En las primarias del PSUV realizadas el 8 de agosto, el gobierno escogió sus candidatos, mientras que la oposición sigue dividida en varios bloques y no termina de postular candidaturas unitarias. En Venezuela, las oposiciones son varias y por esa razón no se puede seguir hablando de una polarización política extrema. Si se impone el sector de la oposición abstencionista –argumentando falta de condiciones electorales o exigiendo que se convoquen primero las presidenciales–, esto allanará el camino para que el oficialismo, con un precario apoyo del 25%, logre ganar la mayoría de los cargos en disputa.
El deterioro de las condiciones electorales ha sido la maniobra del gobierno para provocar una creciente abstención. Pero también la falta de garantías ha sido utilizada por la oposición como un pretexto para no participar ante su incapacidad de llegar a acuerdos unitarios que le permita derrotar a los candidatos oficialistas.
Un gobierno autoritario –que prolonga su esperanza de vida gracias a la abstención– no va a otorgar todas las condiciones electorales que se le exigen. Procurará empañar el proceso electoral para inducir la mayor abstención posible. Pareciera, entonces, que no se pueden esperar condiciones electorales ideales y quienes decidan postularse tendrán que prepararse para competir en condiciones bastante alejadas de los estándares internacionales.
La lucha de los partidos de la oposición se enfoca en mejorar las condiciones electorales y restituir sus derechos políticos, más que en la reivindicación de los derechos sociales de la gente. Los partidos elevan su voz para denunciar la persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de sus dirigentes, denuncian el uso de la inhabilitación política para sacar de la contienda a candidatos ganadores, cuestionan la ilegalización de partidos y el despojo de siglas y símbolos para entregárselos a disidentes que le hacen el juego al gobierno. Pareciera que la principal preocupación de la oposición es denunciar el ventajismo oficialista, su abuso en la utilización de los medios públicos a favor de sus candidatos, el financiamiento de sus campañas electorales con dineros de la nación, y el aprovechamiento de la logística del Estado para movilizar a sus seguidores el día de las votaciones. Todas estas denuncias y demandas son de mucha relevancia e interés, pero lo son sobre todo para los partidos y sus aspirantes a gobernadores, alcaldes, diputados o concejales, y no tanto para una población azotada por la escasez, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y la inseguridad.
Los electores tampoco se sienten estimulados a votar cuando escuchan el torneo de insultos y descalificaciones entre dirigentes políticos y candidatos que se mantienen de espalda a las necesidades de la gente. Para estimular a votar, los partidos tienen que postular buenos candidatos y llegar a acuerdos unitarios que conviertan la victoria electoral en una meta alcanzable. Aunque el nuevo CNE ejecute un arbitraje institucional y mejore las condiciones electorales para celebrar unos comicios competitivos –a tono con los estándares internacionales–, si los candidatos que aspiran a ser gobernadores y alcaldes son unos mediocres, unos impresentables, con una oferta electoral poco atractiva, los electores no se sentirán estimulados a votar. Sin lugar a dudas, los tránsfugas y malos candidatos representan una amenaza para recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la ruta electoral.
La causa común de los factores democráticos es recuperar la confianza en la institución del voto, retomar la ruta electoral y no seguir regalando espacios de resistencia y lucha institucional. La abstención electoral ha demostrado su ineficacia para provocar los cambios políticos que el país exige y, por el contrario, ponen a ganar a los candidatos del gobierno.
En las municipales de 2017, la abstención trajo como consecuencia que el PSUV ganara 306 alcaldías de un total de 335. Los partidos opositores que participaron obtuvieron apenas 29 alcaldías. Lo mismo ocurrió con las elecciones de concejos municipales de 2018, en las que el oficialismo ganó el 76% de los 2.459 cargos de concejales.
Los partidos políticos que intentan liderar el malestar nacional están emplazados a superar sus contradicciones internas. Pequeños partidos sin maquinaria no lograrán un porcentaje de aceptación significativo y perderían ante los candidatos del gobierno. Las candidaturas simbólicas de una oposición electoral dividida terminarían demolidas por una matriz de opinión impuesta por la oposición abstencionista y extremista que los acusa de colaboracionistas y cómplices del régimen. O las oposiciones participan con candidatos unitarios para capitalizar electoralmente el malestar nacional o están condenados a perder ante los candidatos del gobierno a pesar del enorme rechazo que tienen entre los electores.
Si bien es cierto que las condiciones electorales son muy desventajosas, estas no anulan las favorables condiciones políticas derivadas de un 80% de rechazo al gobierno y sus candidatos.
Si la oposición participa con candidatos unitarios y una estrategia de movilización y defensa del voto, podrá obtener un contundente triunfo que tendrá el efecto de un plebiscito y será interpretado como el clamor de la soberanía nacional para activar el referendo revocatorio a partir del 10 de enero de 2022, única vía constitucional para adelantar la elección presidencial. Pero si el 21 de noviembre un gobierno que sufre semejante rechazo logra ganar la mayoría de las gobernaciones, alcaldías, diputados regionales y concejales, el país descontento se sentiría derrotado y desmoralizado, y sería una irresponsabilidad de los partidos de la oposición plantear el referendo revocatorio que llevaría a una nueva derrota.
Economista. Investigador/consultor. Premio Nacional de Ciencias – @victoralvarezr
