En el corto plazo todas las economías experimentan fluctuaciones de la producción y el desempleo denominadas ciclos económicos.
La fase del ciclo que describe un crecimiento del producto interno bruto (PIB) y una reducción del desempleo se llama fase expansiva de la economía; en cambio, cuando el PIB comienza a caer y el desempleo a subir se está en presencia de una fase recesiva.
Cabe observar que si en la trayectoria expansiva el PIB efectivo supera al PIB potencial de la economía pueden presentarse señales de desestabilización, expresadas en mayor inflación causada por aumentos de salarios. Por su parte, en la fase recesiva, cuando el PIB efectivo está en descenso, la desestabilización se manifestará por un crecimiento del desempleo.
En la actualidad cualquier economía industrializada que registre una caída de su producto interno bruto por dos trimestres consecutivos se dice que entró en recesión. En este sentido, la realidad venezolana es sorprendente: se encuentra transitando una fase recesiva que ya alcanza treinta (30) trimestres y el desempleo formal se sitúa por encima de 45%, lo que representa un estado de depresión económica (acentuación de la fase recesiva).
Este cuadro de desestabilización general, no común en el resto del mundo, se completa con el surgimiento, en forma paralela, de una hiperinflación tasada en un promedio anual cerca de 34.000% durante los últimos tres años y nueve meses, lo cual evidencia que Venezuela padece de un fenómeno relativamente nuevo en la historia económica de la humanidad llamado estanfación.
Este fenómeno, que combina estancamiento o caída de la producción con inflación creciente, fue experimentado por primera vez en el mundo por varios países industrializados, encabezados por Estados Unidos en la década de 1970 a 1980, debido al impacto negativo que ocasionó el incremento excesivo de los precios petroleros en las ofertas agregadas y los niveles de precios de esos países.
En el caso de Venezuela, la desestabilización expresada en una marcada estanflación aun en vigencia, comenzó a echar sus bases con el desarrollo por varios años de un shock de oferta derivado de la puesta en práctica, desde la primera década de los años 2000, de una política económica fuertemente intervencionista que se tradujo en una disminución importante de empresas productivas del país y en una fuga significativa de capitales.
En poco tiempo, la reducción de empresas y la fuga de capitales consiguieron revertir hacia la baja el total de la oferta agregada de bienes y servicios del país, tanto de procedencia interna como externa (PIB + importaciones).
Simultáneamente se institucionalizó el financiamiento monetario, por parte del banco central, de un creciente déficit fiscal, que se tradujo en un descomunal aumento de la liquidez monetaria y vino a profundizar mucho más la desestabilización económica del país, ahora expresada por una hiperinflación de varios años, que además ha incidido en una depreciación continua de la paridad cambiaria, estimulada por la necesaria sustitución de la moneda que impulsa la gran inflación.
Como puede derivarse del análisis anterior, varios casos de desestabilización pueden ser consecuencia de los propios ajustes automáticos de la dinámica económica en ausencia de la práctica anticíclica que le correspondería a las políticas fiscal y monetaria dentro de la política económica general.
Pero, el caso venezolano parece demostrar que se puede llegar a una extrema y grave situación de desestabilización económica por desconocimiento de las autoridades del cumplimiento inexorable de los principios económicos que rigen la economía positiva, así como también la importancia de la condición activa de las instituciones que diseñan y ejecutan las medidas de política, destacando dentro de estas el banco central.
A continuación se relacionan varias razones que hacen necesaria la coordinación entre la política fiscal y la política monetaria para maximizar su eficiencia dentro de la política económica de cada administración gubernamental y en particular cuando la economía requiera la aplicación de un plan de estabilización:
*Ambas políticas inciden en la variación de la demanda agregada y por tanto en algunos objetivos finales comunes.
*Pese a lo anterior, cada política obedece a razones distintas: la fiscal a razones sociales y políticas, en tanto la monetaria a razones de mantener una adecuada monetización de la economía y preservar el valor del dinero.
*Los objetivos últimos de cada política deben ser distintos, sin embargo la normativa le establece a cada política algunos objetivos comunes, por ejemplo: crecimiento económico.
*La fiscal demanda puede demandar financiamiento que complica el éxito de la monetaria.
Ahora bien, definidos los objetivos de cada política debidamente coordinadas, debe tenerse en cuenta que las relaciones entre ambas para lograr el mayor éxito posible como política mixta siempre estará condicionada por dos factores últimos:
*El papel activo o pasivo que juegue la política monetaria frente a la fiscal.
*La forma de financiar el déficit de las finanzas públicas.
Así, de contar con un banco central activo y no de conducta acomodaticia (pasiva), cuando se requiera financiar monetariamente el déficit público, siempre el instituto emisor tendrá la potestad de definir el alcance del financiamiento y la posibilidad de esterilizarlo en un plazo conveniente.
Por otra parte, de ser financiado el déficit vía deuda pública interna, que terminaría incrementando las tasas de interés y generando un crowding-out (efecto expulsión) que desplaza al inversionista privado por las altas tasas de interés y sustituido por el sector público, el banco central en este caso podría decidir financiar monetariamente parte del déficit para minimizar el crowding-out y luego esterilizar esa expansión monetaria.
Luis Brusco – Economista, profesor universitario, exinvestigador de Economía en la gerencia de Análisis Económico del Banco Central de Venezuela (BCV)
