El retardo procesal no es nada nuevo en Venezuela. Aunque expertos reconocen que no es responsabilidad exclusiva del gobierno, señalan que son muchas las razones por las que el sistema de justicia venezolano no actúa con eficacia
Presos de la policía del municipio Ambrosio Plaza (Poliplaza), en el estado Miranda, se cosieron la boca para protestar contra el retardo procesal y exigir traslado a cárceles. En la sede hay 37 detenidos en lista de espera para traslado porque ya tienen sentencia, mientras que otros tienen hasta siete años en este recinto con el proceso estancado, pese a que no deberían permanecer más de 48 horas después de su detención.
La protesta en la sede policial del estado Miranda fue denunciada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). A través de Twitter, la organización no gubernamental dijo que en el recinto sobreviven 120 reclusos, distribuidos en cuatro calabozos.
Lo denunciado por el OVP es solo la punta del iceberg de lo que en la última década los familiares de detenidos y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos no han parado de poner a luz: las grandes fallas del sistema de justicia venezolano.
El retardo procesal no es un tema nuevo, aunque voceros del gobierno de Nicolás Maduro ahora lo denuncien con alharaca, tal y como si se tratase del descubrimiento del agua tibia y como si no tuviesen responsabilidad en el asunto.
Según la ONG Una Ventana a la Libertad, la población penitenciaria del país es de unos 110.000 reclusos, de los cuales 65.000 se encuentran en centros de detención preventiva o calabozos policiales, pero el chavismo parece no haberse dado cuenta de ni cuándo ni cómo esas cifras fueron subiendo como la espuma.
En sus narices
“El retardo procesal siempre ha existido en Venezuela y aunque no es algo por lo que le podamos echar toda la culpa a este gobierno, no podemos dejar de reconocer que esto ha aumentado en los últimos 20 años”, asevera a TalCual el director general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto.
Tras años de denuncias, el gobierno de Maduro parece haberse dado por enterado de la situación de las cárceles y de lo lerdo que puede ser el sistema de justicia. El propio mandatario anunció el 21 de junio una «revolución» del sistema de justicia nacional, que tendrá como objetivo atender los problemas severos de hacinamiento y de retardo procesal que se han profundizado en sus narices.
Días antes del anuncio de Maduro, los diputados Pedro Carreño e Iris Varela (ministra de Asuntos Penitenciarios en los períodos 2011 – 2017 y 2018 – 2019) denunciaron la existencia de esta figura en el sistema judicial.
Varela no dio detalles de políticas ejecutadas durante su gestión como ministra para hacer frente al retardo procesal, ni siquiera de lo que pudo haber logrado con el llamado “Plan cayapa”, creado en 2012 para disminuir el retardo procesal.
Más allá de los anuncios oficialistas, las cifras dejan en evidencia la desatención en el sistema de justicia. Carlos Nieto detalla que de acuerdo a las investigaciones que ha llevado adelante podría estimarse que 70% de los privados de libertad en el país no tiene sentencia firme y que de esa cifra más de la mitad no ha ido a audiencia preliminar, proceso fundamental en el que se determina si se sigue o no a un juicio.
Para el abogado especialista en derechos humanos, el «plan cayapa» que se aplicó en 2012 fue un evidente fracaso porque nunca se cumplió el objetivo para el cual fue creado.
En las narices de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se profundizó tanto el retardo procesal como el hacinamiento, la falta de atención médica y la desnutrición. Para Carlos Nieto estos son los cuatro grandes problemas que enfrenta el sistema de justicia del país.
“Lo interesante de la declaración de Iris Varela en la que dijo que vio a reclusos con más de seis años presos y que vivían en condiciones infrahumanas es el recule gigantesco a lo que decía cuando era ministra. En el último examen periódico universal, hace casi cuatro años, intervino y dijo que Venezuela tenía el mejor sistema penitenciario del mundo y que a ella la llamaban para pedirle que fuese asesora de otros países”, recalca el coordinador general de Una Ventana a la Libertad.
“Ella estaba clara que eso pasaba. Ella decía mientras que fue ministra que esos presos (recluidos en centros de detención preventiva) no eran de su competencia ¿Ahora resulta que descubrió el agua tibia? Ella lo sabe desde hace mucho tiempo”, matiza.
Por su parte, la integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, enfatiza que el gobierno no ha implementado una política adecuada para acabar con el retardo procesal en el país.
Afirma que es un problema generalizado que con los años se convirtió en una especie de círculo vicioso entre todo el sistema de justicia. “Ninguno de los organismos funciona y mucho menos están engranados”, que es lo que debería suceder para la correcta gestión, según considera.
