Según la Alianza People’s Vaccine, las farmacéuticas que fabrican las vacunas de ARN mensajero contra el covid-19 pagan entre un 7 y un 15% de impuesto de sociedades a nivel global, mientras mantienen el monopolio en la producción y duplican precios para ampliar beneficios.
Modena, BioNTech y Pfizer —estas dos últimas de la mano— tienen el monopolio en la fabricación de las vacunas de ARN mensajero contra el covid-19. Mientras los países pertenecientes a la Organización Mundial del Comercio (OMC) no llegan a un acuerdo para establecer una exención en las patentes que permita una transferencia de tecnología y posibilite la fabricación de estos medicamentos en las zonas deficitarias, sus beneficios suman y siguen, no así el pago de sus impuestos, según denuncia People’s Vaccine Alliance, una coalición de más de 75 organizaciones que exigen una vacunación universal.
Según esta alianza, durante el primer semestre de este año, entre las tres corporaciones han obtenido 26.000 millones de dólares de beneficios, de los que dos tercios son beneficios netos para Moderna y BioNTech. “Moderna ha facturado más de 6.000 millones de dólares en ingresos hasta ahora, de los que 4,3 mil millones de dólares serían beneficios netos, es decir un margen del 69% por la comercialización de las vacunas”, aseguran.
Al mismo tiempo, y siempre según esta plataforma de organizaciones, el impuesto de sociedad que pagan en cómputo global son exiguos y van del 7% que pagó Moderna al 15% que abonó Pfizer. Porcentajes inferiores a los exigidos en países como Estados Unidos, donde el impuesto es del 21%, o España, donde se sitúa en un 25%. Sin embargo, recuerdan desde esta alianza, el desarrollo de estas vacunas ha sido posible gracias a más de 100 millones de dólares de fondos públicos de Estados Unidos o Alemania.
Las prácticas de ingeniería fiscal podrían entrar en juego en este escenario de muchas ganancias y pocos impuestos. Así, tal y como publicó El Salto, en base a una investigación realizada por la organización Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), el fabricante de vacunas Moderna ha utilizado técnicas de elusión fiscal para trasladar sus beneficios a Suiza y al estado estadounidense de Delaware, conocido por sus laxas medidas fiscales para empresas.
Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, organización que forma parte de People’s Vaccine Alliance, asegura que la estrategia de estas empresas para tributar menos aún no está muy clara pero, se intuye que pasa por una combinación de métodos. “Por un lado, consiguen pagar menos consiguiendo arrastrar pérdidas en años anteriores y deducirlas en los años que tienen resultados muy buenos. Lo que hacen también es registrar parte de esos beneficios en paraísos fiscales o en territorios que les permiten una contribución muy baja. Y además aplican también deducciones que pueden conseguir, por ejemplo, por innovación”.
Precios elevados y presión por la tercera dosis
Además, las tres farmacéuticas están aplicando precios muy por encima del valor de coste, lo que les permite márgenes muy elevados, tal y como se refleja en el estudio The Great Vaccine Robbery. Del otro lado, y mientras hay países como Tanzania, Nigeria o Etiopía donde apenas se alcanza el 1% de población vacunada, estas empresas presionan a los países de occidente para que adquieran más vacunas con precios más altos para una hipotéticamente necesaria tercera dosis generalizada, que aún no ha sido avalada ni por las agencias de regulación europeas y norteamericanas, ni por la OMS. Este organismo propuso una moratoria para no ampliar la pauta entre los países del norte hasta que el 10% de la población esté vacunada.
“Lo que estamos viendo —asegura Susana Ruiz— es que tienen una capacidad para ejercer de lobby muy fuerte, tanto para vender más vacunas a países ricos como para imponer condiciones muy duras y muy estrictas para países en desarrollo. Están privando a muchos países de una vacuna que es fundamental para ellos”.
A este lado de la frontera, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que anunciaba a finales de julio que había suscrito un contrato con Pfizer por 1.800 millones de euros y con Moderna, por 480, en pos de la tercera dosis, ha matizado su postura y la tercera dosis será solo para personas inmunodeprimidas por trasplante o en tratamiento oncológico.
Ruiz asegura que “el modelo de negocio de estas grandes farmacéuticas es una mina de oro para sus grandes inversores, así como para los responsables de estas grandes corporaciones, pero devastador para la salud pública mundial” y hace énfasis en que “estamos hablando de unas empresas que están comercializando productos que son una de las garantías para recuperar la salud del planeta entero. Son productos para los que el funcionamiento de estas estructuras debieran ser más exigentes. Deberíamos de plantear fórmulas para que no recurran a fondos públicos sin contribuir a las arcas públicas. Es necesario para alimentar esa rueda de innovación”.3
