Tras los resultados en las elecciones del 6 de junio, el triunfo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 11 de las 15 gubernaturas en disputa podría tener un impacto no solo en la geopolítica de México sino también en geo-criminalidad; es decir, en un reacomodo de las distintas organizaciones criminales que tienen presencia en 10 de los 11 estados ganados por el partido oficial.
De acuerdo con fuentes de información que conocen el tema de primera mano, tras la victoria del partido oficial en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, donde tienen presencia uno o más carteles de la droga, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaría planeando iniciar un plan que denominan “pacificación”.
Este plan consistiría en negociar “nuevas reglas”, según le llaman internamente, con los distintos carteles de la droga que operan en los estados ganados.
El objetivo principal es que disminuyan los homicidios dolosos y algunos tipos de criminalidad a cambio de que el gobierno local y federal se hagan de la vista gorda del negocio de producción y tráfico de estupefacientes como en realidad sucede ya desde ahora, pero con las llamadas “nuevas reglas”.
En pocas palabras se trataría de una versión Cuarta Transformación (4T) de la pax mafiosa que operaba el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando era el partido hegemónico, como lo es ahora Morena. Una negociación Estado-mafia, Estado-carteles de la droga, cuyas guerras y las redes de corrupción creadas en distintos niveles de gobierno han causado masacres infames, el éxodo de miles de mexicanos al obligarlos a abandonar sus comunidades, más de 80 mil desaparecidos, y cerca de 300 mil personas ejecutadas en los últimos 15 años.
Si este plan se concretara, se convertiría en la expresión más clara de la política de ‘abrazos no balazos’ ofrecida por AMLO al inicio de su mandato cuando declaró el fin de la guerra contra los carteles de la droga. Lo que quiere hacer ver, o creer, es que su plan funciona. Incluso se plantea la entrega voluntaria de miembros de algunos grupos criminales a cambio de una amnistía y de que no sean extraditados.
“Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”, dijo el mandatario mexicano en febrero de 2019, aunque dicha paz no ha llegado.
“No hay que olvidar que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación, para evitar la guerra, por eso cuando se declara la guerra al narcotráfico, la política se va al carajo”, insistió el mandatario el 25 de febrero de 2021, durante el proceso electoral.
Llama la atención que luego de las elecciones del 6 de junio, el Presidente de México vea como enemiga a la clase media que en la Ciudad de México no votó por su gobierno, y que los regañe e insulte cada mañana, pero que agradezca públicamente el comportamiento del crimen organizado en la jornada electoral.
¿Son más enemigos de AMLO una sociedad pensante que los criminales? Quizá se deba a que con los primeros no puede negociar, debe dar resultados, y con los segundos sí.
El primer intento fracasó
El plan de la 4T de negociar con los carteles no es nuevo, solo que no habían las condiciones necesarias para ponerlo en práctica. No solo bastaba encabezar gobierno Federal como lo consiguió AMLO en 2018, sino para dar certezas en la negociación debía encabezar también el gobierno estatal, siendo estos dos niveles de gobierno los principales responsables del combate al narcotráfico y crimen de alto impacto.
Por ejemplo, AMLO ya había arrasado en la elección presidencial en estados como Sinaloa, y había logrado posicionarse de manera importante en el congreso local y algunas alcaldías importantes como Culiacán y Mazatlán, dos localidades fundamentales para el Cartel de Sinaloa, pero no tenía control del gobierno del estado.
Ahora, Morena y sus aliados tienen 11 nuevas gubernaturas, más las que ya tenían: Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla y Morelos. Es decir, cuando los gobernadores electos el 6 de junio tomen posesión del cargo, Morena gobernará en 18 de los 32 estados y estarían en mejor posición para negociar con los carteles.
El plan de la “pacificación” en estos términos estaba desde la campaña presidencial, según lo escuché decir a diversos integrantes del equipo. Cuando López Obrador ganó la elección presidencial en julio de 2018 , Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, anunció que había recibido la instrucción de AMLO para hacer lo que fuera necesario para “pacificar” al país. “Es hora de que se deje de simular”, afirmó.
