta envidia, odio, rabia e indignación. Por tanto, las emociones tienen un rol respetable en la política. Martha Nussbaum (2014) planteó la pregunta ¿por qué el amor es importante para la justicia? Y señala que las emociones políticas —aquellas hacia lo público— son muy importantes para el desarrollo de las instituciones. Las emociones pueden servir de motor para crear instituciones justas y para mejorarlas. Además, cuando estas últimas encarnan las intuiciones y experiencias transmitidas por unas emociones positivas, facilitan la experimentación de esas mismas emociones.
Según resultados de una encuesta elaborada por Ipsos y Espacio Público de marzo 2021, el proceso constituyente evoca emociones positivas en la mayoría de la población, siendo la esperanza (52%) la que logra una mayor asociación entre los encuestados, seguida por la alegría (46%). En el mismo sentido, la académica Kathya Araujo planteó que el resultado del plebiscito, a pesar de que votó la mitad del padrón, refleja una inflexión de esperanza.
Y la esperanza está presente porque por primera vez en nuestra historia redactaremos una Constitución democrática e inclusiva, en una Convención Constitucional que será paritaria, con escaños reservados para pueblos indígenas y participación de partidos políticos junto a independientes. Llegar a este momento ha sido un camino largo y no sin dificultades. El actual proceso constituyente en Chile es resultado de un acuerdo social amplio de cambio constitucional que se fue expresando en luchas sociales desde 2006 y que tienen su mayor expresión en octubre de 2019, donde protestas masivas y hechos de violencia, paralizaron al país por más de un mes. Este proceso tiene también un antecedente político. En 2016 la Presidenta Michelle Bachelet convocó a la ciudadanía a un proceso constituyente basado en diálogos ciudadanos que nos mostró la disposición de la ciudadanía a participar – participaron más de 200.000 personas en instancias de deliberación-, y una nueva agenda social que expresaba ya el profundo cambio que vivimos como país. Sin embargo, no se logró el acuerdo político para que esos diálogos ciudadanos se trasladaran a una deliberación en un órgano constituyente específico, y con el cambio de gobierno en 2018, el proceso quedó suspendido.
El acuerdo político amplio recién se cristaliza en noviembre de 2019, como resultado de las movilizaciones sociales de octubre de ese mismo año. El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución fue suscrito por 11 de los 17 partidos con representación en el Congreso, lo que permitió alcanzar el quórum de 2/3 que requería la reforma constitucional para convocar a un plebiscito por el cambio constitucional. La ciudadanía ratificó el camino democrático con un 51% de participación en el plebiscito constitucional de octubre de 2020, donde un 80% aprobó la redacción de una nueva constitución a través de una Convención Constitucional.
Que la Convención Constitucional fuese inclusiva fue una segunda batalla de las fuerzas sociales en el marco del debate legislativo. La legitimidad del proceso constituyente se juega no solo en la elección de los convencionales, si no que este órgano logre representar la diversidad y posibilidad de cambio en que se sustenta la esperanza. En marzo de 2020 se aprueba la legislación para la paridad de la Convención, y en diciembre de 2020 se aprueba la ley de escaños reservados para pueblos indígenas. Estas innovaciones democráticas son las nuevas reglas del juego que permiten incluir a nuevos actores, y eso se vio reflejado en la gran cantidad de candidaturas inscritas para la Convención Constitucional. Un estudio del Observatorio Nueva Constitución muestra que entre las 1468 candidaturas para 155 escaños, existe diversidad de perfiles, donde el 77% de candidatas/os no tienen experiencia política ni pública previa. Los programas presentados por los candidatos a Convencionales incluyen una nueva agenda, y se ve que el debate se orienta hacia una sociedad más justa, democrática e inclusiva.
En momentos previos a asistir a mi local de votación me inunda la emoción de que por primera vez me encontraré frente a una papeleta que tendrá un equilibrio de candidatas mujeres junto a los candidatos hombres. Y me vienen recuerdos, de escuchar a mis abuelas contando sus historias de participación en el movimiento sufragista a principios del siglo XX, cuando la demanda era el derecho a voto. Escuchar los recuerdos de mi madre y tías sobre la dictadura, la lucha por la recuperación democrática y el rol de las mujeres en ese proceso, por ampliar nuestros derechos y libertades. Recuerdo cuando en 2006, nos pusimos la banda presidencial y fuimos con mi hija a celebrar a las calles el triunfo de la elección de la primera mujer presidenta de Chile. También reflexiono sobre el trabajo que realizamos junto a líderes sociales y políticas por la ley de cuotas en 2015, en un gobierno liderado por Michelle Bachelet, y por la paridad alcanzada en 2020 luego de una amplia movilización de organizaciones feministas y de mujeres. Y eso me llena de esperanza. También de saber que los pueblos indígenas tendrán su propia papeleta verde, y 17 escaños para representar sus ideas y propuestas en la Convención Constitucional.
Lo distintivo y significativo de este proceso, es que está en nosotros, ciudadanas y ciudadanos, definir ese futuro. En un par de días ya sabremos quiénes serán las 155 personas que nos representarán. Las y los Convencionales Constituyentes tendrán el desafío de construir los acuerdos para un nuevo pacto social, donde puedan establecer mecanismos de participación ciudadana durante la deliberación constitucional, y la transparencia necesaria para la reconstrucción de la confianza. La democracia, como plantea Martha Nussbaum, se construye con el amor al bien, a la esperanza de un futuro mejor, como un muro contra el odio y la rabia.
Pamela Figueroa es doctora en Estudios Americanos, académica de la Universidad de Santiago (USACH) y coordinadora Académica del Observatorio Nueva Constitución.
