El 12 de agosto de 2021 será una fecha emblemática en materia de derechos humanos en Venezuela, luego de que la Corte Penal Internacional confirmara que existen evidencias suficientes para investigar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. La activación de la investigación formal tal como se espera constituirá un antes y un después en la historia del país
El 12 de agosto de 2021 será una fecha emblemática en materia de derechos humanos en Venezuela. Ese día la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó que existen evidencias suficientes para investigar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad; y, sin duda lo más importante, que estos crímenes deben ser investigados por este tribunal internacional con sede en La Haya, Holanda, debido a la “inacción” del sistema judicial venezolano.
Por razones sobre las que ella, en algún momento le tocará dar explicaciones, la fiscal saliente de la CPI, Fatou Bensouda, entregó un informe el 15 de junio, un día antes de la asunción de su sucesor en el cargo, el británico Karim Khan. La gambiana, antes de que concluyera su mandato, no dio el paso para que se activara el proceso formal contra el régimen de Nicolás Maduro, tal como se estaba esperando.
Al divulgarse este informe de hace dos meses, queda el camino abierto para que el nuevo fiscal debute abriendo un procedimiento formal que involucrara a Maduro en su condición de jefe de Estado, así como seguramente a los ministros Vladimir Padrino (Defensa) y Néstor Reverol (aunque ahora ya no esté al frente del ministerio del Interior) por sus responsabilidades en la represión, tortura, encarcelamiento injustificado, abuso sexual de detenidos, entre otros delitos.
CPI
Aunque haya optado por retirarse sin decirlo ella misma, Bensouda en su informe concluye –sin ambages- que existe evidencia suficiente para investigar a los gobernantes de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. La ausencia de respuesta institucional interna, ante estos hechos, le da soporte justamente a la CPI para que actuar. La inacción deja en evidencia que no hay justicia en el país.
«La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad” en Venezuela.
El documento responsabiliza de los delitos descritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
El largo camino a La Haya comenzó hace tres años, con una primera solicitud que hicieran seis Estados del continente. En septiembre de 2018, en un hecho inédito en la historia de este órgano, seis estados americanos y miembros de la Corte Penal Internacional solicitaron que se abriera una investigación sobre las violaciones masivas y repetidas a los derechos humanos en Venezuela. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú fueron los países que activaron el procedimiento en La Haya. Luego se sumó Francia.
A esta activación de la justicia internacional contribuyó lo que fue el demoledor informe de la Misión de Verificación de los Hechos. En septiembre de 2020, se dio a conocer este informe de una misión de designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019. Este informe elaborado por expertos independientes concluyó que sí existían patrones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En El Estímulo publicamos una serie de artículos sobre los casos emblemáticos reseñados en este informe.
El año pasado, el Consejo de DDHH en Ginebra renovó por dos años más (2020-2022) el mandato de la Misión de Verificación de los Hechos. Todo apunta a que esta documentación recabada por tres expertos independientes, sin poder ingresar a Venezuela dado que el régimen se los prohibió, han sido y serán insumos para la Corte Penal Internacional.
Los tiempos de la justicia internacional son lentos, los procesos son dilatados, y recién ahora se ven señales que apunten a un establecimiento de responsabilidades en las violaciones a derechos humanos que se han registrado en Venezuela. Es un paso importante, sin duda, pero no deben esperarse decisiones concluyentes en el corto plazo. Es largo el camino a La Haya.
Más allá de lo que termine ocurriendo, ya en sí este informe suscrito por Bensouda, quien en el pasado mostro cierta simpatía por el chavismo, constituye un punto de inflexión en el cómo la comunidad internacional percibe lo que ocurre dentro del país.
Bensouda sostuvo que la fiscalía encontró patrones de crímenes de lesa humanidad en casos de “encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”. Seguidamente, aclara que en el curso de la investigación podrían sumarse otros delitos. Es decir, la investigación sobre la existencia de crímenes de lesa en Venezuela, durante el gobierno de Maduro, podrá ampliarse en la medida en que se desarrolle este proceso.
No habrá un juicio a la vuelta de la esquina, de hecho, aún no se ha determinado si tal cosa ocurra, pero la activación de la investigación formal tal como se espera por parte de la Fiscalía constituirá un antes y un después en la historia de Venezuela y en la historia internacional de los derechos humanos.
La evaluación de lo que ocurre en Venezuela ya no será igual.
Andrés Cañizález – El Estímulo
