América Latina es la zona del mundo más golpeada por COVID. Esta semana ha superado el millón de muertos, casi una tercera parte del total mundial, pese a que la región sólo reúne al 8% de la población planetaria. La pandemia no da señales de remitir. Excepto en Chile y Uruguay, la vacunación avanza con lentitud desesperante por falta de recursos, una logística deficiente, políticas absurdas e irresponsables (es el caso de Brasil, que se suman casi la mitad de las víctimas) y las debilidades estructurales de los sistemas sanitarios (1)
El impacto es durísimo, y no sólo en el plano sanitario o humanitario. La catástrofe económica es inmensa. Según el informe anual del Banco Interamericano de desarrollo, la economía de la región se ha retraído casi un 7,5% (un 3% en el global mundial), algo que no se había producido en los doscientos años de vida de estas naciones (2). Ningún otro bloque geográfico del mundo presenta cifras tan devastadoras. La región ha padecido, sin embargo, los confinamientos más estrictos. Tres países de América del Sur figuran entre los cinco con condiciones más severas de aislamiento: Perú (1º), Argentina (2º) y Chile (4º).
La fuerte dependencia que muchos de estos países tienen del turismo y de otros sectores económicos que el FMI denomina “de contacto intensivo” explica en parte esta situación calamitosa. Hay otros factores que contribuyen notablemente, en particular las políticas de estímulo fiscal y de réplica a la crisis, que han sido mucho más débiles que en otros lugares. Según un estudio de THE ECONOMIST, la media mundial de dinero público aportado ha sido de un dólar por cada dólar perdido por la crisis. En América del Sur y el Caribe, la cifra ha sido de 28 centavos. Además, parte de esa insuficiente compensación no ha repercutido directamente en la mejora de la situación de los ciudadanos, sino en cubrir las deficiencias de un sistema sanitario endeble (3).
La pandemia ha puesto en evidencia la debilidad económica y la fragilidad social de una región azotada por el mal gobierno, la orientación deliberadamente equivocada de sus sistemas productivos y el egoísmo criminal de sus élites. Latinoamérica padece los mayores niveles de desigualdad social de todo el mundo, con abismos escandalosos entre los tramos más y menos desfavorecidos de la población. No podía esperarse otro resultado menos severo tras el azote adicional del coronavirus.
Antes de la pandemia, la zona afrontaba una nueva década marcada por la amenaza de una nueva regresión. Tras la década larga perdida de finales del siglo pasado, se produjo, a mitad de la primera de esta centuria un débil y vacilante y engañoso periodo de recuperación, favorecido por el impulso de las materias primas, en un momento de fuerte demanda exterior, sobre todo procedente de China y otros mercados emergentes. Eso coincidió con la llegada al poder de fuerzas progresistas en varios países de la región, en algunos casos por primera vez en su historia. La pobreza se redujo, la alfabetización se incrementó, los programas sociales se reforzaron o se implantaron.
Pero el experimento duró poco. A mitad de la segunda década, la crisis financiera internacional terminó repercutiendo en el dependiente sistema económico de la región y casi todo se vino abajo. Los gobiernos progresistas fueron sustituidos por una versión remozada del neoliberalismo conservador. Llegó la época de los presidentes-empresarios (Argentina, Chile, Perú, Uruguay y, con retraso, Ecuador), de populismos extremistas con indisimuladas tendencias autoritarias (Brasil), cuando de no oscuras maniobras políticas golpistas (Bolivia) o de conservadurismo acentuado (Colombia). El nuevo giro fracasó claramente en Argentina y Bolivia y da muestras de agotamientos terminal en Chile y en Brasil. El Covid sólo es la puntilla.
En dos de estos países hemos asistido estas últimas semanas a procesos distintos de gangrenamiento social y vuelco institucional: Colombia y Chile. Dos trayectorias diferentes, pero con un denominador común: atrincheramiento de las élites y empobrecimiento galopante de la población, debilitamiento de las clases medias y fracaso de un sistema de alternancia que deja fuera o desconoce las necesidades populares.
El estallido social en Colombia es el más grave en décadas. El gobierno de Iván Duque ha llevado al extremo la militarización sistémica de la policía para reprimir las protestas de una población exasperada (4). La pobreza ha alcanzado a otros cuatro millones más de colombianos, tanto por efecto del Covid como por las propias debilidades de la estructura económica. La chispa que precipitó la explosión social fue una reforma fiscal lesiva e injusta, que reforzaba los impuestos al consumo (los que más perjudican a los pobres) e introducía otros sobre la renta que agravaban el sistema impositivo más regresivo del continente.
