Uno de los factores fundamentales de la violencia política en el país y del establecimiento de la violación de los Derechos Humanos como política de Estado del gobierno actual, se refleja en la judicialización de la política y la utilización de los órganos responsables de velar por el cumplimiento y administración de la misma como instrumento al servicio de los intereses políticos del gobierno e, incluso, de los grupos económicos que se han instalado en el poder.
Desde que asumió el poder nicolás maduro, uno de sus objetivos fundamentales fue obtener de cualquier forma, el control de todas las instituciones y órganos del Estado, tanto políticas y económicas, así como lo que en su artículo 253 la Constitución denomina “El sistema de justicia”, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales, el Ministerio Público (Fiscalía), la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, el sistema penitenciario, entre otros.
El madurismo, encarnado en el mismo maduro y los cinco que controlan el país, se trazó este objetivo como prioritario, a pesar de que veníamos de casi 18 años de gobierno del presidente Chávez.
Es decir, maduro intervino y controló, para luego desmantelar, todo el aparato institucional del Estado venezolano que se había construido con base en los principios y disposiciones establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y dentro del marco legal que se desprende de ella, desmontando la institucionalidad de la V República, algo impensable, apenas en el 2013, estafando al sentimiento popular y traicionando a Chávez.
La pregunta que viene a la mente de manera lógica es ¿porque destruir o desmantelar los equipos de trabajo, el gobierno y las instituciones del Estado, si todas ellas se fundaron o crearon durante el GOBIERNO DEL PRESIDENTE CHÁVEZ? ¿Cuál era el propósito de esto? Esta pregunta se evade porque parece que ahora a muy pocos les interesa o se niegan a entender que este gobierno ha traicionado a Chávez.
El desmantelamiento del Sistema de Justicia, para convertirlo en un órgano a disposición y uso discrecional del madurismo, ha despojado al país, a toda la sociedad, de la posibilidad de contar con los Órganos del Estado que deberían velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y Constitucional del país, incluyendo las garantías a los ciudadanos y todo lo relativo a la preservación de sus derechos fundamentales y particularmente, de la protección a los Derechos Humanos, tal y como establecido en la misma.
El Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General de la República son órganos creados para ejercer el control sobre la acción del gobierno, para proteger la Constitución y las leyes, pero además, para poner freno a cualquier actuación del presidente o del gobierno que se extralimite en sus atribuciones y ejerza actos de forma autoritaria e ilegal en contra de los ciudadanos, evitando de esta forma que el presidente de turno se convierta en un dictador o un cruel reyezuelo.
Tanto el Poder Judicial, como el Ministerio Público, deben ser instrumentos del Estado para garantizar el derecho a la justicia de los ciudadanos, en la forma como lo establece la Constitución en su artículo 26 una justicia “…gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, …”
El madurismo ha desmantelado el Sistema de Justicia del país, no solo para vulnerar a sus anchas la Constitución y las leyes, imponiendo su viraje a la derecha, sino para ejercer la violencia política contra cualquiera que se oponga a sus decisiones, sus políticas, designios e incluso caprichos, sumiendo al país en una tenebrosa atmósfera de autoritarismo, miedo, impunidad y violencia. Hoy día, maduro o cualquiera de su círculo íntimo, hacen LO QUE LES DA LA GANA, y para ello cuentan con su Fiscal, su Tribunal Supremo de Justicia, sus jueces, sus policías, el FAES, DGCIM, SEBIN y todos los órganos creados o transformados en instrumentos de represión.
¿Cómo llegamos a esta situación?
Lo primero que hizo el madurismo, muy temprano en el 2014, fue intervenir el Tribunal Supremo de Justicia, para de esa forma colocar magistrados que, lejos de reunir los requisitos mínimos establecidos para ocupar tan importante cargo, resultaran incondicionales a nicolás maduro y a su círculo íntimo.
El actual TSJ y su directiva, no solo están muy cuestionados por la manera en que fueron electos –absolutamente al margen de lo establecido en la Constitución– y sus escasos méritos para ocupar la máxima magistratura del país, sino porque su hoja de vida los vincula a serios delitos.
