La Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció sobre la significación de los doscientos años de la Batalla de Carabobo que selló la independencia de Venezuela, con un documento político trascendental e histórico, a la altura de las circunstancias penosas por las que atraviesa la Nación, sin lugar a dudas, el documento más importante en la hora menguada que vivimos los venezolanos, con una reflexión sobre las causas por las que llegamos hasta aquí, el momento actual y la propuesta del qué hacer.
Los obispos señalan la necesidad de la refundación de La Nación, propuesta esta que tiene fundamento en la admisión de dos hechos: el primero, es que la Constitución Bolivariana tiene, por lo menos, 250 artículos desaplicados por el gobierno, y en segundo lugar, la implantación por la vía de hecho del Estado comunal, que sustituye definitivamente al Estado democrático por el socialista.
Ya antes de este pronunciamiento, una propuesta surgida desde el Táchira indicaba la necesidad de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con carácter originario, propuesta elaborada por un grupo de comprometidos tachirenses con el porvenir de la patria, propuesta que apoyamos en su oportunidad.
En la oportunidad del triunfo electoral de las parlamentarias del 2015, se debatieron cuatro propuestas para la salida del régimen, donde se incluyó la convocatoria de la Asamblea Constituyente, que debió ser la primera en ponerse en marcha, pero la oposición parlamentaria le anuncio al país cuáles eran las cuatro estrategias, y el TSJ procedió a incapacitar a la AN, liquidando las dos terceras partes requerida para promover cambios profundos.
Este documento, que igualmente respaldo, de la Conferencia Episcopal, nos conduce a la idea firme de que desmontar el andamiaje jurídico, político e institucional armado en 21 años de chavimadurismo no se logra con una transición. Se desmonta de raíz, con una nueva Constitución; pero debe quedar claro que es indispensable la transición a la democracia que desemboque en la entrega del poder a un nuevo gobierno, con una nueva Constitución.
Esta línea trazada nos obliga a dos tareas: la primera, admitir la necesidad de una nueva Constitución democrática que nos devuelva calidad de vida, instituciones al servicio del ciudadano y no del partido de gobierno, en un proceso de refundación de la patria, pero que debe contar con un venezolano que asuma el cambio desde su propia perspectiva, toda vez que existe un cambio de valores y hábitos que la revolución le impuso al ciudadano en su revolución cultural.
Por otro lado, nos invita a formalizar una organización social para este propósito, que supere lo estrictamente electoral y rompa con la hegemonía de la conducción de la sociedad democrática, sin organización no existirá salida de ningún tipo, sin organización nada es viable, sin organización no hay movilidad, no hay presión, no hay reclamo, no hay exigencia, no hay triunfo.
La prioridad es Venezuela, y es la preocupación que en voz alta, como un grito desesperado, hacen los obispos cuando dicen: “Los dirigentes políticos no están sobre el pueblo, ni pueden reducir sus acciones a la búsqueda de acuerdos que solo les favorezcan a ellos. Ante todo, si escuchan el clamor de la gente, deberán actuar de tal modo que posibiliten su dignificación y su vida en libertad, con el acceso equitativo a todos los bienes de la tierra”.
Estamos en el punto que los factores opositores no oyen a nadie, y espero que en esta oportunidad revisen el planteamiento oportuno que la Conferencia Episcopal ha formulado, y que respaldo en toda su extensión.
Dios nos bendice.
