Lejos de contribuir a fortalecer la unidad de la oposición a la dictadura, las reuniones del oficialismo usurpador y la Plataforma Unitaria iniciadas en México han generado división, escepticismo y confusión en la ciudadanía.
En su condición de Presidente interino, Juan Guaidó había anunciado un plan de Salvación Nacional para recuperar la democracia y rescatar al país de la terrible crisis humanitaria que confronta. También es cierto que a petición de los países amigos y con el fin de impulsar esa propuesta, se decidió la asistencia a un encuentro con delegados de la dictadura y en presencia de representantes de la comunidad internacional, bajo la mediación de Noruega.
El anuncio de Guaidó estuvo acompañado de una intensa campaña en la que éste denunció la condición usurpadora de Maduro, y ratificó la exigencia de un pulcro cronograma electoral para elegir al Presidente de la República, a la Asamblea Nacional, a gobernaciones, parlamentos regionales, alcaldes y concejos municipales. Asimismo planteó, con el pleno respaldo de la Plataforma Unitaria, el rechazo a las falsas y fraudulentas votaciones que el régimen pretende realizar el próximo mes de noviembre. Además propuso atender de manera urgente -al margen de discrepancias políticas- la grave situación social y sanitaria creada por la pandemia y por la crisis humanitaria.
Debido a ello, esa reunión supuestamente destinada a afrontar estos temas contó con una prudente expectativa de buena parte del país, por ser una exigencia compartida por los gobiernos amigos, y una oportunidad de contrastar la propuesta democrática del interinato legítimo frente al sectarismo e intransigencia de los usurpadores.
Por supuesto, dábamos por cierto que para defender estos objetivos los representantes del sector democrático asistirían a la capital azteca en la condición de delegados del presidente interino Juan Guaidó, vale decir, de la institucionalidad democrática ejercida y representada por su persona. Sin embargo cuando el noruego Dag Nylander dio lectura al Memorándum de Entendimiento suscrito por Jorge Rodríguez en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Gerardo Blyde en representación de la Plataforma Unitaria, comprendimos que en México se cambió el escenario, se renunció al interinato y se reconoció la legitimidad de quien hasta ayer era considerado usurpador.
Ante esa sorpresiva e inconsulta decisión de la ahora llamada Plataforma Unitaria es necesario recordarle a sus dirigentes los siguientes hechos, en los cuales fueron principales protagonistas los partidos y parlamentarios que integran esa nueva organización opositora:
1- En medio del catastrófico naufragio de su popularidad, Maduro adelantó las elecciones presidenciales que deberían realizarse en diciembre de 2018 para el día 20 de mayo de ese mismo año y estableció arbitrarias medidas que negaron en la práctica el libre ejercicio del sufragio.
2- Para hacer válida su fraudulenta elección presidencial Maduro se juramentó ante la Asamblea Nacional oficialista el 10 de enero de 2019, iniciándose a partir de esa fecha un gobierno de facto y usurpador del poder, que fue rechazado por el país y desconocido por la comunidad democrática internacional.
3- Ante la ausencia de un Presidente legítimamente electo y basándose en el artículo 233 de la Constitución, a partir del 23 de enero de 2019 el Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó se encargó provisionalmente de la Presidencia de la República.
4- Con el fin de establecer el marco jurídico de esa compleja provisionalidad el 5 de febrero de 2019 la Asamblea Nacional aprobó, y reformó luego el 26 de diciembre de 2020, el Estatuto que rige la “Transición a la Democracia, para restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
5- Este Estatuto se fundamenta en el artículo 333 constitucional que establece el deber de todo ciudadano, investido o no de autoridad, de colaborar en el restablecimiento de la Carta Magna cuando ésta es derogada por la fuerza o por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
6- Desde entonces los países de la comunidad democrática internacional reconocen la legitimidad del interinato y nos acompañan de manera solidaria, mientras el usurpador es repudiado por la sociedad civilizada y se refugia bajo el ala protectora de las más crueles tiranías del planeta, las mismas que depredan nuestras riquezas y violan nuestra soberanía a cambio de esa protección.
Además, la legítima Asamblea Nacional, con el fin de repudiar la usurpación y de reforzar aún más el proceso de transición constitucional, realizó en diciembre de 2020 una consulta popular en la que votaron 6,4 millones de compatriotas, de los cuales 3,2 millones lo hicieron en Venezuela, 845.000 sufragaron en el exterior y 2,4 millones en forma virtual.
En esa consulta a la ciudadanía se aprobó:
1- Rechazar el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicitar de la comunidad internacional su desconocimiento.
2- El cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convocar la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres justas y verificables.
3- Adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitieran rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad.
Al hacer memoria de estos hechos, que son tan sólo una pequeña parte de las luchas libradas contra un régimen de innegable vocación totalitaria, nos preguntamos cuáles circunstancias han motivado el nuevo e inesperado rumbo que desde México imponen al país los autores del llamado Memorándum de Entendimiento, con qué legitimidad intentan hacerlo, y por qué los partidos del G-4 y la Plataforma Unitaria desconocen ahora el compromiso político y moral de defender el instrumento jurídico aprobado por sus parlamentarios para preservar la legítima Asamblea Nacional, el legítimo gobierno y la vigencia de la Constitución violada por el usurpador.