A partir del control que tiene el madurismo sobre el TSJ, toda la actuación del poder judicial es irregular, las sentencias del Tribunal convalidan actos inconstitucionales como la entrega del país, la usurpación de poderes y la persecución política; mientras, los jueces son utilizados para dictar sentencias violatorias de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los jueces actúan según las órdenes del “jefe” o de cualquiera del madurismo que tenga algo de poder.
Esta situación vulnera un principio fundamental de nuestra Constitución, la INDEPENDENCIA del Poder Judicial, tal como lo establece el artículo 254 de la Constitución. En Venezuela la justicia actúa “a la carta”, se hace lo que maduro o cualquiera de los suyos diga: se encarcela, se persigue, se allana, se confisca, se solicitan extradiciones, se entrega el país, se violan las leyes.
Cualquiera del madurismo o de sus socios, “agentes” o “héroes”, tiene a su disposición a un juez, o a todo un tribunal, dispuesto a actuar de acuerdo a sus intereses, lo cual les otorga el poder de la impunidad y la capacidad de actuar a sus anchas por el autoritarismo y el miedo. Ejemplos hay todos los días.
Pero lo más grave es que NO HAY DONDE RECURRIR para defender al país o al ciudadano ante una decisión arbitraria o ilegal del presidente, su gobierno o del mismo Poder Judicial, de los jueces a la carta. No hay instancia que reciba un escrito, que lo procese, que se oponga a una decisión del ejecutivo u a otra instancia del Estado. El ciudadano está absolutamente indefenso, sabe que nadie le atenderá, ni dará curso a su petición, pero además porque teme las represalias contra sí mismo o hacia la persona cuyos derechos requieren protección.
Estos comentarios que hago en torno al Poder Judicial, los hago con pesar y tristeza debido al respeto que he tenido siempre por la justicia y por los jueces justos, capaces, honestos. Siempre he estado rodeado de magistradas y juristas, jueces, abogados y académicos a los cuales respeto mucho, indistintamente de sus posiciones políticas. ¡Qué útil y necesario resulta para una sociedad contar con verdaderos órganos de justicia y juristas capaces de mantenerse apegados a la Constitución y las leyes!
Pero mientras esto sucede con el Poder Judicial –situación tan lamentable, como peligrosa–, en el Ministerio Público, la situación es más grave.
De acuerdo a las atribuciones de la Constitución, el Ministerio Público debe procurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, por ello se hace parte en los procesos judiciales, para garantizar al ciudadano acceso a la justicia, independientemente de su condición social o económica. Por otra parte, la Constitución le confiere al Ministerio Público la responsabilidad de velar por el debido proceso, por el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos humanos.
El actual Fiscal General, ex gobernador y activista político del madurismo, no solo NO cumple con ninguna de las responsabilidades establecidas en la Constitución, sino que lejos de ser un garante del debido proceso y del acceso a la justicia, se convierte en un perpetrador de la violación de los derechos fundamentales del ciudadano, su derecho la defensa, al debido proceso y sus derechos humanos.
Electo de una manera absolutamente inconstitucional, de manera ilegítima, éste actúa como un apéndice, subordinado al gobierno. El Fiscal actúa con saña, por motivaciones políticas, recibiendo instrucciones directas de nicolás maduro y de su círculo íntimo. Acusa y condena, lanza al escarnio público al ciudadano, abusa de su poder para saldar cuentas y problemas personales de todo tipo, actuando de forma desproporcionada, desequilibrada, pasando por encima de los derechos consagrados en la Constitución y, particularmente, violentando los Derechos Humanos de la víctima de su inquina.
Lejos de salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso, así como el acceso a la justicia del ciudadano señalado, el fiscal acusa, denigra, ofende y condena a la víctima de turno, lanzándola a la jauría del odio, ya sea a través de sus ruedas de prensa-show, o las descalificaciones e injurias que se transmiten en los medios de comunicación y redes sociales controlados por el gobierno. Al mismo tiempo que actúa de manera directa con sus fiscales transitorios, designados con el fin de tener lealtad absoluta por parte de los funcionarios, para ir en contra de la víctima, confiscar sus viviendas, fabricar –de común acuerdo con el poder judicial– expedientes amañados, “falsos positivos”, lo que sea para destruir a su víctima.
