Hablamos con Eva Saldaña la directora de Greenpeace España sobre avances e inacción climática, la COP 26 y el papel de las asambleas ciudadanas.
Eva Saldaña (Madrid, 1977) es directora de Greenpeace España desde el pasado 18 de mayo, aunque llegó a la organización ecologista mucho antes. Lo hizo en 2004 como educadora ambiental y responsable de la red de voluntariado. En 2012 asumió la dirección de Movilización. Entonces, ni el ecologismo ni la crisis climática estaban en la agenda –mediática y política, sobre todo– como lo están hoy. Hace diez años, recuerda, “nos llamaban locas cuando hablábamos de la revolución de las renovables”. Pero ahora, insiste, el debate solo puede ser: renovables o renovables. “Lo que antes era radical –apunta– ahora es imparable”.
Activista de base y muy implicada en la realidad de lugares como la Amazonia peruana o la región del Mekong, en Asia, Saldaña llega a este puesto en un momento “crucial”. Así que, dice, “es un honor pero también un reto enorme poder empujar todo lo fuerte que se pueda desde aquí para liderar y diseñar el cambio, y para actuar, que es lo que está faltando”. En los aproximadamente cuatro meses que lleva en el cargo, ha visto cómo los temas en los que lleva trabajando tantos años llegan a las negociaciones y a los despachos del gobierno, pero sin la contundencia y la ambición que requieren.
Durante la entrevista, repite varias veces que estamos ante una emergencia: “Han mejorado muchas cosas pero falta ese sentimiento que yo comparo con que se te queme la casa; si eso pasa, yo no me quedo ahí sentada viendo qué decisión tomar. Lo que hago es que me levanto y me pongo a actuar: llamo a emergencias o aviso, me activo”. Eso es justo lo que considera que está faltando frente a la crisis climática.
En su diagnóstico, sostiene ese argumento con la esperanza y el optimismo que le dan algunos avances: “Se está entendiendo que la salud del planeta es nuestra salud pero nos falta una movilización global sin precedentes”, dice, y reconoce que le gustaría presenciar cómo el cambio climático lleva a la gente a las calles con la misma fuerza con la que lo ha hecho el feminismo o el “no a la guerra”.
¿Cuáles son esas señales de avance?
Por ejemplo, cuando la Agencia Internacional de la Energía dice, de repente, que no hace falta extraer más carbón, ni petróleo, ni gas natural, y plantea una hoja de ruta para la transición energética en la que las energías renovables son compatibles con el Acuerdo de París. Lo dice un organismo que hasta ahora apoyaba los combustibles fósiles. Esto fue muy importante.
Por otro lado, sentimos mucha alegría cuando el Tribunal de La Haya condenó a la petrolera Shell a reducir sus emisiones un 45%, responsabilizándoles de los derechos humanos presentes y futuros. Eso ha sentado un precedente que va a marcar un cambio.
Al mismo tiempo, vemos cómo la junta de accionistas de Exxon desafía a la dirección y consigue colar una candidatura climática en la junta directiva que apuesta por inversiones en renovables. Es otro gigante de los combustibles fósiles que de repente empieza a hacer un giro. Como Chevron: sus accionistas tumbaron un plan en favor de otro que apueste por las renovables.
Pueden parecer cosas curiosas, pero son importantes para el cambio que necesitamos. A la par, se está reactivando en las calles el movimiento de Fridays For Future que se había apagado por la pandemia.
Sin embargo, vamos muy lentos a la hora de ser contundentes con el abandono de los combustibles fósiles y la reducción de emisiones de dióxido de carbono a pesar de que el IPCC, la ONU, nos está hablando de una alerta roja para la humanidad. Pero eso no abre los telediarios; está costando que se comunique el tema con la intensidad y la urgencia que requiere.
Ponía como ejemplo el litigio climático contra Shell en Países Bajos. ¿Cómo pueden este tipo de procesos, como el que está abierto en España contra el Gobierno, acelerar la acción?