Desde diciembre de 2018, Sánchez Cordero es la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob). En mayo de 2019 invitó a trabajar con ella a Ricardo Peralta Saucedo, con el cargo de Subsecretario. Él había trabajado en el sexenio de Felipe Calderón como jefe de oficina del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Alguien lo recomendó tan bien con la 4T, que cuando comenzó el gobierno de AMLO le dieron el estratégico cargo de titular de la Administración General de Aduanas.
Llegó a la Segob luego de haber dejado en aduanas una larga estela de corrupción que incluía la presunta recepción de sobornos millonarios a cambio de dejar entrar a México sin complicaciones mercancía de origen legal e ilegal.
Ya como subsecretario en Segob, de acuerdo con fuentes de información directas, Peralta Saucedo se decía enviado del gobierno de AMLO y presumía sus presuntas reuniones con el crimen organizado buscando la pax mafiosa.
Se supo públicamente de sus reuniones con grupos criminales en Michoacán y él, por su parte, habría narrado a diversas personas que se reunió con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cartel de Sinaloa, para plantear la negociación a nombre del gobierno de AMLO.
No sería el último de la 4T en reunirse con el capo y presumir de ello. Se recordará que en esta columna se reveló en abril pasado que igual lo hizo Rubén Rocha Moya entonces candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, quien se reunió con “El Mayo” y recibió de este su bendición y preferencia. El 6 de junio, Rocha Moya arrasó en las elecciones. Algunos de los candidatos y partidos de oposición fueron amenazados y secuestrados.
Peralta Saucedo decía tener buenos contactos con otros bandos como Los Zetas y el Cartel del Golfo a través del abogado Juan Pablo Penilla, socio de otro licenciado llamado Sergio Ramírez Muñoz, amigo de Peralta Saucedo, quien se hace llamar el abogado de la 4T.
Ramírez Muñoz también tiene vínculos con el crimen organizado, específicamente con Roberto Mollado alias “El Betito”, líder del sanguinario cartel Unión Tepito que opera en la Ciudad de México. No solo se han filtrado públicamente fotografías de él y “El Betito”, arrestado en 2018 ; sino que el jefe de la Unión Tepito fue uno de los invitados de honor al bautizo de la hija de Sergio Ramírez Muñoz, celebrado en el Campo Deportivo del entonces Estado Mayor Presidencial. Varios invitados al festejo lo vieron y recuerdan al detalle su presencia, según me narran de primera mano.
Sergio Ramírez se hizo muy cercano al senador de Morena Martí Batres, y gracias a eso ha tenido acceso a muchos otros miembros de la flamante 4T que sin fobias, ni filtros, ni anticuerpos se abre a este tipo de personajes.
Peralta Saucedo terminó abruptamente el encargo en agosto de 2020. Fue acusado por el alcalde de Tijuana de amenazas, pero oficialmente Sánchez Cordero dijo que salió por las medidas de austeridad del gobierno de AMLO y lo despidió con un comunicado en el que agradeció su “enorme compromiso y honrosa labor al servicio de la patria”.
De acuerdo con la información obtenida en este nuevo intento de la 4T para hacer un acuerdo con los narcos, las negociaciones serían directamente con el poder federal central, pero aún no se identifica quien o quienes serían quienes encabezarían por parte del gobierno federal la llamada “pacificación”.
El viejo espejismo
De 1970 a 1999, el gobierno federal emanado del PRI llevó a cabo una negociación con todas las organizaciones criminales en México repartiendo el territorio, estableciendo lo que ellos llamaban “reglas no escritas” de no violencia y dejándolos ejercer el narcotráfico y otros crímenes con libertad.
