Menos de dos meses tardó Nicolás Maduro en poner en duda su compromiso de no volver a incurrir en el desafuero de nombrar los tristemente célebres «protectores» de estados, esos peleles con los cuales el chavismo ha desconocido la voluntad popular que en su momento eligió gobernadores o alcaldes distintos a los candidateados por el oficialismo.
Esa práctica ha sido una de las violaciones más graves y grotescas a la Constitución y a la legislación electoral, una burla cínica en grado superlativo a la población y frente a la cual anteriores directivas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y otras instituciones guardaron cómplice y borreguil silencio.
En las últimas elecciones no le importó a Maduro haberse hecho con todas menos cuatro gobernaciones —unas por las buenas y otras por las malas— para, de igual manera, colocar a los nefastos e incapaces «protectores» que, en algunos casos, llegaron a ser los mismos sujetos revolcados en los comicios. Son nulos, a pesar de que son ellos los que reciben los recursos económicos que deberían entregarse a los legítimos gobernadores. La AN del 2015 también tuvo así su «protectora» en la tristemente célebre constituyente disuelta sin cumplir objetivos ni dar explicaciones.
Se pierde, pero se arrebata. Es la conducta necesaria para seguir propalando el mensaje de que la «revolución» es infalible, invencible y, por ende, continúa invicta. A contrapelo, claro, de las decisiones del «soberano», otrora tan ponderado por Chávez antes de terminar de quitarse la careta para dejar ver sin afeites su rostro de autócrata.
Pero no estoy diciendo todo esto para desencantar a quienes acertadamente ya tomaron la decisión de votar en las próximas elecciones regionales o están meditando seriamente sobre la posibilidad de hacerlo. Todo lo contrario, el anuncio de Maduro de considerar mantenerse en los despojos electorales no es necesariamente una mala noticia.
Si Maduro ha leído las recientes encuestas, sean las suyas o las de otros, ya debe estar plenamente enterado de que, desde antes de instalarse los diálogos en México, era mayoritaria y sobre todo creciente la mayoría de la población —que condena su gestión en casi 90%— a participar en las venideras elecciones del 21 de noviembre. El pánico invade Miraflores.
Una mayoría creciente está convencida de que combatir al chavismo en todos los tableros, sin regalarle el frente interno, es una siembra que terminará fructificando con el desalojo del poder de la dictadura. Eso implica construir políticas, impulsar la participación y comenzar a organizarse desde ya para otras mediciones electorales, dígase referéndum revocatorio o elecciones presidenciales.
Por supuesto, eso no bastará si el grueso de la oposición no actúa de manera unida, coherente y con diligencia para convertirse en una verdadera opción electoral que comience a reorganizar sus fuerzas para un eventual referéndum o en las propias presidenciales. De lo contrario cualquier meta se tornará demasiado cuesta arriba.
La duda expresada por Maduro, sobre si volverá o no a designar a sus «protectores», es una conducta insólita e inaudita. ¿Cómo osa hacer una afirmación de ese tipo y, simultáneamente, discutir en una mesa de diálogo (¡asistida por gobiernos extranjeros!) sobre dar derechos y garantías políticas para todos, respeto al Estado constitucional de derecho y convivencia política y social? Ni un ápice de escrúpulos.
Maduro camina sobre el filo de la navaja: abrir una hendija política a los opositores para que, a cambio, actores foráneos le abran los ventanales que le den supervivencia económica y permanencia en el poder.
Un juego maquiavélico, un frágil equilibrio que puede ser roto con la organización y la participación popular, tomando las elecciones regionales no como un hecho puntual y aislado sino como un proceso que se está echando a andar de manera decidida y vigorosa, desde ahora mismo hasta convertirlo en un in crescendo indetenible e invencible.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP – @goyosalazar