Los litigios son una herramienta cada vez más presente. Más allá de la acción directa y la movilización ciudadana en la calle, creo que tenemos que utilizar otro tipo de mecanismos que nos amparan y que esperamos que realmente signifiquen justicia climática. Desde Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón –después se unieron la Coordinadora de ONG y Fridays For Future–, llevamos a los tribunales que la falta de ambición de los objetivos de reducción de emisiones que ha aprobado el Gobierno no llega ni a la mitad, según lo firmado en el Acuerdo de París.
La Ley de Cambio Climático era necesaria pero llega descafeinada: plantea una reducción de las emisiones del 23% para 2030 respecto a los niveles preindustriales. Eso no tiene nada que ver con lo que nos está pidiendo la comunidad científica, que habla de una reducción del 55%.
Como nosotros, hay muchos países con casos similares abiertos. En Australia, por ejemplo, se sentenció a su ministra de Medio Ambiente como responsable de las decisiones que tome para las generaciones futuras. Es la opción que tenemos ahora para seguir insistiendo ya que por otras vías no lo estamos consiguiendo.
En los últimos días se ha anunciado un recorte en el presupuesto del Ministerio de Transición Ecológica dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). ¿Qué dice esto de la acción climática del Gobierno?
Los PGE que acaban de presentarse muestran cómo sigue sin apostarse por una transformación del sistema y una recuperación verde y justa. Se trata de unos presupuestos con una inversión muy grande. Si les sumamos la inversión del plan España Puede, estamos hablando de muchos millones de euros. Desde Greenpeace lamentamos mucho que haya cosas que se quedan fuera, como la transformación de la agricultura, dejando que predomine un modelo agroindustrial devastador. No entendemos que se tengan millones de euros y una oportunidad delante y se siga apostando por modelos que ya se ha visto que no sirven y que además están traspasando no solo la destrucción del medio ambiente sino también la vulneración de derechos humanos. También vemos que se sigue sin avanzar en la fiscalidad verde y justa.
Es importante que los PGE estén enfocados sobre el despliegue de las renovables, una movilidad sostenible, una transición justa y una rehabilitación de viviendas con el foco puesto en las personas vulnerables, y no sobre falsas soluciones.
¿Qué expectativas tiene sobre la COP 26?
Para empezar, es muy importante que esté muy bien representado el Sur Global. Nos consta que está siendo complicado asistir a esta cumbre para organizaciones sociales pero también para representantes de algunos gobiernos.
Vemos que las empresas de combustibles fósiles siguen teniendo mucha presencia. Recientemente, hemos sacado una iniciativa ciudadana europea para llegar al millón de firmas y poder evitar que estas sigan utilizando los patrocinios; que sigan metiéndose en las mesas de negociación y que sigan haciendo greenwashing. Esperamos que estas empresas tengan menos espacio en las mesas de negociación.
Además, los gobiernos siguen apropiándose de las narrativas ecologistas, sobre todo en Europa, donde hay gobiernos verdes y gobiernos más progresistas, pero sigue sin pasar nada.
¿Y qué tiene que pasar en esta cumbre?
Lo primero: que haya acuerdos globales para revisar los compromisos de reducción de emisiones. Seguimos sin llegar a las cifras que necesitamos. Rusia, China o Estados Unidos ni siquiera han hecho sus deberes todavía para llegar a esta COP. Y hay países, como España, que llegan con porcentajes muy bajos. La Unión Europea llega con un 55%, pero pensamos que la UE o los países más desarrollados deberían impulsar un 65% y llegar a él en 2040. Tienen que dar señales rápidas, son los países que tienen más músculo para hacerlo.
Otra cosa que tiene que pasar es una apuesta importante por abandonar realmente los combustibles fósiles sin falsas soluciones. Y el desbloqueo de los 100.000 millones de dólares anuales para financiación climática destinados a aquellos países que no tienen esos recursos. Países como Estados Unidos y Canadá están bloqueando ese dinero, que se firmó en el Acuerdo de París. Sin dinero, muchos países no van a poder transformarse.
