En septiembre la hondureña Yesenia, de 31 años, decidió abandonar su casa en los suburbios de la norteña ciudad de San Pedro Sula, forzada por la violencia y la falta de agua.
“Las maras (pandillas) me amenazaron. No ha llovido. El agua escasea. Tuve que salir, no importaba a dónde. Quiero quedarme donde me dejen”, relató a IPS esta madre de una niña de siete años, que se dedicaba al cuidado del hogar en una de las ciudades más violentas del mundo.
Era la primera vez que salía de su país, llegó al sureño estado mexicano de Chiapas (fronterizo con Guatemala), desde donde viajó en autobús y autostop, “dormimos en el monte, caminamos, pasamos hambre, lluvia y frío”, recordó sobre su periplo con su hija.
De baja estatura, pelo oscuro y cara redonda, Yesenia vive ahora en una zona que, por seguridad, no revela y tramita el estatus de refugiada en la capital de México, un país que históricamente ha sido expulsor de emigrantes, tránsito migratorio hacia Estados Unidos y en la última década, creciente receptor de migrantes sin papeles.
Por la alta demanda de peticiones, que ha puesto al límite los esquemas migratorios y de refugio aztecas, la resolución de los casos demora. Si bien organizaciones de defensa migratoria colaboran con dinero, comida, alojamiento y ropa, esos recursos son finitos y la ayuda tiene fecha de caducidad.
Obligados por la pobreza, la carencia de servicios fundamentales, la violencia y los fenómenos climáticos, millones de personas traspasan cada año la puerta de salida de sus países en América Central, cuyo destino principal, por cuestiones laborales y familiares, es Estados Unidos.
Pero ante la represión desatada en esa nación desde 2016 por los sucesivos gobiernos de Donald Trump (2016-enero 2021) y de Joe Biden, la población migratoria indocumentada ha optado por permanecer en sitios antes solo de tránsito, como México.
El problema para esos flujos migratorios es que este país latinoamericano también incrementó los candados migratorios, como parte del papel de “muro” que aceptó realizar con su vecino del norte durante los tiempos de Trump, que ejerció una exitosa y dura presión sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-diciembre 2018) y sobre su sucesor Andrés Manuel López Obrador. Algo que no ha cambiado al llegar Biden.
Como el resto de América Latina y el Caribe, México y el llamado Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador) son muy vulnerables a los efectos de la crisis climática. La sequía y el paso de huracanes devastadores sacan a la gente de sus sitios de residencia, para migrar a zonas más seguras o allende sus fronteras, en busca de mejores medios de vida.
Honduras es una muestra. Desde 1970, más de 30 meteoros la han golpeado, dejando un rastro de muertos y millonarios daños materiales. Los huracanes Eta e Iota la azotaron en 2020. Para este año, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) predijo 17 huracanes en el lado atlántico, cuya temporada concluye el 30 de noviembre.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, declaró además a principios de septiembre la “emergencia por sequía”, otro fenómeno cada vez más recurrente y agresivo en Centroamérica.
El club de los refugiados
En el lado insular del Caribe compartido, países como Haití también padecen las secuelas climáticas. En junio último, el huracán Elsa y luego, en agosto, la tormenta tropical Fred y el huracán Grace golpearon esa nación caribeña, que padeció el 14 de agosto un terremoto de magnitud 7,2 grados en la escala Richter y que mató a miles de personas.
En 2017, un año particularmente letal por las lluvias, Harvey e Irma se ensañaron con Haití. Por eso, el haitiano Sadaam decidió marcharse, primero a Chile ese año y ahora, a México, donde solicitó refugio humanitario.
“Las cosas se pusieron muy difíciles. La ferretería en la que trabajaba tenía que cerrar por las lluvias, no se podía trabajar. Puedo trabajar de lo que sea y lo único que pido es eso: trabajo”, aseguró a IPS este migrante, de 30 años.
Alto, delgado y correoso, Sadaam, originario de Puerto Príncipe, arribó a México también en septiembre, con su esposa, su hijo, su hermano, su cuñado y la hija de estos. Viven temporalmente en un hotel, apoyados por organizaciones humanitarias.
Desastre climático = desplazamiento
Estudios recientes y las estadísticas migratorias dan cuenta de los senderos cruzados de la peregrinación y los desastres climáticos en la región.
Entre 2000 y 2019, Cuba, México y Haití fueron los más afectados por 110 tormentas, 39 000 millones de dólares en daños totales, 29 millones de personas damnificadas y 5000 muertos, de ellos de 85 por ciento en Haití, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
En 2020 explotaron los desplazamientos internos y externos por desastres en El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Pero el marco migratorio internacional no tipifica todavía la figura de refugiado climático, pese a las voces crecientes que se alzan a favor de que se incluya.
