La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015 abordó la discusión sobre la posición que debe fijar con respecto a la medida de control adoptada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia a la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, que es filial de Pequiven y cuya directiva fue nombrada por el parlamento a principios de 2019 en desconocimiento de la designada por la administración de Nicolás Maduro.
Después de las divergencias que hubo entre los representantes de los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justica con los de Voluntad Popular, se convino en que se emitiera un comunicado del llamado Gobierno interino que presidente el dirigente político Juan Guaidó como mandatario interino y el mismo fuera difundido por el Centro de Comunicación Nacional.
El texto incluye cinco numerales que manifiesta respeto a la institucionalidad colombiana y avala la medida de supervisión o fiscalización extrema que se le impuso a la empresa petroquímica con sede en Barranquilla, pero se desmarca de la consideraciones de persuadir a las autoridades colombiana a revertir le medida como ocurrió originalmente con el comunicado que emitió la directiva de la compañía.
“La medida tomada por el Gobierno Colombiano, a través de Superintendencia de Sociedades, busca garantizar la estabilidad de la empresa de cara al futuro”, señala el comunicado. “El presidente interino Juan Guaidó ha ordenado un nuevo proceso de auditoria externa a la empresa para brindar a todas los actores, y en especial al pueblo venezolano, las certidumbres y elementos necesarios que permitan garantizar la transparencia y correcto funcionamiento de este importante activo para la nación”, agrega.
Señala que este organismo hace dos años ya había tomado una decisión similar cuando la Asamblea Nacional de 2015 – bajo la figura de Gobierno Interino encabezado por Guaidó – asumió las riendas de esta empresa en favor de la protección de los activos públicos de Venezuela en el exterior.
El comunicado recoge una petición expresa hecha por la bancada de Voluntad Popular de no cuestionar o criticar la gestión de la ingeniero Carmen Elisa Hernández, quien renunció a Monómeros justamente porque estuvo en desacuerdo con la posición inicial que tuvo la directiva de la compañía de apelar la medida de control.
“Hemos decidido implantar un proceso de reestructuración tanto de la gerencia como de la junta directiva de la empresa, que inició con la renuncia de Carmen Elisa Hernandez, que asumió con gran profesionalismo y ética la Presidencia de la Junta Directiva durante estos años”, señala el texto.
Así mismo indica que se continuará trabajando para que Monómeros sea una empresa productiva, de capital venezolano, transparente, sujeta a autoridades legítimas, que lleve adelante procedimientos acordes a la ley y que brinde beneficios a sus trabajadores y a ambos países. “Debemos reiterar que Monómeros es y seguirá siendo propiedad de los venezolanos; y en ese sentido, agradecemos al gobierno de la República de Colombia por el apoyo irrestricto brindado a la causa democrática de los venezolanos y a la protección de los activos de la República en los últimos años”, puntualiza.
En el comunicado también se rechaza la nueva medida de persecución que la administración de Maduro ha ordenado contra Guaidó a través de la investigación abierta por la Fiscalía General de la República por traición a la patria debido justamente por el caso de Monómeros.
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