La Conferencia Episcopal, numerosas organizaciones de la sociedad civil y distintos sectores académicos y políticos han alertado sobre los peligros que encierra el proyecto de Ciudades Comunales entregado hace algunos meses por Nicolás Maduro a su Asamblea Nacional. La iniciativa la toma a pocos meses de las elecciones regionales, cuando el gobierno supuestamente trata de refrescar su imagen frente a la comunidad internacional y busca legitimar las autoridades locales, tan devaluadas durante los años recientes. Un paso adelante, dos atrás. En unas ciudades donde la descentralización fue derogada, y no funcionan ni siquiera los semáforos, Maduro se muestra muy interesado en que los habitantes se organicen en comunas, sueño de Hugo Chávez, quien asomó la idea en la fallida reforma constitucional de 2007.
Los obedientes diputados maduristas ya discutieron la primera versión del proyecto, que consta de 59 farragosos artículos. Luego pasaron a ‘consultar’ al pueblo. En la Exposición de Motivos se insiste en que la ciudad comunal constituye la base de una nueva organización político territorial. Sus principios se orientan a la construcción del socialismo, el autogobierno comunal y el fortalecimiento del poder popular, con el fin de desarrollar la democracia directa y participativa de la cual habla la Constitución.
Ninguno de los artículos de la CRBV se refiere al poder popular, ni al modelo socialista. Se dibuja sí una nación laica, diversa, inclusiva. Ni capitalista, ni socialista, ni comunista. Al referirse al modelo económico, se destaca el carácter mixto de la economía, con la participación y cooperación de los sectores público y privado. En cambio, en el proyecto de Ciudades Comunales se bosqueja una sociedad confesional. Quien no sea socialista pierde sus derechos civiles. La ciudad comunal es como un enorme monasterio medieval, dirigido por monjes encargados de vigilar la correcta aplicación de los principios socialistas. Carlos Marx no se habría atrevido a escribir un texto tan monacal.
El proyecto de ley es un bazar de ideas decimonónicas. Entre los valores socialistas se encuentran la honestidad, la solidaridad, la inclusión, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Irreal percepción de lo que ocurre en Venezuela desde hace más de dos décadas. La honestidad no es un valor que guíe el ejercicio de la función pública. Los asaltos a Cadivi y Pdval quedaron impunes. Lo ocurrido con la modernización del tendido eléctrico es otro episodio turbio de cómo se han manejado los fondos públicos. Los informes de Transparencia Internacional Venezuela son demoledores. En una nación donde rigió por años la Lista Tascón, se exige el Carnet de la Patria para conseguir las bolsas CLAP o recibir las miserables transferencias monetarias que da el régimen, hablar de inclusión y democracia resulta una ironía obscena. De los derechos humanos, basta con citar el caso de Fernando Albán. En realidad, las Ciudades Comunales están concebidas para segregar y excluir a todo aquel que no se identifique con el credo socialista.
La escogencia de la complicada burocracia que se propone para cada ciudad comunal -Arts. 8 y 14- se ejecutará sin respetar el derecho al voto popular directo y secreto, establecido en la Constitución y en la Ley del Sufragio. La elección de los representantes comunales es de segundo grado y en asambleas, a mano levantada, lo que garantiza el control de los comisarios del PSUV. La propiedad privada también es colocada en la picota.
Uno de los objetivos de la comuna consiste en combatir el ‘espíritu capitalista’ y sustituirlo por el ‘espíritu socialista’. Con ese fin, se estimulará la ‘propiedad social directa’, Arts. 56 y 57.
La Ciudad Comunal es un proyecto diseñado para desmontar la descentralización, tal como esta fue diseñado por la Copre hace un poco más de tres décadas. Las gobernaciones y los municipios quedan anulados. En la práctica perderían toda importancia. Maduro retoma los conceptos contenidos en la ‘Nueva Geometría del Poder’, proclamados por Hugo Chávez en 2007. Se empodera a los consejos comunales dotándoles de recursos financieros e, incluso, de una policía comunal -versión venezolanizada de los CDR cubanos- cuya misión real consiste en espiar a los opositores del socialismo; es decir, del gobierno.
Más que contribuir a crear un Estado comunal, el proyecto introducido en la AN se dirige a armar un Estado descomunal, más autocrático y centralista que el existente en la actualidad. A través de las ciudades comunales se atomiza la fuerza de la ciudadanía. Se le fragmenta en miles de microorganismos, administraciones las instituciones regionales (gobernaciones) y locales (municipios) se debilitan, y la cúspide del Estado (el Ejecutivo) se fortalece. El Presidente pasa a ser omnipresente y omnipotente.
La ciudad comunal agravará todos los problemas existentes en el país. No es una solución al déficit de los servicios públicos, sino un costoso y dañino capricho del régimen. Un guiño a los sectores más radicales del oficialismo, que acusan a Maduro de neoliberal. No le auguro un destino luminoso a ese desatino. Sin embargo, está allí. Pronto podría ser aprobado por la AN, especialmente si la obtiene obtiene un buen número de gobernaciones y alcaldías. Conviene desenmascararlo y enfrentarlo desde ahora. ¡No a las ciudades comunistas!
