Allí están sentados la dictadura de Nicolás Maduro y sus acólitos: en el banquillo de la Corte Penal Internacional (CPI) que, como sabemos, es un tribunal de última instancia para el enjuicimiento de crímenes graves internacionales, creado por el Estatuto de Roma, concluido en esa ciudad el 17 de julio de 1998, aprobado por el Congreso de la República de Venezuela por ley del 7 de diciembre de 1999, promulgada por el Ejecutivo Nacional el 13 de diciembre del año 2000.
Desde febrero de 2018, la situación de Venezuela ha estado siendo objeto de un examen preliminar por parte de la Fiscalía de la CPI para determinar si resulta procedente que la Corte abra una investigación formal. En diciembre de 2020, la Fiscalía comunicó que, con base de la información que para entonces tenía disponible (denuncias por los Estados partes Canadá, Chile, Perú, Paraguay, Colombia y Argentina; además,informes elaborados por la ONU y por la OEA), había encontrado motivos “razonables” para creer que en Venezuela se habían cometido, al menos desde abril de 2017, crímenes de lesa humanidad, por autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno, y, a la vez, indicó que continuaría evaluando la situación.
El pasado 10 de agosto, se publicó un informe de fecha 15 de junio de 2021 (Fatou Bensouda estaba entonces en ejercicio del cargo de Fiscal que, al día siguiente, 16 de junio, pasa a manos del nuevo fiscal Karim Khan) en el que la ex-fiscal da por concluido el examen preliminar, ratifica que “existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad”, pero lo novedoso y no menos importante, como lo señala el director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, es que se cumplió con el principio (o requisito o criterio) de complementariedad, conforme al cual si los tribunales nacionales no han investigado y judicializado a los responsables de estos crímenes, ante tal inacción, actúa la Corte Penal Internacional. En efecto, en ese informe de Fatou Bensouda se concluye que las autoridades venezolanas “no están realmente dispuestas a investigar o enjuiciar esos casos”, además de advertir que ha habido procedimientos internos que buscaban “proteger a las personas de la responsabilidad penal”. No hay que olvidar que se ha pedido que se investigue y se enjuicie a todos los responsables de esos delitos, con inclusión no solo de sus perpetradores, sino también de quienes integran la cadena de mando, a todos los niveles, que permitieron su realización.
Se está en espera de que el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, decida si se abre y se pasa a la fase de investigación formal, para lo cual no hay un plazo predeterminado; podría o no anunciar esa decisión en diciembre, cuando debe entregar su informe anual de actuaciones. De concretarse esa investigación formal, sería la primera en América Latina desde que en 1998 se creó la Corte Penal Internacional.
Aún cuando la oposición y todos los sectores democráticos han celebrado el demoledor informe de la ex-fiscal Fatou Bensouda, hay que tener presente lo que escribió Fernando Rodríguez, ex-director de la Escuela de Filosofía de la UCV, en su interesante artículo publicado en Tal Cual el día 15 de este mes de agosto: “No hay que hacerse muchas ilusiones sobre los resultados concretos de la acción emprendida por la CPI, ver a unos cuantos de los criminales con esposas o tras rejas. Su tiempo es lento, lentísimo…De todos modos, es una contundente pieza para evidenciar ante el mundo la criminalidad del régimen de Maduro, que ya compite por ser de los más apestosos dictadores del planeta”.
Paso de avance, es paso de avance. En el banquillo de la CPI siguen sentados los jerarcas del régimen y su cadena de mando…y están asustados porque saben que Karim Khan puede decidir el pase a la investigación formal para que el proceso continúe.
Allí están sentados la dictadura de Nicolás Maduro y sus acólitos: en el banquillo de la Corte Penal Internacional (CPI) que, como sabemos, es un tribunal de última instancia para el enjuicimiento de crímenes graves internacionales, creado por el Estatuto de Roma, concluido en esa ciudad el 17 de julio de 1998, aprobado por el Congreso de la República de Venezuela por ley del 7 de diciembre de 1999, promulgada por el Ejecutivo Nacional el 13 de diciembre del año 2000.
Desde febrero de 2018, la situación de Venezuela ha estado siendo objeto de un examen preliminar por parte de la Fiscalía de la CPI para determinar si resulta procedente que la Corte abra una investigación formal. En diciembre de 2020, la Fiscalía comunicó que, con base de la información que para entonces tenía disponible (denuncias por los Estados partes Canadá, Chile, Perú, Paraguay, Colombia y Argentina; además,informes elaborados por la ONU y por la OEA), había encontrado motivos “razonables” para creer que en Venezuela se habían cometido, al menos desde abril de 2017, crímenes de lesa humanidad, por autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno, y, a la vez, indicó que continuaría evaluando la situación.
El pasado 10 de agosto, se publicó un informe de fecha 15 de junio de 2021 (Fatou Bensouda estaba entonces en ejercicio del cargo de Fiscal que, al día siguiente, 16 de junio, pasa a manos del nuevo fiscal Karim Khan) en el que la ex-fiscal da por concluido el examen preliminar, ratifica que “existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad”, pero lo novedoso y no menos importante, como lo señala el director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, es que se cumplió con el principio (o requisito o criterio) de complementariedad, conforme al cual si los tribunales nacionales no han investigado y judicializado a los responsables de estos crímenes, ante tal inacción, actúa la Corte Penal Internacional. En efecto, en ese informe de Fatou Bensouda se concluye que las autoridades venezolanas “no están realmente dispuestas a investigar o enjuiciar esos casos”, además de advertir que ha habido procedimientos internos que buscaban “proteger a las personas de la responsabilidad penal”. No hay que olvidar que se ha pedido que se investigue y se enjuicie a todos los responsables de esos delitos, con inclusión no solo de sus perpetradores, sino también de quienes integran la cadena de mando, a todos los niveles, que permitieron su realización.
Se está en espera de que el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, decida si se abre y se pasa a la fase de investigación formal, para lo cual no hay un plazo predeterminado; podría o no anunciar esa decisión en diciembre, cuando debe entregar su informe anual de actuaciones. De concretarse esa investigación formal, sería la primera en América Latina desde que en 1998 se creó la Corte Penal Internacional.
Aún cuando la oposición y todos los sectores democráticos han celebrado el demoledor informe de la ex-fiscal Fatou Bensouda, hay que tener presente lo que escribió Fernando Rodríguez, ex-director de la Escuela de Filosofía de la UCV, en su interesante artículo publicado en Tal Cual el día 15 de este mes de agosto: “No hay que hacerse muchas ilusiones sobre los resultados concretos de la acción emprendida por la CPI, ver a unos cuantos de los criminales con esposas o tras rejas. Su tiempo es lento, lentísimo…De todos modos, es una contundente pieza para evidenciar ante el mundo la criminalidad del régimen de Maduro, que ya compite por ser de los más apestosos dictadores del planeta”.
Paso de avance, es paso de avance. En el banquillo de la CPI siguen sentados los jerarcas del régimen y su cadena de mando…y están asustados porque saben que Karim Khan puede decidir el pase a la investigación formal para que el proceso continúe.