Este Fiscal, quien presume de “poeta”, hace tiempo que perdió cualquier condición de defensor de los Derechos Humanos y se degradó al extremo de ser responsable directo o por omisión de crímenes de lesa Humanidad –tal como está señalado en el informe de la Comisión de Determinación de hechos (“Factfinder”) del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas–, donde se le señala a él, a nicolás maduro y a otros jerarcas del alto gobierno de estar incurso en estos crímenes, recomendando que los mismos sean llevados a juicio ante la Corte Penal Internacional.
Todavía hay más de 120 trabajadores de PDVSA detenidos-secuestrados, sin derecho a la defensa, ni al debido proceso, en la mayoría de los casos sin tener audiencias, ni conocer de qué se les acusa.
La muerte en custodia del ex ministro y ex presidente de PDVSA, Nelson Martínez, fue producto del ensañamiento y la crueldad, no solo del Fiscal, sino de los altos personeros del gobierno, incluyendo a nicolás maduro, Delcy Rodríguez y tareck el aissami, tal como lo señaló la esposa del infortunado Nelson en carta pública a todo el país.
La falta de asistencia a Oscar Peréz, una persona rendida, que hizo un llamado por las redes sociales a la Fiscalía para que le salvara la vida, rodeado de más de 400 miembros de las Fuerzas de seguridad. La Fiscalía nunca acudió al llamado. Luego, las fuerzas policiales volaron, con una granada propulsada (RPG), al grupo rendido quienes –hay evidencias y denuncias–, fueron rematados con tiros de gracia.
La muerte del Concejal Albán, lanzado desde un piso 10 de la propia sede del Sebin, y el Fiscal declaro de inmediato que fue un “suicidio” a la vez que amenazaba a los periodistas de actuar en contra de quien volviese a preguntar sobre la hipótesis de asesinato. La muerte en tortura del Capitán Arévalo, y la actuación tímida del Fiscal ante este horrendo crimen.
El Fiscal tiene muchas cosas que responder, muchas vidas sobre su conciencia.
El objetivo político de la violencia: destruir a Chávez
El Chavismo y Chávez son el gran obstáculo para un nuevo pacto con la derecha, sea esta la madurista o cualquiera de las otras vertientes. El pacto no cuaja, porque Chávez y el Chavismo siguen allí, y las potencias extranjeras que tutelan a todos los factores que se disputan el poder EXIGEN terminar de liquidar a Chávez.
Aunque han destruido su obra y sus políticas, sin embargo, el marco legal y constitucional está allí. Todavía de pie, no sólo escrito, sino en la conciencia y el corazón de muchos.
Por ello a maduro le exigen que entregue TODO antes de concretar un pacto, esto significa entregar las leyes de la Revolución, entre ellas la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y crear sus opuestos, sean estas “La Ley de Protección de Inversiones Extranjeras”, la “Ley Anti-bloqueo” o la “Ley de Zonas Económicas Especiales”. Pero también exigen entregar o aniquilar políticamente a los hombres de Chávez, a sus equipos, a sus ministros.
Necesitan perseguirlos, apresarlos, lanzarlos al ostracismo o al exilio, o convertirlos en criminales, incluso cambiando la historia. El poder de manipulación del madurismo es tal, que tiene la capacidad de transformar a un empresario delincuente en “héroe” y a un ministro de Chávez en “criminal”.
Con su acción y su propaganda han convertido a Chávez y al Chavismo en el chivo expiatorio de su propio desastre. Han barrido con el Chavismo y han sepultado la posibilidad material y espiritual del socialismo, por lo menos mientras ellos se mantengan en el poder.
La persecución, amenazas, el odio y el encono en mi contra y las actuaciones ilegales del gobierno, que me obligan a permanecer en el exilio para preservar mi vida, son un ejemplo claro de la AUSENCIA DEL ESTADO DE DERECHO y la actuación desproporcionada e ilegal de maduro, del Fiscal General y del Poder Judicial, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia, en la persecución al Chavismo.
Para todo el país es conocida mi postura política de rechazo y denuncia del curso que tomó el gobierno y la destrucción de nuestra industria petrolera y del país, la destrucción de toda la obra de Chávez y de la Revolución Bolivariana, esta posición la he expresado públicamente a través de mis escritos, entrevistas y opiniones. He propuesto la necesidad de que maduro deje el poder, y que, en el marco de nuestra Constitución una Junta Patriótica de Gobierno, asuma –como una medida extraordinaria y transitoria– la conducción del país, para restablecer el hilo constitucional y devolver la soberanía al pueblo.
