El tribunal mixto de Aruba, Curazao, Sint Maarten y Bonaire, San Eustaquio y Saba desestimó la apelación formulada por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus subsidiarias Isla y Refinería Isla contra una decisión de primera instancia que los obliga a cancelar las deudas adquiridas por la operación de la Refinería de Curazao (RdK), hasta diciembre de 2019.
La sentencia fue emitida por el magistrado Edward van der Bunt, y ratificada por los otros dos jueces de este tribunal, que actuaba en funciones de casación, en atención a una audiencia celebrada el 18 de mayo. El documento correspondiente fue dado a conocer este lunes 30 de agosto, informa el portal Crónicas del Caribe.
Básicamente, la estatal venezolana e Isla exigían la anulación de una sentencia emitida en primera instancia a principios de 2020, por una parte, y por la otra que fuese admitida la reclamación de indemnización por daños y perjuicios derivados del cese abrupto del arrendamiento, que le permitía a Pdvsa Isla operar el complejo refinador de crudo en Curazao, así como un terminal de aguas profundas en el sector conocido como Bullenbaai.
Según los documentos del juicio, el complejo refinador propiedad del gobierno curazoleño fue arrendado a Pdvsa en 1994. Al año siguiente, la petrolera estatal venezolana transfirió los derechos como inquilino a una compañía formada para tal fin, Isla SA.
En 2000, fue prorrogado el arrendamiento hasta el 31 de diciembre de 2019. Según este contrato, la petrolera venezolana se comprometía a pagar a Curazao 20 millones de dólares anuales, y se hacía “solidariamente responsable” por las deudas adquiridas por la subsidiaria Isla.
El 30 de diciembre de 2019, Curazao reclamó su derecho a la “rescisión especial” del contrato con Isla, y le exigió a la empresa la cancelación de 100 millones de dólares. Parte de esa deuda fue cobrada directamente por RdK, contra las existencias de petróleo crudo y productos terminados, que estaban almacenados en el terminal de Bullenbaai.
Según la agencia Reuters, este complejo estaba inactivo desde 2018. En marzo de 2020, el gobierno curazoleño llevó a cabo la ocupación de las instalaciones.
Aunque la sentencia de casación favorece ampliamente a RdK, hubo algunos aspectos reconocidos en favor de Isla. Uno de ellos se refiere a la imposibilidad de cobrar intereses de mora por las cuotas de arrendamiento correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2019.
Cada mensualidad, de 1,66 millones de dólares, fue debidamente pagada con cheques contra cuentas en el Girobank, pero RdK no pudo hacerlos efectivos pues la entidad bancaria entró en emergencia.
La corte reconoció en su sentencia que los trabajadores del complejo cambiaron de patrono, y que en la actualidad responden a la Curacao Refinery Utilities BV, una subsidiaria de RdK. En la práctica, 500 personas pasan a laborar para el gobierno de la isla. Parte de los pasivos laborales será cancelada con la venta del crudo y los derivados que estaban en el muelle
Con esta sentencia, sin embargo, Isla suma una nueva deuda, pues deberá pagar unos 28.130 florines (15.623 dólares) por costas procesales y abogados.
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