También tiene que haber una apuesta por la deforestación cero y la restauración de los ecosistemas, porque van a jugar un papel importante en toda esta transformación. Si no cuidamos la biodiversidad, tampoco vamos a conseguir esa reducción de emisiones. Otro tema importante: el cambio a una economía climática. Todos los flujos financieros tienen que ir en la dirección de cumplir el Acuerdo de París. El Banco Santander sigue invirtiendo en la destrucción de la Amazonia y el BBVA sigue apostando por el carbón en otros países de Europa. Eso tiene que cambiar, el viraje hacia una economía climática es fundamental.
Aunque es algo de lo que se hablará menos, también debe promoverse la sostenibilidad de la agricultura. Por último, hay dos artículos del Acuerdo de París, el 6 y el 17, que está muy abiertos. El 6 deja mucho espacio para las falsas soluciones, y hay que tener mucho cuidado con esto, con todo el mercado de la compensación de emisiones. Las compensaciones y la captura de carbono son trampas. Queremos reducciones reales, no que los países estén jugando con mercados de emisiones. El artículo 17 habla de los estándares y la transparencia: los reportes por país deberían ser iguales, con unos reportes comunes para que de alguna forma podamos ver que vamos juntos y que hay una gobernanza global en este sentido, apostando por salvarnos de esta emergencia climática.
¿Qué papel va a tener la sociedad civil?
Uno fundamental. No nos engañemos, una cosa es lo que nos gustaría ver en la COP y otra cosa en lo que ocurra allí. La COP no deja de ser una oportunidad enorme donde se juntan todos los gobiernos a negociar pero tenemos un papel muy importante de seguir impulsando un liderazgo centrado en la vida, amplificar mucho el concepto de activismo. Ahora mismo necesitamos que todas seamos activistas desde nuestro lugar y vamos a seguir observando a dónde van los flujos financieros.
Tenemos un papel muy importante de diálogo con el territorio, sobre todo ahora con la implantación de las renovables. Son los años más importantes de esta transición ecológica y los costes no pueden recaer de nuevo en las personas más vulnerables. Creo que la sociedad civil tiene que estar muy atenta a esto y denunciarlo. Y también creo que tenemos que mostrar la hoja de ruta, el camino. Las soluciones están ahí. Tenemos que insistir en que hay alternativas, que estamos a tiempo y que es importante implementarlas.
Antes de la COP de Glasgow hay varias manifestaciones, también está la Cumbre Alternativa de los Pueblos, que será online. Ya está planteado lo que se llama el Acuerdo social de Glasgow, que servirá para acelerar la acción necesaria después de la COP.
También se ha puesto en marcha una asamblea ciudadana. Este tipo de iniciativas comienzan a estar muy presentes. Usted forma parte del grupo de especialistas que dará apoyo a la Asamblea Ciudadana para el Clima de España que arrancará el 20 de noviembre. ¿Cómo se puede impulsar una acción climática real a través de este mecanismo?
Ya hay algunos análisis hechos sobre las asambleas de este tipo en otros países europeos y hay de todo. Así que hay que quedarse con aquellos modelos que han puesto realmente en valor el rol protagonista de la ciudadanía, que han traído mensajes potentes y que se ha dejado que estos fuesen vinculantes.
Desde Greenpeace hemos hecho alegaciones a la orden ministerial publicada por el Gobierno para la Asamblea Ciudadana para el Clima de España y, de momento, estamos a la expectativa. Necesitamos entender cómo va a funcionar, si vamos a poder trabajar en cosas concretas que sirvan para transformar, que es lo que realmente necesitamos. Ya no necesitamos seguir hablando y dialogando: hay que ir a cosas concretas, fechas y números concretos. Veremos si las preguntas que se lanzan a esa asamblea son suficientes; si la información que se comparte, el espacio y el tiempo también lo es. Se hablaba de cinco sesiones y en Greenpeace consideramos que quizás no es suficiente.
Tienen que existir estos espacios de participación y tienen que ser lo más vinculantes posibles con la acción gubernamental. La sociedad civil tiene que ser protagonista de este cambio.
Cada vez se habla menos de negacionismo y más de retardismo. ¿Qué peligros tiene esto último?
El peligro principal es que retrasa la acción. Todos estos “ismos” –negacionismo, depresismo, colapsismo…– al final se centran en lugares de inacción; unos en el futuro, otros en lo negativo, pero esto no nos sirve. Todo lo que no sea contribuir al cambio es perder el tiempo.
