Desde el 13 de agosto de 2021 fue escogida la capital de México como sede para una nueva negociación entre la representación de las fuerzas democráticas venezolanas denominada la plataforma unitaria, dirigida por el abogado Gerardo Blyde, y los representantes del gobierno de facto de Maduro y su camarilla, que controlan todas las instituciones del país, dirigidos por el psiquiatra Jorge Rodríguez.
Dag Nylander, conocido como mediador en los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano firmados en La Habana en septiembre de 2016, es jefe del equipo de mediación del reino de Noruega. Por primera vez hay acompañamiento directo de la comunidad internacional en este proceso. Los Países Bajos, en nombre de los representantes de la oposición al régimen tiránico de Maduro y la Federación de Rusia, en respaldo al gobierno bolivariano. Este se autoproclamó, en cabeza de Maduro, como presidente hasta 2024, cuando usurpó de manera ilegítima sus funciones después de las extemporáneas, “amañadas” y fraudulentas elecciones presidenciales y la inhabilitación de eventuales candidatos opositores.
Este proceso electoral, realizado el 20 de mayo de 2018, fue una flagrante violación de los derechos políticos y de la norma constitucional. Tales hechos dieron lugar a la aplicación del artículo 233 de la Constitución Nacional por el cual Juan Guaidó fue designado como Presidente Interino en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, hasta cuando se produzcan nuevas elecciones presidenciales que sean legítimas, transparentes y libres, siguiendo los estándares internacionales.
De esta negociación ha habido dos encuentros. El segundo acaba de concluir el 5 de septiembre pasado. En el primero, a mediados de agosto, se firmó un “Memorando de Entendimiento”, que contiene siete puntos para la agenda de acuerdos, “que serán irreversibles desde su emisión”, según Nylander. Estos son: derechos políticos para todos, un cronograma para elecciones observables, con garantías electorales para todos establecidas en la Constitución; respeto al Estado Constitucional de Derecho, levantamiento de las sanciones, convivencia política y social con renuncia a la violencia y reparación a las víctimas de violencia política; medidas de protección social al pueblo y protección de la moneda nacional, y garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado.
También fueron acordados el objetivo de una negociación integral, establecer mecanismos de consulta y celebrar negociaciones parciales que serán incorporadas en el acuerdo final, con ajustes de mejora mediante el principio de la progresividad. Cada delegación cuenta con nueve integrantes y se espera que haya mujeres entre ellos. Aunque no podemos aquí detenernos en todos los puntos, si analizamos cada uno de ellos que sirven de brújula a las negociaciones, muy brevemente podemos deducir que no hay ningún reconocimiento a la legitimidad del gobierno de facto.
Cuando es imposible que una fuerza elimine a la contraria, la única alternativa es la negociación, incluso si una de ellas está en posición ilegítima, desde nuestra óptica la que representan Maduro y sus acólitos, pero, en cambio, tienen la fuerza bajo su control. Así ocurre en Venezuela, con todas las instituciones políticas, económicas y sociales sometidas al régimen dictatorial, que pretende mostrar una fachada de democracia que en la teoría y en la práctica son puro cascarón vacío.
En este texto nos detenemos solo en el primer punto, que tácitamente es una denuncia contra el actual régimen. Como lo es, aunque no lo abordemos ahora, el tercer punto, que implica el reconocimiento de la ausencia de Estado de Derecho en el país. El primer punto del memorando revela la exclusión impuesta a todos los sectores sociales y políticos que adversan la tiranía.
Por eso es indispensable reclamar derechos políticos para todos, que han sido vulnerados de muy distintas maneras, desde la inhabilitación hasta la persecución, la cárcel y las torturas indescriptibles por su horror contra quienes se han atrevido a manifestar su descontento o su crítica contra el mal gobierno de los usurpadores, o han denunciado el saqueo sin pudor del erario público, o el favoritismo clientelar con base en la lealtad y no en los méritos de quienes forman parte de la administración pública o la coacción económica a los funcionarios.
Ha habido una violación reiterada de derechos básicos en democracia a quienes simplemente han reclamado el derecho elemental a servicios públicos que el Estado tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos. Entre los muchos ejemplos, uno de los más estremecedores fue el del joven Rufo, cuyos ojos le fueron vaciados por los disparos a quemarropa de un integrante de la policía de Táchira mientras participaba en una protesta pacífica por falta de gas doméstico.
Pero seguiremos revisando en próximo texto el significado para entender hacia dónde vamos, la ruta posible y por qué, pese al escepticismo por fracasos anteriores, estas negociaciones pueden abrirnos el camino a la esperanza y a la reconstrucción de Venezuela.
Marta De La Vega es Investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.
