Mientras el Presidente de México y su partido buscan distraer a los ciudadanos con la falsa expectativa que de ellos depende si los últimos cinco expresidentes pueden ser juzgados o no, ni él ni su partido quieren concretar en el presente el desafuero de dos diputados federales, uno de Morena acusado de abuso sexual, y otro del Partido Verde, aliado del gobierno, acusado de corrupción. Si hubiera un real interés de combatir la impunidad, comenzarían por lo que depende de ellos.
El próximo domingo 1 de agosto se llevará a cabo en México, por primera vez en la historia, el ejercicio de Consulta Popular inserido en la Constitución Mexicana en 2019 a través de una reforma promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin duda, al menos en el papel fue un paso adelante en la participación ciudadana, ya que el espíritu es que los ciudadanos formen parte de la toma de decisiones del gobierno.
Lo que es lamentable es que este importante instrumento sea usado por primera vez, no para que la voz de los ciudadanos se convierta en un mandato, sino para un circo montado por AMLO y la llamada Cuarta Transformación.En la antigua Roma en el gobierno había el lema lapidario panem et circenses (Pan y circo), que se usaba para resumir un mecanismo de poder y control sobre el pueblo romano. A través de espectáculos públicos organizados por el gobierno en el circo y el anfiteatro se buscaba que el pueblo desfogara ahí su molestia e inconformidad, más si eran momentos de escasez y crisis política, en vez de desfogarla contra las autoridades.
Caballos, esclavos y fieras
En el circo se hacían principalmente carreras de caballos y en la arena del anfiteatro se llevaban a cabo luchas entre gladiadores, entre fieras exóticas, o una carnicería de esclavos y condenados a muerte devorados por las fieras ante el público sediento de sangre. De todas ésta última era una de las más populares. Luego del espectáculo el pueblo regresaba desfogado a casa sin que hubiera cambiado ni un ápice su realidad.
El gobierno de AMLO ha impulsado la primera consulta popular para preguntar a la sociedad mexicana si quiere o no que sean juzgados al menos los últimos cinco ex presidentes de México: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Para lograr el sí, y dar la satisfacción ficticia de que la sed de justicia ha sido saciada, a través de su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realiza una intensa campaña de propaganda a favor del supuesto enjuiciamiento.
Como en el Viejo Oeste
Para ello han hecho diversa propaganda. Unos carteles tipo el Viejo Oeste con la leyenda típica de: “Se busca”, acompañada con la fotografía de alguno de los cinco ex mandatarios, con los ojos tachados como si fueran criminales, y con el lema: “Recompensa: justicia para todas y todos los mexicanos”.Otros dicen “¿Quieres que Salinas, Peña y Calderón vayan a la cárcel?” o “Juicio sí impunidad no”.
O aun más, “Para llevar a juicio a las y los responsables vota si este 1 de agosto. Juicio sí, impunidad no”. Para que tenga validez jurídica, en la consulta deben participar al menos 37,4 millones de mexicanos registrados ante el Instituto Nacional Electoral.
Lo que no dice AMLO ni Morena, ni los voceros e intelectuales orgánicos adeptos, es que no importa lo que vote la gente el 1 de agosto. Aunque se llegue a ese número de participantes y aunque voten por el sí en la confusa y vaga pregunta que vendrá en la boleta, el voto de las personas no tendrá ninguna repercusión específica, real y tangible ya que no tiene ningún efecto vinculante con la justicia y sus instituciones en México.
Es decir, que haya juicio o no a los expresidentes no depende del voto de los ciudadanos, se trata de un circo, peor aún, se trata de una simulación de búsqueda de justicia
Los cinco datos duros sobre el circo
Las únicas instituciones que podrían enjuiciar a los ex presidentes son los jueces, magistrados, y ministros del poder judicial. Para que eso suceda se requiere que una Fiscalía, ya sea Fiscalía General de la República o Fiscalía local, inicien carpetas de investigación sobre los delitos cometidos por los ex mandatarios, hagan una investigación, encuentren pruebas y las presenten ante un juez quien deberá encontrar que las pruebas lo suficientemente válidas para iniciar un proceso judicial. El método para alcanzar justicia no es esta consulta popular.
Hay cinco datos duros y específicos para asegurar que esto es un circo:
Uno. Es obligación del Ministerio Público y el Poder Judicial la sanción de delitos, inclusive si las víctimas no tuvieran conciencia de éstos. La justicia no depende del clamor o perdón de la sociedad, depende de la ley. NI siquiera el presidente o político más popular podría quedar exento de una sanción por sus delitos.
No hacer justicia y depender de la voz popular es un delito. El Código Nacional de Procesos Penales vigentes tiene un artículo que se denomina “justicia pronta” que señala: “Toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas”.
Es decir, quienes han sido víctimas de crímenes de los expresidentes tienen derecho a la justicia con o sin consulta popular.
Dos. Por ley, ni AMLO ni Morena pueden ordenar a la FGR a iniciar carpetas de investigación ni hacer investigaciones. Son poderes separados e independientes.
Tres. Si como resultado de la consulta AMLO y su gobierno, para satisfacer la sed de justicia de la sociedad, presentan como ‘representantes del pueblo’ una denuncia de hechos ante la FGR contra uno o más expresidentes, la realidad es que la mayoría de los casos los delitos cometidos por los ex mandatarios ya habrían prescrito de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.
La manera de que algunos de los delitos pudieran no haber preescrito es demostrar que han continuado a lo largo del tiempo, es decir, que son delitos continuados, que es la estrategia jurídica que ha seguido la Fiscalía de Nueva York en contra del ex Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien terminó el cargo público en 2012.
