El viacrucis de la sociedad venezolana tendrá una nueva estación en la Ciudad de México, donde el Reino de Noruega y demás países de la comunidad internacional, han impulsado una mesa de negociación entre los representantes de la dictadura comunista y una de la oposición política de nuestro país. Es la décima primera mesa o encuentro que se realiza para buscar soluciones políticas y democráticas a la tragedia, cada día más dramática, que padecemos los venezolanos.
Las anteriores jornadas han evidenciado la falta de seriedad y verdadera voluntad política de la cúpula roja en restituir los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los diálogos y mesas de negociación cumplidas han sido estrategias para confundir a la opinión pública, burlar las buenas intenciones de la sociedad democrática y de la comunidad internacional, ganando tiempo para profundizar el modelo autoritario de inspiración marxista que nos han impuesto.
Por eso esta nueva mesa de negociación se produce en medio del escepticismo generalizado de la ciudadanía venezolana, y mínima expectativa de importantes sectores de la comunidad internacional. A pesar de esas circunstancias el Reino de Noruega, con el respaldo de la Unión Europea, ha venido insistiendo una y otra vez, con ocasión y sin ella, en la conveniencia de retomar el camino de la negociación para construir una solución que nos retorne a la democracia, a la paz y a la prosperidad.
Para la oposición articulada en la llamada plataforma democrática resultaba muy complejo no aceptar la invitación de los promotores, sobre todo, si la misma tiene el aval de los principales países que nos respaldan en nuestros justos reclamos. La dictadura por su parte está acorralada y aislada en el mundo occidental. Sufre un creciente proceso de ingobernabilidad caracterizado por la profundización de la tragedia humanitaria, para cuya atención carece de suficientes recursos y personal.
Las sanciones económicas al gobierno y las personales, aplicadas a una parte significativa de la nomenclatura oficial, así como los procesos de los organismos internacionales (ONU, CPI) sobre corrupción y derechos humanos, les están generando una situación que buscan aminorar o negociar. Por ello el régimen de Maduro concurre a la cita de México.
Por supuesto que no me hago grandes expectativas respecto de una negociación exitosa en términos globales para la sociedad democrática y para la nación toda. El memorándum firmado y dado a conocer a la opinión pública contiene un marco conceptual y una agenda temática en la cual caben muchas interpretaciones y opciones frente al conflicto.
De entrada, se pone de manifiesto una omisión de la existencia del gobierno interino. El acuerdo no lo firman los dos gobiernos, el interino que encabeza Juan Guaido, y el que ejerce poder y autoridad en el territorio nacional, encabezado por Nicolás Maduro. El documento acepta que en Venezuela solo hay un gobierno, con lo cual partimos de la base que el G4 ha decidido cerrar el capítulo del gobierno interino. Ya eso de entrada constituye un logro de especial importancia para el madurismo.
Esa concesión de la delegación, de la llamada plataforma democrática, sería útil si al final del proceso se logra un acuerdo para resolver de forma perentoria la crisis política, que al fin y al cabo, es la causa principal de la tragedia humanitaria. El documento firmado no tiene límite en el tiempo. Ello constituye una desventaja para nuestra sociedad, urgida como está del cambio político. Es muy importante fijarse unos plazos razonables para que se produzca el acuerdo global.
Soy de los ciudadanos y dirigentes políticos venezolanos que lucha por una solución electoral y constitucional razonable y ejecutable en el mediano plazo. Y cuando hablo del mediano plazo estoy pensando en una solución electoral en el primer semestre del próximo año a más tardar. Para Maduro y su camarilla “lo constitucional” es que se le acepte como presidente legítimo y sin objeciones hasta el fin del periodo en marcha, es decir hasta el 10 de enero del 2025.
Tengo la impresión que hay algunos actores en el campo de la oposición, que pensando en sus proyectos personales, están en el fondo sin declararlo formalmente, considerando como buena la tesis de dejar correr la arruga y no poner toda la presión para una solución de mediano plazo.
Aceptar la tesis de que Maduro llegue sin objeción hasta el 2025, colocando en el calendario electoral la elección presidencial para diciembre del 2024, sería una grave traición a una nación que muere de mengua. Puede que algunos de los actores de la oposición política estén en condiciones de vivir cómodamente, aun en el exilio, hasta esa fecha, cuando ellos consideran estarán mejor colocados para afrontar un proceso electoral presidencial.
Tres años más de Maduro en el poder, sin la seguridad de que pueda desplazase en diciembre del 2024, serán de muerte y desolación para un segmento significativo de nuestra población. Prorrogar ese mandato significa la huida de otro millón de compatriotas de nuestro territorio, así como la muerte de miles más por el caos sanitario en el que estamos inmersos.
Las anteriores consideraciones se desprenden de la simple lectura de los siguientes considerandos del documento firmado el pasado Viernes 13 de Agosto. De él extraigo los siguientes puntos, relativos a los principios que orientarán la mesa:
“Bajo el amparo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
“Dispuestos a acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales.”
El gobierno alegará que los procesos electorales para la presidencia será en 2024 y el de la AN será en 2025. De esa forma evade una elección presidencial y parlamentaria en los próximos meses.
Lo que no puede negar es el Referéndum Revocatorio porque está en la constitución. En consecuencia, si la dictadura cierra el camino a las necesarias elecciones presidenciales y parlamentarias, queda en la caja de herramientas políticas y jurídicas el Referéndum Revocatorio. No podrán los delegados de Maduro negar su pertinencia constitucional, y por lo tanto la oposición debe exigir que se desarrolle el principio citado de “acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales.”