Esto permitió a las organizaciones criminales crecer y empoderarse ocupando los espacios que las autoridades adrede fueron dejando vacíos. La violencia sin freno y la impunidad que se vive hoy en México son fruto podrido de ese árbol de la negociación con criminales.
Con el comienzo del siglo XXI, los gobiernos emanados del PAN encabezados por Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), intentaron emular al PRI copiando el esquema de negociación, solo que con un solo cartel, el Cartel de Sinaloa (CS), y usaron el aparato de estado contra los otros carteles. El pretexto político era tener un solo interlocutor y así “controlar” mejor el país.
La realidad es que el CS pagó millonarios sobornos por ese favoritismo. El mejor ejemplo lo encarna Genaro García Luna, titular de la Agencia Federal de Investigación con Fox, y secretario de seguridad pública federal con Calderón, hoy encarcelado en Nueva York acusado de traficar drogas y trabajar para el CS de 2002 al 2019.
De acuerdo a las versiones que escuché, algunos de los carteles de la droga en México conocen ya este plan de la 4T y algunos habrían dado señales de que lo verían positivo, principalmente el CS en cuyo territorio donde tiene hegemonía ganó de manera aplastante Morena en las elecciones del 6 de junio. Quizá eso sea lo que explique la bendición de “El Mayo” a Rocha Moya y su encuentro con él y otros integrantes de la 4T.
En otros estados donde hay presencia de dos y tres organizaciones criminales como Michoacán y Guerrero, las negociaciones sin duda serían más complejas.
El proyecto del gobierno federal sería regresar al espejismo con el que fueron seducidos sus antecesores. El gobierno federal no podrá evitar la violencia que ejercen las organizaciones criminales atomizadas en decenas, distribuidas por todo el país que no responden a ningún cartel. Si continúa quedándose de brazos cruzados ante el crimen, esperando negociar con ellos, continuará la masacre de civiles inocentes como la ocurrida en Reynosa, Tamaulipas, hace apenas unos días.
Tampoco la 4T podrá evitar la corrupción de sus funcionarios antes, durante o después de las negociaciones, inherente al contacto con la delincuencia organizada. Ni tampoco podrá cambiar el ADN de los carteles de la droga y eliminar su eterna tentación de adueñarse del territorio del competidor porque eso le generaría millones de dólares en ganancias.
Lo peor de todo es que si se pusiera en marcha ese plan de “pacificación” el gobierno de AMLO no podría quedar bien con los carteles y con ciudadanos simultáneamente, porque en cualquier mesa de negociación entre una autoridad con los grupos criminales dedicados a la producción y tráfico de droga, lo que está sobre la mesa de negociación es el destino de miles de personas, los consumidores de esas drogas dentro y fuera de México.
Los ciudadanos como carne de cañón
En contraparte a las intenciones federales de negociar con el crimen, los nuevos 11 gobernadores de Morena tendrán que enfrentarse inmediatamente a un alto índice de violencia y a la conciencia de los ciudadanos de la inseguridad.
En 2020 cinco de los once estados ganados por el partido oficial en junio pasado, encabezaron la lista de las 10 entidades con mayor índice de homicidios dolosos en México: Baja California, Sonora, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.
En concordancia con estos índices de criminalidad, los ciudadanos de muchas de las principales ciudades de esos estados viven con la clara percepción de la inseguridad.
De acuerdo a la última encuesta de seguridad urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2021, en Tijuana, Baja California, el 77 por ciento de la población piensa que la ciudad es insegura. En Ciudad de Carmen, Campeche, el 61 por cierto; en Manzanillo el 68 por ciento. En Acapulco, Guerrero, el 79 por ciento de la gente piensa que hay inseguridad. En Uruapan, Michoacán, el 86 por ciento; en Culiacán, Sinaloa, el 59 por ciento. Y en Hermosillo, la capital de Sonora, el 63 por ciento.
¿Qué pensarían esos ciudadanos conscientes de la inseguridad que votaron por Morena, si los nuevos gobiernos negociaran con el crimen organizado?