¿Quién retrasa la acción climática en España?
Un ejemplo concreto lo estamos viendo con la factura de la luz. Yo siempre pongo el foco en las empresas de combustibles fósiles, pero las eléctricas siguen jugando su juego, aunque el mercado ya les ha dicho que tienen pérdidas y que tienen que apostar por las renovables. Lo saben, pero quieren seguir en un modelo en el que pongan las reglas al juego. En ese juego, están Ibedrola, Endesa, Naturgy, la petrolera Repsol o Enagás. Todas ellas se agarran a un modelo obsoleto para ver cuánto tiempo pueden conseguir que ese modelo permanezca. Lo hacen para su propio beneficio y quienes estamos enfrente les decimos que no, que ahora de lo que se trata es del bien común.
Hay una lucha continúa entre el bien común –que pone la vida en el centro– y su propio beneficio –que se centra en el dinero–. Se están vulnerando derechos humanos y estamos jugando a ver la energía como un producto, o el agua, cuando deberían verse como derechos fundamentales. Las grandes empresas siguen ahí pero no les va a quedar otra que cambiar. Eso lo saben. Mientras tanto, nos complican que la transición se acelere y se acelere bien, que pueda recaer en otro tipo de empresas –pequeña y mediana empresa–, en el mercado social, en autónomos que quieran acceder al dinero europeo y formar parte de la transición ecológica.
Durante toda la entrevista ha hablado de falsas soluciones. ¿Cuáles son?
Quizás la más gorda o lo que ahora mismo está jugando un papel muy importante es el gas fósil [llamado comercialmente gas natural]. No deja de ser fósil y se está vendiendo de todos los colores. Creo que el lenguaje a veces dice mucho; es importante hablar de gas fósil y de gas renovable y dejarnos de listas de colores que impiden que la ciudadanía entienda de qué estamos hablando. Si me dices gas verde, azul, rosa y amarillo no llegamos a entender todos los matices.
En invierno, el gas va a tener un papel importante sobre la factura de la luz. Está marcando el precio porque contamina CO2 y hay que pagar por ello. Eso está bien, pero tenemos un mercado eléctrico que es mayorista y que se basa en que se paga lo que más coste tiene. Y esto no puede ser cuando tenemos las renovables ahí, que no tienen esos costes, o tenemos fuentes como la nuclear o la hidroeléctrica que ya están totalmente amortizadas porque fueron muy subvencionadas en su momento con el consecuente beneficio para las grandes, y que siguen ahí.
Luego, el hidrógeno va a jugar un papel durante un tiempo y siempre que esté producido con materia prima renovable y sea renovable va a jugar un papel importante, si se produce a través de la electrólisis del agua o la gasificación de biomasa o residuos. Hay que darle un uso acotado, al transporte de carreteras o vehículos pesados, por ejemplo, que es donde quizás no se puede llevar a cabo la electrificación. Si esto lo empezamos a teñir de falsas soluciones y de trampas, entonces el hidrógeno puede servir para perpetuar el gas fósil porque para producir el hidrógeno se necesita el ciclo combinado [coexistencia de dos ciclos termodinámicos en el mismo sistema, uno a través del vapor de agua y otro a través de la combustión].
En cambio, tenemos un montón de soluciones sobre la mesa: energía renovable integrada, aprovechamiento del almacenamiento disponible, electrificación, eficiencia, la reducción de consumo, la gestión de la demanda, la participación ciudadana con comunidades energéticas y autoconsumo… Tenemos pasos a dar y sin embargo hacemos una apuesta enorme de inversión en el hidrógeno y en el gas. Por eso hablamos de falsas soluciones: porque nos retrasan de dar otros pasos importantes.
Además, el 39% de la factura del gas que pagamos en España se va a la infraestructura gasista. Esto es un dato importante porque Enagás sigue intentando conseguir fondos europeos para proyectos que sigan sosteniendo esas infraestructuras de gas de las que ahora mismo estamos usando el 50%, la mitad. Así que vamos a invertir en un sistema que realmente reduzca las emisiones.