Luego de escuchar las palabras que pronunció Gerardo Blyde en la instalación de la primera jornada del diálogo, encontramos algunas respuestas a esas preguntas. Resulta que con el asesoramiento del gobierno de Noruega fue aprobada una agenda de negociaciones en reuniones “de naturaleza reservada”. Esta agenda implica pactar con el régimen el “acuerdo integral de largo alcance que garantice la convivencia democrática”. Este acuerdo al ser concebido como un proyecto a cumplirse progresivamente en el transcurso de los próximos años, al parecer implicaría la continuidad de Nicolás Maduro en el ejercicio del poder al menos hasta el año 2024, por ende la aceptación de su legitimidad como presidente y la vigencia de todo su actual entramado institucional. Al respecto el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Stalin González, quien forma parte de la delegación de la Plataforma Unitaria en representación de Un Nuevo Tiempo, ha señalado como gran objetivo de los diálogos “consolidar la convivencia”, y para ello propone acordar un cronograma para dos períodos constitucionales que le dé soporte al proceso. Además dijo González en sus declaraciones al diario El País de España: “no pretendemos que Maduro renuncie mañana, pero que tampoco se quede toda la vida”.
Dando pasos importantes en ese camino hacia la convivencia con el régimen, el G-4 y la Plataforma Unitaria decidieron acudir a las votaciones regionales de noviembre, reconociendo al CNE que convoca las elecciones, y a la Asamblea Nacional oficialista, presidida por Jorge Rodríguez, que designó a sus rectores. Además esos partidos acatan como válidas las condiciones electorales que hasta ayer condenaban como fraudulentas, y por supuesto, si alguno de sus candidatos resulta electo pasará a formar parte de una oposición restringida bajo los parámetros establecidos por la dictadura, y condicionada a la autoridad ejecutiva del poder socialista.
De manera que en las reuniones de México se inicia, como lo señalara recientemente el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, el desmontaje del interinato. Y se da paso a la ficción de una etapa de “normalización de la política”, con Maduro en la presidencia y en la que una oposición obediente se encargaría de apuntalar la maltrecha estabilidad de la dictadura.
Sin embargo resulta difícil entender cómo se va a normalizar esa nueva política, cuando una de las partes que dialoga es agredida por la otra en lenguaje vejatorio y de permanente descalificación. Y cuando esa descalificación va más allá de las continuas declaraciones públicas de Maduro, Rodríguez y demás capitostes y se transmite en documentos diplomáticos, tal y como ocurrió con la comunicación enviada por la Misión Permanente de Venezuela ante las Oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra a todos los países representados en ese organismo.
Para no dejar dudas del torcido proceder del oficialismo me limito, por mi parte, a entresacar los siguientes párrafos de esa comunicación cuyos contenidos serían suficientes para suspender las negociaciones y denunciar la nueva farsa que monta el régimen con el fin de distraer al país y engañar a la comunidad democrática internacional:
*“Al respecto, algunos medios de comunicación internacional han pretendido instalar una matriz de opinión según la cual estaría en marcha una “negociación” entre dos factores políticos, intentando con ello dar continuidad a su fallida narrativa desatada desde el año 2019, sobre la supuesta existencia de dos gobiernos en la República”.
* “Se trata de un proceso de diálogo entre el Gobierno Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y un sector de la oposición. En consecuencia, no se trata de una negociación entre dos factores políticos que se encuentren en igualdad de representación ni de legitimidad”.
* “La firma del memorándum de entendimiento pone fin a una diatriba que dio lugar al inicio del proceso de diálogo e implica, por parte de la oposición más extremista, el reconocimiento del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela encabezado por el Presidente Nicolás Maduro Moros la cual, repetimos, pone fin a una diatriba inconstitucional acerca de una supuesta institucionalidad paralela que condujo a un conflicto inédito e innecesario que ha afectado el bienestar de la población venezolana”.
En suma, el régimen califica a la Plataforma Unitaria de oposición extremista, niega que exista realmente una negociación entre dos factores políticos, y justifica la firma del Memorándum de Entendimiento como un reconocimiento de esa oposición, más extremista, a la legitimidad de Maduro poniendo fin a la “diatriba inconstitucional”.
Mientras tanto la tiranía se radicaliza más, y la oposición cada día se opone menos. Y en una cada vez más compleja realidad los partidos del G-4 y la Plataforma que asisten a las reuniones de México siguen adoleciendo de una falla esencial: no saben, o no quieren saber a quiénes se enfrentan.
Por eso parecieran intentar convencer en esos diálogos a la dictadura para que deje de ser dictadura, y para que emprenda en un “proyecto de largo alcance” la tarea de reconstruir junto a la oposición lo que ella misma destruyó.
Olvidan que después de casi treinta años, a partir del 4 de febrero de 1992, el chavo-madurismo jamás ha hecho una sola concesión que ponga en peligro la estabilidad de su tiranía.
Precisamente por eso, mirando con justificada desconfianza el panorama, creemos que los opositores deben exigir con urgencia en México, el retorno de los exiliados, la libertad de todos los presos políticos, y un cronograma, con plenas garantías de transparencia para todas las elecciones pendientes, incluyendo por supuesto las votaciones presidenciales.
Sólo así se justifican esas negociaciones; si no cumplen ese objetivo deben suspenderse, a menos que quienes participan en ellas estén dispuestos a formar parte de otro circo que sirva a los objetivos del régimen.