“No es un problema del centro sino de la justicia, de los tribunales que no fijan las audiencias o no se cumplen. En el caso del Ministerio Público (MP) que no impulsa la causa”, apunta.
Acosta subraya que de acuerdo al Código Orgánico Procesal, si luego de dos años el Estado no ha podido demostrar la culpabilidad de una persona en un delito, se prevé que el presunto implicado sea puesto en libertad y el juicio se realice con el sospechoso fuera de recintos carcelarios, por lo que la permanencia de una persona en centros de detención preventiva por más de 48 horas es un contrasentido a la ley que se volvió el pan de cada día.
“Hay personas en cárceles que nunca han ido a un tribunal y pueden tener cinco años ahí. Se han hecho varios intentos de paliar esta situación, pero no ha habido una política de gobierno adecuada para acabar con el retardo procesal”, agrega.
La yo no fui
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, coincide con Nieto y Acosta en cuanto a que el retardo procesal es un ilícito que, aunque data en el país desde que es República, se profundizó con la llegada de la llamada “revolución”.
Argumenta que aunque Varela consideró que los detenidos en calabozos policiales no eran parte de su responsabilidad, la legislación venezolana establece que los detenidos, ya sean en centros de detención preventiva o en recintos penitenciarios, están bajo responsabilidad del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
El también abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) explica que la mayoría de los casos penales se acaban con la admisión de los hechos. Estima que en 70% u 80% de los casos se da esta admisión y que solo 20% o 30% van a juicio, pese a lo cual hay retardo.
El director de Acceso a la Justicia enfatiza que más allá del hacinamiento, como consecuencia directa del retardo procesal, el tema implica que si la persona es inocente, por el hecho de haber permanecido privado de libertad lo hace víctima de un período de injusticia.
Señala que hay casos donde la detención puede ser mayor a la pena final. Expone que hay un caso de un preso de Apure que cumplió su pena, pero no fue liberado y murió tras las rejas.
“Lo más grave es que no hay cifras. Los tribunales no publican las sentencias. No dicen de cuánto es el retardo. En el mensaje anual solo dan unas cifras consolidadas de decisiones, pero no hay distinciones de cuáles terminaron en juicio o no. Esta falta de información dice que no hay buenas noticias en el caso de la justicia», comenta.
Ali Daniels es enfático al señalar que la situación ha empeorado por la pandemia, pues asegura que la justicia estuvo paralizada aunque «nos quisieron engañar de que no era así. Solo había actividad para presentar detenidos, pero el resto de la actividad judicial estuvo paralizada», dice.
Recuerda que en medio de la emergencia han intentado poner en práctica audiencias electrónicas, que no son más «que paños calientes». Argumenta que la infraestructura del sistema de justicia se minimiza a la precariedad en la que está sumido el país pues no cuenta con instalaciones adecuadas y suficientes computadoras, por ejemplo.
La cadena de fallas
Son varios factores los que hacen que el sistema de justicia vaya a paso de morrocoy. Para Ana Leonor Acosta destacan la falta de la voluntad del gobierno y la desorganización en el poder judicial.
“Todo esto termina afectando a las personas que se encuentran a merced de un sistema penal cruel e inhumano en el que no tienen acceso a alimentos y a la salud y en el que se le violan constantemente los derechos fundamentales”, asevera.
Acosta recalca que la situación es la misma tanto para presos por delitos comunes como por asuntos políticos. En este sentido, subraya que de los detenidos por razones políticas desde 2014 solo pocos han sido condenados, pues hay detenidos que tienen siete años privados de libertad y no han tenido audiencia.
Alí Daniels también apunta que el tema del retardo procesal es un problema multifactorial, en principio porque no hay una política integral que le haga frente.
Para el representante de Acceso a la Justicia los organismos del Estado no se ponen de acuerdo por lo que podría inferirse que no tienen intención política para resolver el problema. Opina que la falta de actualizaciones en materia procesal en Venezuela han sido caldo de cultivo para que se genere corrupción.
“Obviamente el poder judicial tiene el mayor peso, porque si se le hace imposible responder aun cuando se estima que solo en dos terceras partes de los casos no se admiten hechos se evidencia su incapacidad”, apunta.
La larga lista de razones la completa un último punto resaltado por el coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto, quien recuerda que desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios se suspendió el ingreso de reos a las cárceles sin previa autorización.
“Esto fue lo que hizo que los centros de detención preventiva se convirtieran en nuevas cárceles. Como si no fuese suficiente, han cerrado centros penitenciarios y han enviado a los reclusos fuera de donde está su proceso” enfatiza.
TalCual
