En la nueva etapa de diálogos que se ha abierto entre el régimen y los opositores en México, lo central y decisivo, aunque quizás todavía no aparezca en el primer plano mediático, es la urgentísima reparación de la deuda de acatamiento a la legalidad que tienen con el pueblo venezolano quienes han ejercido el poder durante 22 años fuera del cauce de la Constitución y las leyes.
La gran deuda del chavismo con la democracia venezolana es la del retorno al Estado de derecho, es la del cese de una conducta que, a todas luces, ha configurado delitos en serie y que ha barrido con la fe del venezolano en las instituciones, las leyes y, trágicamente, en el poder del voto.
Asaz evidente que la ceguera ocasionada por el delirio «idológico» no ha dejado en pie una institución en Venezuela que pueda cumplir con sus deberes constitucionales y, por tanto, pueda ser actuar en beneficio del interés público y ser merecedora del respeto de la ciudadanía.
El más mínimo inventario nos dice que el Tribunal Supremo de Justicia y el sistema judicial en su conjunto —la Fiscalía General, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y otros órganos concomitantes de los poderes constitucionales, etc—, superan en devaluación a nuestro pulverizado signo monetario. Los propios órganos surgidos de elecciones recientes, como la Asamblea Nacional, tampoco reciben la credibilidad ni la confianza de la población, como no las recibió aquella constituyente espuria de vergonzosa disolución.
Todo ello, sumado a la gran devastación de los sectores público y privado de la economía desata, no ya la tormenta perfecta de la que tanto se ha hablado, sino la concreción a mediano plazo del suicidio como república, la disolución y el camino seguro hacia la anarquía, de la cual ya hay visos. La inviabilidad de Venezuela como país.
En la causa primigenia de todos nuestros males está la decisión del difuntísimo caudillo y sus camaradas, de dentro y de fuera, de hacerse eternamente con el poder, desaparecer la alternancia en la conducción del Estado, signo distintivo de la autocracia criolla y perversión de la cual Cuba sigue siendo ese demencial paradigma que ahora copia al carbón Daniel Ortega en Nicaragua.
Se infiere que cuando en la agenda mexicana está previsto discutir el «respeto al Estado constitucional de derecho» no es un punto a negociar. De ninguna manera. Se trata de que el oficialismo acepte —en su fuero interno si lo desea, no hace falta que se humille— que la conducta que ha mantenido hasta ahora es intolerable y que, tras ello, se comprometa a dar marcha atrás en sus propósitos de perpetuación, para lo cual se ceñirá estrictamente, hoy y de aquí en adelante, al marco constitucional.
Esa ruta debe comenzar, obviamente, por lo electoral y en lo inmediato se trata entonces de respetar —no a ceder, porque no son suyas— no únicamente las garantías para unas elecciones democráticas regionales sino para las que se efectúen en todo tiempo y lugar, sea para la renovación de los poderes como para poner fin al ejercicio del poder por parte de Maduro mediante un referéndum revocatorio, si así se propusiera.
Ese propósito enunciado en la agenda de México puede ser sometido prontamente a lo que llamaríamos «la prueba del ácido».
Y es nada menos que la normativa que está proponiendo el rector del CNE, Enrique Márquez, para evitar que los medios de comunicación públicos y privados mantengan una actuación equilibrada frente a candidatos y partidos. No el desmadre diario de abuso de poder que vemos cotidianamente en VTV y otra decena de canales por parte de Maduro, Cabello y otros. Eso no puede continuar si de verdad queremos elecciones sin el ventajismo obsceno que venimos padeciendo. Ya basta.
El propósito lo sabemos de sobra: Avanzar sin tanta prisa, pero también sin pausa.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP – @goyosalazar
