“La justicia sin la fuerza es impotente, y la fuerza sin la justicia es tiranía” (Pitágoras)
La Revolución de la Justicia, así calificó Maduro su decisión de lanzar una nueva operación de control político sobre el sistema judicial del país. En efecto el pasado lunes 21 de Junio anunció en una cadena nacional de radio y TV la designación de una comisión especial para llevar a cabo “UNA REVOLUCION EN EL SISTEMA DE JUSTICIA”. En su alocución afirmó que el mismo está en una crisis de grandes dimensiones y que el sistema penitenciario es un desastre.
Usando como burladero la figura del Consejo de Estado, institución inoperante e ineficiente, con el fin de justificar la abusiva y descarada intervención del ejecutivo en una de las más importantes ramas del poder público como lo es la rama judicial, designó al Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Sr. Diosdado Cabello como presidente de dicha comisión y a la Sra. Cilia Flores como vicepresidente.
Ésta es al menos la quinta comisión de reestructuración de dicho sistema que el chavismo ha designado, sin que haya sido posible lograr un poder judicial autónomo, competente, ético y comprometido con la justicia. Procesos que han hecho más dependiente a los funcionarios judiciales de las órdenes emanadas de la cúpula roja.
La primera comisión designada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 la presidió Manuel Quijada bajo el nombre de Comisión de Emergencia Judicial. Su trabajo se limitó a expulsar a los jueces que venían en funciones por años, para designar a los incondicionales que ofrecieron sus servicios al naciente régimen chavista, colocando a la cabeza del Tribunal Supremo y de las principales circunscripciones judiciales, a personajes estrechamente vinculados con los factores políticos y económicos que entonces rodeaban a la naciente revolución bolivariana.
Luego se han repetido, en tiempos diversos, las comisiones de “modernización” o “reestructuración” de la justicia, y cada vez el resultado ha sido una mayor degradación del nivel académico y moral de los funcionarios de esta vital rama del poder público.
Lo cierto es que Nicolás Maduro viene incómodo, desde hace ya un tiempo, con ciertos personajes del Tribunal Supremo de Justicia. El año pasado, concretamente el 31 de enero de 2020, propuso en la misma sede del máximo tribunal, la nueva reestructuración afirmando lo siguiente: “Hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump (el presidente de Estados Unidos), es por culpa de nosotros (…) que nadie se sienta ofendido o triste, pero tenemos que cambiar muchas cosas (…) Por eso me atrevo a proponer a la Asamblea Nacional Constituyente que asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio a todas las estructuras del Poder Judicial”
Por alguna razón que no conocemos Diosdado Cabello, entonces Presidente de la ANC, no atendió la solicitud publica de Maduro. Pero ahora lo ha designado para que encabece dicha comisión.
Todo el país pensante está examinando que mueve al Presidente en funciones a dar ese paso, dejando por fuera a los demás poderes del estado.
Por supuesto que no lo motiva el fin superior de la justicia. No le preocupan para nada las calamidades de los ciudadanos por el colapso de este servicio fundamental que el estado debe prestar. Mucho menos le preocupa el nivel de abyecto servilismo en que se convirtió la fiscalía y los tribunales, donde ningún funcionario da un paso si en la causa hay algún móvil político, en el que tenga interés alguno de los jefes de la nomenclatura política y militar de la dictadura.
Tampoco les importa la corrompida privatización de la justicia donde no se mueve una hoja, ni se produce ninguna decisión, si el interesado no paga en divisas cada actuación. Salvo las causas con móviles políticos, las cuales solo se resuelven bajo las órdenes de la cúpula roja, las demás solo se mueven después de pagar el valor que el funcionario le fija.
Se preguntará usted amigo lector, entonces porque se designa a Diosdado y a la Señora Cilia para presidir esta comisión. Hay varios factores que se han juntado para llevar a Maduro a formular el anuncio de marras.
En primer lugar la asunción del nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional Dr Karim Khan, un abogado británico, especializado en derecho penal internacional y derechos humanos, ante quien buscan ofrecer la imagen de estar trabajando para superar situaciones de gravedad en materia de violación masiva de los derechos humanos, documentados ampliamente por la alta comisionada de la ONU, como lo es el hacinamiento en los centros de reclusión preventiva.
En segundo lugar, es evidente el distanciamiento del presidente del Tribunal Supremo Mikel Moreno, caído en desgracia con la pareja presidencial luego de los eventos del distribuidor Altamira del 29 de abril del 2020. Desmontar la tribu de Moreno es una de las principales tareas que tiene asignada la comisión. Esa es la verdadera razón política de esa decisión.
No es competencia del Presidente resolver la grave situación del poder judicial y de la fiscalía. Esa tarea en todo caso sería de la Asamblea Nacional, a quien corresponde la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Fiscal General de la República. Maduro incurre en usurpación de funciones al nombrar a Cabello y a su esposa para adelantar su venganza en la sede de La Avenida Baralt.
En efecto el Consejo de Estado no es una rama del poder público, tampoco es un ente que está por encima de los poderes del estado. Esa figura es parte del pode ejecutivo, está establecida en el capítulo II de la Constitución, dedicado a fijar las autoridades de esa rama saber: el Presidente y Vicepresidente de la República, los Ministros, El Consejo de Ministros, la Procuraduría General de la República y el Consejo de Estado.
El artículo 251 de la Constitución lo define claramente: “El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión. La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones”.
Como lo subrayo es un “órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública Nacional”. De ninguna forma se establece como un órgano por encima de los demás poderes del estado, ni mucho menos con competencias sobre el poder judicial. De modo que Maduro está violando, una vez más la carta magna, e incurriendo en usurpación de funciones.
Mi postura frente a tamaño exabrupto ha llevado a Diosdado Cabello al extremo de citarme en tono intimidatorio y ofensivo, en su abusivo programa de TV del pasado miércoles 23 de junio, para justificar la grave violación constitucional en la que incurre Maduro.
Lo cierto es que con Diosdado Cabello al frente, Maduro no está enviando una señal de rectificación ante la Corte Penal Internacional, ni mucho menos ante los organismos internacionales especializados en materia de derechos humanos. Todo lo contrario, la señal es de mayor cierre del círculo, de incremento de la arbitrariedad y de mayores violaciones a los principios generales del derecho.
Si algo encarna Cabello es el militarismo abusivo, el sectarismo delirante y abrasivo. De modo que el resultado de esa comisión, si es que logra alguno, será la de una nueva razzia de magistrados que ya no son de confianza para la cúpula roja.
Para coincidir con el filosofo y matemático Pitágoras ésta “revolución de la justica”, impuesta por la fuerza del poder, sostenido por las armas más no por la legalidad, será “fuerza sin justicia”, es decir una nueva muestra de la tiranía.
