Una reforma que integre al sistema financiero al del resto del mundo no se enfrenta a una oposición firme por parte de grupos de presión organizados y/o dispuestos a cometer actos de violencia. Quizás los únicos que se opondrían algunas instituciones financieras que preferirían mantenerse protegidas de la competencia extranjera y un grupo reducido de burócratas. Pero estos hoy no constituyen una oposición importante. Los recaudadores de impuestos y quienes temen la fuga de dólares, no deberían oponerse pues fomentaría toda una nueva industria de servicios financieros de exportación.
Esta reforma es mucho más sencilla y posible que, por ejemplo, una reforma laboral o de la seguridad social.
El impacto fiscal no es menor dado que abrir el sector financiero implica eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que recaudó en su punto máximo en 2019 $1.271 millones. Pero justo este mes que el gobierno está renegociando su acuerdo con el FMI, bien podría fijarse como meta esta reforma y pedir ayuda para solucionar este hueco temporal.
Ecuador hoy se ubica en el quintil de países con el peor puntaje en el Índice de Desarrollo Financiero del FMI. Su puntaje de 0,16 —en una escala donde 0 es el peor puntaje y 1 el máximo— está por debajo del promedio del hemisferio occidental. Esta calificación se ha mantenido prácticamente igual desde 1980. Panamá, en cambio, hoy se ubica por encima del promedio regional con un puntaje de 0,41 y ha mejorado considerablemente su posición desde 2003 cuanto obtenía un mero 0,23. Pero todavía se encuentra en el quintil medio, mientras que Singapur, por ejemplo se encuentra en el quintil más alto con un puntaje de 0,74.
El Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá puede servir como un modelo a seguir. Este contiene dos sistemas paralelos: los bancos de licencia general agrupados en el Sistema Bancario Nacional (SBN) y los bancos de licencia internacional. Los bancos del SBN operan como agentes económicos de residencia panameña y pueden financiarse en los mercados internacionales o de los bancos comerciales extranjeros, más no de los bancos con licencia internacional. Estos últimos operan solo con personas y empresas no residentes en Panamá.
Una vía sería adoptar una legislación que nos dirija en ese camino. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política presentó el año pasado a la Asamblea un proyecto de ley con ese objetivo en mente.
Otra vía sería quizás homologar nuestra legislación a aquella de Panamá o Singapur, permitiendo que surja un sistema paralelo al nacional, regulado por aquellas normas que existen en esos centros financieros.
Conviene también adaptarnos a la revolución que ya se está dando con las FinTech. Para ello podría servir el ejemplo de los múltiples proyectos de regulaciones “sandbox” que permitirían experimentar a nivel local o regional con emprendimientos financiados con capital semilla nacional y/o extranjero que pueda satisfacer una demanda de servicios financieros de bajo costo que hasta ahora no ha ofrecido la banca. La prueba de que esto existe, sobre todo en países con modelo de represión financiera, es el sorprendente y súbito éxito de David Vélez con Nubank en Brasil, empresa que ahora está co-liderando una inversión de $45 millones en la FinTech Jupiter de India.