Colombia llevaba desde 2016 esperando en vano el llamado “dividendo de la paz”, es decir, los supuestos beneficios del acuerdo con las FARC. Duque representaba el sector más beligerante de la oligarquía colombiana. Aunque no se ha revertido el proceso claramente, se han producido provocaciones. No ha sido una sorpresa que portavoces políticos y militares hayan querido presentar las protestas sociales como una actividad encubierta de “terrorismo”. El medio centenar de muertos dejado por la represión alimentará el resentimiento social (5).
En Chile, la descomposición del gobierno del empresario Piñera se ha consumado en las elecciones constituyentes. En realidad, la derecha, con menos de una cuarta parte de los escaños en juego, no ha sido la principal perdedora. El bloque de la Concertación, fórmula centrista que condujo los destinos del país durante dos décadas tras la caída de la dictadura militar, también parece definitivamente liquidado, tras un largo periodo de agotamiento, al obtener sólo una sexta parte de los diputados (6).
La Asamblea de la que debe salir una nueva Constitución que entierre para siempre el legado de Pinochet estará dominada por nuevas o remozadas fuerzas de izquierda, ajenas al consenso centrista de las últimas dos décadas, y de los “independientes”, cuya orientación en la práctica está aún por calibrar. Los movimientos estudiantiles, ecologistas e indigenistas han conseguido hacer oír su voz y tendrán un peso inédito en el futuro rumbo político.
Algunos analistas “al norte de Río Grande” quieren ver un contraste entre los casos colombiano y chileno: marcado por la violencia, el inmovilismo y la desesperación, el primero; impulsado por la “civilidad” y una renovada “institucionalización”, el segundo (7). La realidad es más compleja. Una nueva constitución, por muy progresista que sea, no será suficiente para superar las viejas heridas de la sociedad chilena. La democratización del sistema político no redujo, o muy poco, la desigualdad y las graves fracturas sociales. No hay garantías de que se reproduzcan las frustraciones.
Desde el poderoso vecino del norte preocupan las denominadas “derivas populistas” (al modo de Bolivia, Ecuador o Venezuela) que el empecinamiento en recetas liberales que no sólo han incrementado la pobreza, sino que han fracasado en garantizar un crecimiento sólido.
Tras treinta años de vaivenes políticos, una realidad se impone como incontestable. América Latina necesita un cambio profundo, estructural más que puramente institucional, con una decisiva y contundente acentuación en políticas socio-económicas de creciente igualdad y distribución más equitativa de la riqueza. En caso contrario, estaremos abocados a una tercera década perdida.
Notas:
(1) https://www.paho.org/en/news/21-5-2021-latin-america-and-caribbean-surpass-1-million-covid-deaths
(2) https://publications.iadb.org/publications/english/document/2021-Latin-American-and-Caribbean-Macroeconomic-Report-Opportunities-for-Stronger-and-Sustainable-Postpandemic-Growth.pdf
(3) “Why Latin America’s economy has been so badly hurt by covid-19”. THE ECONOMIST, 10 de mayo.
(4) “Colombia’s Police Force, built for War, find a new one”. JULIE TURKEWITZ y FEDERICO RÍOS. THE NEW YORK TIMES, 12 de mayo.
(5) “Agobio por la pandemia y la violencia policial sacuden a Colombia” ELISABETH DICKINSON. INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 6 de mayo; “Battlefield Colombia”. CATHERINE OSBORNE. FOREIGN POLICY, 6 de mayo.
(6) “Las elecciones a la Convención constitucional de Chile confirman el deseo de cambio de la ciudadanía”. GUSTAVO GONZÁLEZ. IPS, 18 de mayo“Chilean voters have turn their backs on traditional coalitions. What’s next? WILL FREEMAN y LUCAS PERELLÓ. FOREIGN POLICY, 17 de mayo.
(7) “Why Chile’s Constituent Assembly matters to all of Latin America”. OLIVER STUENKEL. CARNEGIE, 20 de mayo;“Chile’s Constitution is too new for its own good”. MICHAEL ALBERTUS. FOREIGN POLICY, 21 de mayo;