Para probar eso no se requiere la consulta popular, sino que desde el primer día de gobierno de AMLO su administración haya buscado, recopilado y procesado todas las pruebas de posibles delitos y haber investigado y tener pruebas de la continuación de estos para evitar la prescripción. Es claro que no hay interés en esto.
El único ex presidente que en términos reales aún podría ser investigado y en su caso enjuiciado es Enrique Peña Nieto, que por el poco tiempo transcurrido desde que terminó su mandato algunos de los posibles delitos no habrían aún caducado. Algunos actos de corrupción cometidos Peña Nieto y su equipo de gobierno ya fueron denunciados por algunas oficinas del gobierno de AMLO, pero el proceso que lleva a cabo la FGR es muy lento, o el propio gobierno ha negociado el “perdón”.
Ese es el caso específico del hecho de corrupción y desfalco al erario ocurrido entre Petróleos Mexicanos y la empresa Altos Hornos de México, durante el gobierno de Peña Nieto. El gobierno de AMLO llegó a una acuerdo con el propietario de la empresa, Alonso Ancira, para que saliera de prisión a cambio de una reparación económica del quebranto acordada discrecionalmente y en módicos pagos.
Cuatro. Además de que los delitos pudieron haber prescrito o que el gobierno puede decidir perdonarlos discrecionalmente, es muy probable que las pruebas que podrían haber en los archivos del gobierno sobre las irregularidades cometidas por los expresidentes ya hayan sido destruidas.
La Ley General de Archivos especifica un plazo determinado en el que un documento del gobierno debe ser conservado y luego desechado y/o destruido. De acuerdo con la ley, solo los archivos con valor histórico deben ser conservados por tiempo indefinido, dicha categoría es absolutamente discrecional. Cada oficina de gobierno unilateralmente establece su “Catálogo de Disposición Documental”, el cual es un complicado proceso burocrático y discrecional ya que lo decide un comité por cada secretaría de estado.
Por ejemplo, en una revisión hecha al catálogo vigente en la Secretaría de la Función pública los plazos para conservar o no documentos son absolutamente variables, van de 3 a máximo 15 años. He hecho solicitudes de información usando la Ley Federal de Transparencia solicitando al actual gobierno federal documentación correspondiente a gobiernos anteriores, y he llegado a tener como respuesta que el documento ya no existe porque prescribió la obligación de conservarlo.
Este tema de la inexistencia de archivos y pruebas tampoco ha sido tratado por AMLO ni su partido, acrecentando falsas expectativas a la sociedad.
Cinco. Si el gobierno de AMLO y su partido estuvieran interesados en la justicia comenzarían por su propia casa. Ya no mencionaré el caso del gobernador electo en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, candidato de Morena, Partido Sinaloense (PAS) quien ganó con el apoyo del Cartel de Sinaloa en un acuerdo preestablecido.
Comenzar en la propia casa
En la propaganda para la “consulta popular” relacionada con Felipe Calderón, uno de los carteles coloca la frase “Narcogobierno” tapando sus ojos. Yo sería la última en refutar eso, pero sería un buen ejemplo para Calderón que AMLO comenzara con Rocha Moya.Independientemente de ese caso, hay dos que son más fáciles de ayudar a resolver.
El desafuero de dos diputados federales: Saúl Huerta de Morena, acusado por un niño de abuso sexual; y el de Mauricio Toledo, del Partido Verde Ecologista aliado indispensable de AMLO y los diputados de su partido, acusado de enriquecimiento ilícito y corrupción.
Gracias a la falta de voluntad de Morena para agilizar el trámite y convocar a un periodo extraordinario en el Congreso para que se apruebe el desafuero y puedan ser investigados y juzgados, los dos diputados gozan de impunidad y sus puestos como legisladores.
No se requeriría una consulta popular para desaforarlos, solo la voluntad del presidente que puede ordenar a su bancada de diputados de su partido. No la hay, evidentemente.
El peligroso abuso de la demagogia
La consulta le sirve a AMLO para echar más gasolina al fuego de la confrontación y polarización, es una grandísima ópera de juegos pirotécnicos con muchos destellos y poca sustancia: panem et circenses.Y si bien es cierto que al presidente y su 4T les conviene que la gente esté más preocupada en un pasado que en realidad no hay voluntad real de someter a juicio, que en un presente que sí es posible juzgar, es una navaja de doble filo abusar del circo.
Tras el paso de los últimos cinco terribles expresidentes hay algo que la sociedad al menos ha aprendido: no es fácil engañarlos eternamente. El circo de la consulta popular no borra la realidad que viven las familias en Magdalena de Kino, Sonora, abandonadas por el gobierno federal, y asediadas por una batalla campal entre grupos de la delincuencia organizada.
Tampoco se borran los más de 45 periodistas asesinados impunemente durante el mandato de AMLO. Los más de 19 mil desaparecidos, no en los sexenios pasados sino en este. Los abusos y violaciones graves a derechos humanos del Ejército y la Guardia Nacional hoy, no solo con otros expresidentes, también con la 4T. Los pobladores de Aguililla, Michoacán, tampoco olvidarán que el control del crimen organizado con la complicidad u omisión del gobierno federal no es cosa sólo del pasado sino también del presente. Los feminicidios, los muertos, etc.
El perverso efecto que impulsa el actual gobierno de mirar siempre atrás es que en algún momento esta administración termine sin que la ciudadanía reclame por las injusticias del presente y llegue el punto que las deficiencias, omisión, corrupción, abuso de autoridad y omisiones de la actual administración ya no puedan ser juzgados. Los cientos de miles de victimas en México merecen justicia, no la simulación de esta. La consulta popular no es solo ofensiva a la inteligencia, sino sobre todo es ofensiva para las víctimas.
