Los efectos de la pandemia del Covid19 han sido devastadores en la economía de los países, y al mismo tiempo, ha demostrado que ningún sistema de salud, aun en países desarrollados, estaba preparado para enfrentar ese desafío.
Los debates y polémicas entre los dirigentes políticos, gobernantes y los defensores de los derechos humanos de la salud, se han centrado en la necesidad de encontrar mecanismos de bioseguridad en los centros de trabajo, sin que ello impacte negativamente en la producción de bienes y servicios.
El “negacionismo”, aplicado en Brasil, ha defendido al extremo la libertad de comercio, mantener abiertas las empresas, centros comerciales y lugares de ocio, sin utilizar las medidas preventivas universales, ha ocasionado la extensión de la pandemia a niveles alarmantes, con las consecuencia de miles de contagios y fallecidos.
Tratar de mantener el equilibrio entre la producción económica y la salud, requiere de la concertación entre el gobierno, los empresarios, los organismos sindicales, gremiales y sociales.
El objetivo es declarar la salud como la prioridad de cualquier programa de prevención, agregando ahora la vacunación masiva, pues el “goteo” como lo ha denunciado el Secretario General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), perjudica a la población, en especial a los países que no tienen la posibilidad de adquirir las vacunas solidarias.
Cada país aporta su experiencia, vivida desde marzo 2019 a la fecha, con las estadísticas disponibles para medir el impacto en la salud de las trabajadoras y trabajadores, los de la “primera línea”, integrado por el personal sanitario, hasta el más modesto operario en una pequeña o mediana empresa.
Los expertos han diagnosticado que las condiciones en las cuales se labora, en pleno auge de la pandemia, ocasiona desequilibrios emocionales, ansiedad, angustia, incluso otros síntomas físicos y mentales.
Qatar, por ejemplo, recién modificó el horario de trabajo al aire libre, adecuándolo al clima, previendo el “stress térmico”, el cual en la época de verano, afecta la salud de las trabajadoras y trabajadores.
Las recomendaciones internacionales son útiles para preservar la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras.
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