Escribo estas letras en la madrugada de este lunes 24 de mayo del 2.021. Exactamente hoy se están cumpliendo tres años de la juramentación y toma de posesión, ante la extinta e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, de un nuevo periodo de gobierno por parte de Nicolás Maduro. Tal evento ocurrió porque cuatro días antes, el 20 de mayo de 2018, se celebró un proceso electoral en el que se le declaró elegido Presidente de la República. Como ya hemos señalado a lo largo de estos años se trató de una maniobra política urdida por el régimen, basándose en la supra constitucionalidad de su Asamblea Constituyente, que ordenó el adelanto de unas elecciones previstas para finales de ese año 2018, todo lo cual resultó un fraude jurídico y político, declarado por buena parte de la comunidad internacional.
Lo cierto es que basado en ese proceso Maduro continuó ejerciendo la Presidencia de la República, y es un hecho cierto su permanencia en el poder, alegando y defendiendo la legitimidad y legalidad de un proceso que los demócratas cuestionamos. De modo que si Maduro se considera un presidente constitucional, si dice gobernar en base a los preceptos de la vigente carta magna, le ha llegado la hora de la verdad. La hora de someter ante el soberano el examen de su gestión de gobierno. Ha llegado la hora del Referéndum Revocatorio.
De acuerdo con el artículo 72 de la vigente constitución de la República a partir de esta fecha se inicia el tiempo hábil para tramitar dicho proceso electoral. En efecto el primer aparte de la cita norma lo establece de forma categórica en los siguientes términos:
“Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.”
Los hechos son tan protuberantes que no hay forma de ocultarlos. Nadie podrá negar la verdad histórica. Es un hecho incuestionable que hubo una Asamblea Constituyente, la cual creó un régimen de excepción en la aplicación de la normativa constitucional, y en base a los poderes que asumió adelantó la elección presidencial. Es un hecho cierto que Maduro se juramentó ante dicha Asamblea. El juramento del funcionario público elegido marca el inicio de su gestión. Por lo tanto está más que claro el cumplimiento de la mitad del periodo.
Esos hechos, justificados por la supra constitucionalidad de la cita ANC, desaplicaron la norma del artículo 231 de la Constitución que marca el 10 de enero, posterior a la elección, como la fecha en la cual se debe juramentar el presidente electo. El régimen de excepción aplicado entonces cambió las reglas, y en razón de tal circunstancia la fecha de activación del referéndum también cambió. Si el estado socialista en funciones desconoce esta realidad tendrá entonces que dejarlo sentado en un acto jurídico, luego de la solicitud de activación de dicho proceso que un movimiento de ciudadanos, en proceso de formación del cual formo parte, está solicitando este martes 25 de mayo de 2021 ante el Consejo Nacional Electoral. Dicho acto deberá establecer la certeza jurídica y política del inicio del procedimiento. No obstante es obligante afirmar que aun antes de la fecha oficial se deben tomar decisiones importantes para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de este derecho humano.
Esta figura del Referéndum Revocatorio constituye una herramienta política y jurídica fabulosa para resolver la inmensa crisis política en la que estamos inmersos los venezolanos, con la consiguiente tragedia humanitaria generada como resultado de la errática conducción de los asuntos públicos por parte del socialismo bolivariano.
En artículos anteriores me he referido a los elementos jurídicos, políticos y sociológicos de este derecho político consagrado en nuestra constitución. Hoy quiero dejar sentada la naturaleza ciudadana del movimiento en proceso de constitución para ejercer ese derecho fundamental. Se trata de acudir de forma directa al soberano, al mejor criterio de los venezolanos para que ellos de forma consciente, en absoluta libertad, decidan el destino de nuestra nación.
Por eso afirmo que le ha llegado la hora a Maduro de someterse al juico de ese soberano. Si usa el omnímodo poder que ostenta, al controlar todos los poderes del estado, para obstruir o impedir que nuestro pueblo ejerza su derecho a evaluar su gestión a través del voto, habrá consolidado su condición de usurpador y autócrata. Si esos poderes respetan el espíritu, razón y propósito del texto constitucional abrirán una válvula de escape a la inocultable tragedia que vivimos. El pueblo emitirá su veredicto. Si la tragedia humanitaria existente es responsabilidad de “la guerra económica”, del “bloqueo imperial”, de “la oligarquía y de la derecha nacional e internacional”, los venezolanos respaldaran mayoritariamente su continuidad en Miraflores. Si por el contrario, como yo lo creo, la tragedia es fruto de la aplicación del fracasado modelo comunista, del militarismo abusivo, de la corrupción y la incapacidad entonces será destituido y se abrirá el camino a elecciones presidenciales, en los treinta días posteriores a la celebración del evento refrendario.
La activación del referéndum revocatorio abre una extraordinaria oportunidad para la unidad de la nación, para la concurrencia de todas las voluntades que desean una solución pacifica, constitucional y electoral a la crisis. Aun a los funcionarios y partidarios del gobierno socialista les ofrece la ocasión de conseguir una solución a su agobiante presencia en las funciones públicas. Son los ciudadanos los protagonistas de este momento. La iniciativa refrendaría está en sus manos. No es el instrumento para elegir a una persona, ni para apoyar a un partido político. Es la herramienta para decidir nuestro destino como personas, como familias, como sociedad, es decir como nación.