Armelle Gouritin, académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México, señaló a IPS que la comunidad científica ha relacionado los eventos repentinos con la emergencia climática, cuya influencia crece sobre las migraciones internas y externas.
“Se demuestra que van en aumento. Es bastante difícil decir en cuál medida aumenta el volumen migratorio, porque hay pocos datos cuantitativos. Es difícil comparar. Tiende a ser invisible, especialmente por los fenómenos lentos como la sequía y la desertificación”, explicó.
En su libro de 2021 “La protección de los migrantes climáticos internos. Una tarea pendiente en México”, la experta graficó escenarios ligados a la migración, como los fenómenos graduales, los desastres repentinos (huracanes, violencia generada por escasez de agua, las reubicaciones decididas por las autoridades, el aumento de nivel del mar y el impacto de los megaproyectos de energía renovable.
A medida que México se ha convertido en imán migratorio, la contención aumenta. Este año, solo hasta agosto, autoridades migratorias detuvieron a 148 903 personas, casi el doble que en todo 2020, cuando fueron 82 379.
Del total actual, según datos oficiales provenían de Honduras 67 847, de Guatemala 44 712, de El Salvador 12010 y de Haití 7172.
Las expulsiones también crecen, pues hasta agosto, México sacó a 65 799 personas por alegada situación irregular, frente a 60 315 en todo 2020. De ellos, eran originarios de Honduras 25 660, de Guatemala 25 660, de El Salvador 2583 y 223 de Haití.
El flujo haitiano se desató luego de que Estados Unidos anunció en agosto que frenaría las deportaciones de quienes ya estaban en el país, a causa del terremoto, lo cual atrajo a miles de haitianos procedentes de Brasil y Chile, adonde habían migrado antes y que endurecieron las políticas hacia ellos.
En México, las solicitudes de refugio, siempre según datos oficiales, pasaron de 70 406 en todo 2019 a 90 314 este año hasta septiembre incluido, de las cuales 26 007 corresponden a migrantes haitianos. Honduras, Haití, Cuba, El Salvador y Venezuela aportan la mayor cantidad de solicitudes.
A pesar del gran aumento de la demanda, México solo aprobó para septiembre 13 100 autorizaciones de refugio permanente, de las cuales, 5755 provenían de Honduras, 1454 de El Salvador, 733 de Haití y 524 de Guatemala.
La huida climática
El estudio del Banco Mundial “Groundswell. Actuar frente a la migración interna provocada por impactos climáticos” alerta de que México debe prepararse, ante la confluencia de desastres climáticos y la corriente humana, y proyecta 86 millones de migrantes climáticos internos en el mundo en 2050 y de los cuales 17 millones estarán en América Latina.
El informe, publicado el 13 de septiembre, estima que la cantidad de migrantes climáticos crecerá entre 2020 y 2050, cuando emigrarían entre 1,4 y 2,1 millones, en México y América Central. El valle central de México, donde se erige la capital, y el altiplano occidental de Guatemala serán receptoras de migrantes, mientras que las zonas áridas, de siembras agrícolas y las zonas costeras bajas expulsarán población.
Si bien varios mecanismos internacionales vinculan la migración y la crisis climática, la figura de migrante o refugiado climático no existe en el marco jurídico internacional.
Gouritin apreció renuencia internacional a abordar el tema. “Hay tres narrativas para la movilidad: responsabilidad, seguridad y de derechos humanos. Los Estados no están dispuestos a ir hacia la narrativa de la responsabilidad. Predomina la narrativa de la seguridad, lo hemos visto con las caravanas desde América Central (hacia Estados Unidos con tránsito por México)”, subrayó.
Pocos países están preparados para atender la dimensión climática de la migración, como le sucede a México. Las leyes generales sobre de Cambio Climático, de 2012, y sobre Desplazamiento Forzado Interno, de 2020, mencionan el impacto climático pero no inciden en medidas ni definen al desplazado climático interno.
En Estados Unidos, la población indocumentada procedente de este país sufre lo mismo, pues las deportaciones de mexicanos podrían rebasar ampliamente los niveles de todo 2020, cuando 184 402 personas fueron expulsadas frente a las 148 584 solo hasta agosto último.
Los migrantes Yesenia y Sadaam viven y padecen las estadísticas en carne propia, víctimas también de sus propios gobiernos y de la respuesta mexicana.
“Me quedo donde consiga un empleo para mantener y educar a mi hija”, aseguró la hondureña Yesenia. Con una autorización de refugio, pueden trabajar con libertad. “Conseguí trabajo de limpieza en un hotel, pero me piden la tarjeta de refugio. El gobierno me dijo que tengo que esperar la llamada para la cita. Si consigo trabajo, me quedo acá”, confió el haitiano Sadaam.
Más allá de aprehensiones, deportaciones y refugio, la migración seguirá, mientras el motor de las sequías, las inundaciones y las tormentas azoten sus lugares de origen.
ED: EG
