Mucho parece indicar que el maestro rural de izquierda Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú, aunque el país seguirá en vilo, probablemente durante varios días, hasta conocer el desenlace definitivo de unas elecciones extremas en varios sentidos. A los márgenes estrechísimos de la votación -Castillo tenía apenas unos 70.000 votos de ventaja con el 99 % de los votos escrutados- se ha sumado ahora una inédita batalla judicial impulsada por su rival, la derechista Keiko Fujimori.
Poco antes de que venza el plazo para hacerlo, la candidata anunció el miércoles recursos de nulidad contra 802 mesas electorales, sobre todo, en regiones donde Castillo ganó de forma contundente en la segunda vuelta de las presidenciales celebradas el domingo. En disputa, según los cálculos del fujimorismo, hay unos 200.000 votos.
A estas alturas es altamente improbable que el escrutinio regular le dé el triunfo a Keiko Fujimori porque, tras la llegada de los votos del extranjero, donde ganó ella, los pocos votos que quedan por contabilizar proceden, en buena parte, de zonas rurales, claramente favorables a Castillo.
La candidata presentó sus acusaciones sobre un supuesto “fraude sistemático” perpetrado por el partido de Castillo, Perú Libre, en dos conferencias de prensa, la última este miércoles. Más allá de algunos casos aislados de irregularidades, sus abogados y ella no presentaron pruebas concretas de un fraude masivo. Como parte de sus acusaciones, uno de los colaboradores de Keiko Fujimori sostuvo en una entrevista televisiva que era “estadísticamente imposible” que en los resultados presentados en algunas mesas de la sierra peruana, el bastión de Castillo, Fujimori no hubiera obtenido ningún voto. No es una prueba, desde luego, pero tampoco un argumento convincente.
Organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), por otra parte, han avalado antes el proceso electoral peruano como conforme a los estándares democráticos. Para dar una dimensión de lo que ocurre ahora, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones peruano, Jorge Luis Salas, calificó como “extraordinaria” la avalancha de recursos presentados por la candidatura de Fujimori. En la última elección hubo menos de 30. En esta, más de 800.
La revisión de las demandas podría tardar días, quizá semanas. Todo eso enrarecerá aún más el tenso ambiente poselectoral. Seguidores de ambos bandos protestan desde el domingo en las calles para reclamar el triunfo y rechazar un supuesto “fraude” contra su candidato. Nadie ha visto las pruebas.
Keiko Fujimori tiene, evidentemente, el derecho de acudir a los tribunales si ve indicios de que el partido de su rival ha manipulado los resultados. Esa posibilidad se la garantiza el Estado de derecho. Pero la democracia, al mismo tiempo, también exige responsabilidad. Y en este caso es inevitable notar las disonancias que sugieren una maniobra para evitar la derrota cueste lo que cueste, y sin importar que esta dañe la legitimidad del proceso democrático. El comportamiento de Keiko Fujimori recuerda a las tretas del expresidente estadounidense Donald Trump para evitar a toda costa el triunfo electoral de Joe Biden.
Perú acaba de salir de una de las campañas electorales más tóxicas de su historia, lastrada por los mensajes de odio, la difusión masiva de fake news y la demonización no sólo de los candidatos, sino también de sus votantes. Y por el miedo justificado a dos políticos vistos como un peligro para la democracia.
Millones de peruanos tienen buenos argumentos para desconfiar de Castillo, un maestro rural y líder sindicalista que aboga por un nacionalismo económico obsoleto, que hace gala de ideas sociales retrógradas y que ha mostrado poco respeto por las instituciones democráticas. También, por otro lado, para recelar de Keiko Fujimori, que defiende el legado del régimen autoritario que instauró su padre entre 1990 y 2000, y que está imputada ella misma por corrupción.
Muchos peruanos acudieron a votar contra Fujimori en esta elección soliviantados por el obsceno apoyo que le dieron los poderes mediáticos y económicos del país, a menudo con modales impropios de una democracia, y por temor a que esa influencia y concentración de poder socave aún más las instituciones. Con su comportamiento actual, y mientras no presente pruebas claras de lo que sostiene, Keiko Fujimori parece dar la razón a aquellos que la ven como la mayor amenaza para la frágil democracia peruana.
