La única representación institucional que no obedece a las directrices del régimen dentro de los poderes del Estado, es la que se encuentra en el Consejo Nacional Electoral. Los sectores democráticos carecen de presencia en la Asamblea Nacional, en el Poder Judicial, en el Poder Moral y, desde luego, en el Ejecutivo. No sé si Enrique Márquez y Roberto Picón tienen conciencia de este hecho y su significado.
Una sólida franja de venezolanos, casi 50%, no quiere participar en los próximos comicios para elegir gobernadores y alcaldes. Esas elecciones les resulta indiferentes o les asignan muy poca importancia porque no se encuentra en juego el cargo de Nicolás Maduro, principal responsable de la crisis que vive la nación. Entre las causas de ese desencanto se encuentran la desaparición progresiva de la descentralización, el nombramiento de ‘protectores’ en los estados donde ganaron candidatos opositores, la disminución del significado de los alcaldes y, fundamental para la comprensión del fenómeno, la escasa credibilidad que sigue teniendo el actual CNE.
Para que los ciudadanos que rechazan el régimen, alrededor de 80%, se movilicen a los centros de votación, es fundamental que la actuación de la fracción democrática dentro del CNE marque claramente su territorio y lo defienda. Sus dudas, parpadeos y concesiones al régimen, no harán más que profundizar el desencanto frente a los procesos electorales y, en particular, ante el proceso electoral del 21 de noviembre.
Sería un error garrafal que Márquez y Picón se limiten a depurar el Registro Electoral, rescatar los centros de votación que fueron cerrados o abandonados y ocuparse de los aspectos exclusivamente técnicos que involucra una elección tan compleja como la de noviembre. Esas dimensiones sin duda que deben ser atendidas con eficacia. Pero, de ningún modo ellas tocan el núcleo de las responsabilidades que le corresponden al CNE, una de las ramas autónomas del Poder Público.
El presidente del organismo, Pedro Calzadilla, les dirigió una comunicación a un grupo de países -me imagino que a través de sus embajadores- invitándolos a estar presentes en las votaciones regionales. Habló de ‘acompañamiento internacional’. Evitó usar la palabra observación. Esa figura representa un subterfugio para convertir los delegados del extranjero en mirones de palo. Si esos comisionados no pueden supervisar, evaluar, opinar e informar, quedan como eunucos en la corte de Maduro. Hasta ahora no se ha visto ningún pronunciamiento categórico por parte de Márquez y Picón al respecto.
En el caso de Acción Democrática, el Tribunal Supremo de Justicia, en abierta violación de los estatutos de ese partido, se pronunció a favor del grupo de Bernabé Gutiérrez, cercano al gobierno. Esa constituye una materia de incumbencia directa del CNE porque el problema no ha sido abordado ni resuelto desde la perspectiva jurídica, sino política. Hasta el momento, los representantes de la oposición no se han pronunciado. La pulverización de la AD legítima está quedando impune y silenciada.
La representación parlamentaria de los indígenas, el gobierno decidió que sería electa en asambleas abiertas, con el evidente propósito de controlarla. Esta fórmula, la misma que quieren imponer en la selección de los representantes de las Ciudades Comunales, viola la Constitución y la Ley del Sufragio, que establecen el voto directo, universal y secreto. Hasta ahora, la moción ha pasado sin que los miembros del sector democrático del CNE denuncien y se opongan a semejante aberración, que viola la LOPE, instrumento legal que el CNE está obligado a proteger.
La reunión de la dirección nacional del PSUV en la que Maduro anunció, con toda la fanfarria del caso, las elecciones primarias de su partido para el 8 de agosto, fue en el hotel Humboldt, un espacio que pertenece al Estado y utilizando la red de medios de comunicación públicos, financiados con fondos de los venezolanos. Este hecho constituye un abuso de poder obsceno por su ventajismo y porque constituye otra expresión más de la hegemonía comunicacional del régimen. Acerca de este tema no ha habido ninguna declaración por parte de los integrantes del CNE.
Enrique Márquez y Roberto Picón no tienen más opción que, con los recursos proporcionados por la Constitución y la Ley del Sufragio, exigir que los comicios de diciembre, y los que se efectúen en el futuro, se ajusten a las pautas legales aprobadas por el chavismo cuando dominó por primera vez, hace más de quince años, de forma absoluta la Asamblea Nacional.
Será protegiendo la legalidad y la institucionalidad democrática –es decir, su territorio- como los representantes democráticos en el CNE, se ganarán el reconocimiento de los electores y de la comunidad internacional. Será también como los ciudadanos podrán volver a acercarse a las urnas electorales y creer de nuevo en el voto como instrumento de cambio.
@trinomarquezc