La defensa de nuestra política de Plena Soberanía Petrolera, de PDVSA y del Plan de la Patria, me ha valido persecución y exilio. El madurismo ha utilizado al Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General y a todo el poder del Estado, para, acusarme, destruir mi nombre y mi reputación, amenazando permanentemente con “ponerme los ganchos” –como ha expresado el propio maduro en su odio visceral–, utilizando para este fin todos sus medios para actuar en mi contra: me han acusado, han allanado y confiscado mi casa, me amenazan a mí y a mi familia, se me persigue en el exterior, solicitan la extradición –junto a la de más de 24 dirigentes de la oposición– e intentan todo lo que esté a su alcance para detenerme, llevarme a la tumba, donde me espera un destino como el del Mayor General Miguel Rodríguez Torres, el del General Raúl Baduel o el de Nelson Martinez.
Intentan doblegar por la violencia mi postura leal y consecuente con Chávez y con los intereses supremos del país. ¡No lo lograrán!. Hagan lo que hagan, seguiré firme e irreductible en mis posiciones y mantendré mi apego a nuestra obra, nuestro programa y propuestas hechas al país en el año 2012, nuestro Plan de la Patria.
El abismo de la violencia
Venezuela se ha convertido en el país del miedo, de la violencia del Estado, de la violación de los DDHH como una política del Estado venezolano, tal como lo ha señalado la Alta Comisionada Michelle Bachelet en sus informes de julio de 2019 y julio de 2020 que condenan la situación en Venezuela.
El gobierno de maduro, nos hizo retroceder a la época de las peores prácticas de la violencia política, como el abuso policial, el crimen y la represión, que se habían hecho cotidianas durante la IV República. Esta conducta de violación a los Derechos Humanos, a la dignidad humana, desnudan, como ninguna otra, la esencia de este gobierno, el para quién gobierna y qué intereses defienden.
La Misión Internacional Independiente del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU publicó, en septiembre del año 2020, un extenso informe de más de 400 páginas, donde describe de manera minuciosa y bien documentada, cómo el gobierno ha desmantelado el Sistema de Justicia y ha creado un aparato represivo que actúa sistemáticamente en contra de los ciudadanos, bien sea por razones políticas, ejerciendo la represión selectiva contra los ciudadanos, sean de la oposición tradicional o del Chavismo y contra los militares; igualmente, denuncia las operaciones de “limpieza social” que ha llevado adelante el gobierno en las zonas populares de las ciudades y el campo, para aterrorizar y desmovilizar al pueblo venezolano, para impedir cualquier tipo de protesta. Más de 14 mil ejecuciones extrajudiciales, a mano de cuerpos represivos y paramilitares como el FAES, SEBIN y DGCIM, han enlutado los barrios pobres del país.
Esta política de terror, esta ausencia de la justicia, del Estado de Derecho, esta represión extendida, han sido el instrumento del gobierno para ejercer el control social del país, para perseguir, exiliar y encarcelar a cualquiera que se oponga a su paquetazo económico, a su política económica absolutamente anti-popular, al desmantelamiento del sistema de garantías económicas, políticas y sociales conquistadas con la Revolución Bolivariana.
El gobierno ha impuesto un retroceso espantoso en nuestro país y lo ha hecho con la violencia, utilizando, para ello, a la justicia madurista. Le ha arrebatado al pueblo sus conquistas, mientras entrega el país a las élites –las nuevas y las viejas–, quienes ahora intentan cuajar un nuevo pacto para gobernar sobre las ruinas del proyecto Bolivariano, para “descuajar la Patria”, como tantas veces advirtió el presidente Chávez que intentarían nuestro enemigos. No se imaginaba nuestro querido Presidente que esas fuerzas estaban allí, acechando, manipulando, actuando, esperando su asesinato, para que así emergiese con toda su fuerza “el chavismo sin Chávez”, ese que ahora está en el poder, ejerciciendo su violencia sin ningún tipo de decoro, manteniendo al país en el abismo.
