Hemos escrito recientemente sobre una situación que algunos han considerado como una perogrullada. Tienen razón en parte; todo el mundo sabe que nuestro país necesita de un cambio político, lo cual no significa que nuestros escritos sean entonces intrascendentes e innecesarios, pues no nos quedamos en la afirmación contenida en el título. Resumimos las modificaciones electorales imprescindibles, para que el necesario cambio político pudiera desarrollarse. Privilegiamos la materia electoral por ser fundamental en la determinación de los grupos, partidos y personas, que ejercerán el poder político en el país, y de cuyas decisiones y acciones dependerán los cambios económicos, sociales, políticos e institucionales que se hagan.
Hablamos de lograr un consenso de por lo menos el 80 por ciento de la población, para reescribir las reglas del modelo democrático venezolano. Y nos hemos referido a la necesidad de rescatar la proporcionalidad electoral, la alternabilidad en los cargos de gobierno y el financiamiento estatal de las campañas electorales, los dos primeros obligatorios además por mandato de la Constitución vigente. En este momento añadimos la reducción del período presidencial a cuatro años con una sola reelección, como ocurre en EEUU, o a cinco años sin reelección, como fue en la segunda mitad del siglo pasado. La reelección permanente fue incorporada en nuestras normas no por ser una necesidad del sistema político electoral, sino por la ambición de poder de Hugo Chávez Frías, quien siempre se vio como Presidente vitalicio.
Debe revisarse la duración de los períodos de todos los cargos de elección popular. El período de la Asamblea Nacional debería ser similar al de la Presidencia de la República y elegirse en el mismo momento; habría que establecer un límite de reelección a los diputados. Los períodos de gobernadores y alcaldes deberían también coincidir y tener una duración de tres años, de manera que puedan ser electos conjuntamente. Se permitiría una sola reelección en ambos casos. De esta manera los procesos electorales serían menos numerosos, mejor administrados por el CNE, menos costosos y no mantendrían a toda la sociedad víctima de una permanente campaña, la cual no significa en absoluto que haya mayor democracia, como los gobiernos chavecistas han pregonado desde sus inicios.
El tema del revocatorio no puede dejarse de lado. Como está planteado no constituye parte del cronograma electoral ordinario, como lo son las demás elecciones. Debe ser incorporado por la ciudadanía, a través del cumplimiento de una serie de requisitos y, como no existe una ley que lo regule en forma específica, el CNE hace uso de una discrecionalidad muy grande en relación con requisitos, lapsos y procedimientos. Se ha prestado, además, para de alguna forma identificar a los ciudadanos interesados en la revocatoria de distintos mandatos, lo cual claramente conspira contra la confidencialidad del voto, y se puede utilizar perversamente, como en efecto ha ocurrido, para amenazar, hostigar, marginar y perjudicar a los convocantes. Es más que claro que como está pautado no puede seguir.
Para evitar los inconvenientes señalados podría incluirse en el cronograma electoral de todos los cargos revocables. A mitad del período se realiza el referéndum revocatorio, sin necesidad de trámite ninguno. Lo convoca el CNE como una elección cualquiera. El otro inconveniente, realmente absurdo, es la disposición que señala que, para ser revocado un gobernante, los votos a favor de la revocación de su mandato deben ser más numerosos que los que obtuvo en su elección. Esto no tiene ningún sentido, pues son dos momentos totalmente distintos. Si en ese momento se hiciera una nueva elección bastaría la mayoría simple para ser electo. Debe entonces bastar para revocar un mandato que los votos “Sí revoco” sean más numerosos que los “No revoco”.
La otra posibilidad es la de simplemente eliminar la figura del revocatorio, lo cual sería perfectamente posible si los períodos de gobierno se reducen a 3 y 4 años. Personalmente pienso que ésta es la mejor opción. La insistencia hasta ahora en mantener el revocatorio obedece a que se quiere hacer creer, que los mandatos gubernamentales en Venezuela son revocables, lo cual no es cierto según la experiencia de más de 20 años de Constitución “bolivariana”.
