La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, dio a conocer el 16 de septiembre de 2020, un contundente informe sobre la violación de los Derechos Humanos en Venezuela en el cual se denuncia con lujo de detalles, los excesos y delitos cometidos por órganos policiales y de “seguridad de Estado”, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, entre otras.
Ante la gravedad de los hechos plasmados en ese documento, varios de los cuales ya habían sido señalados en informes previos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una serie de recomendaciones a fin de corregir la situación provocada por la sistemática violación de los Derechos Humanos en Venezuela. Sin embargo, luego de transcurrido más de un año del informe, no se observan mayores cambios.Por su parte, el gobierno de Venezuela, a través de quien ejerce como Fiscal General de la República, reconoció que las muertes de los presos políticos Fernando Albán y Rafael Acosta Arévalo, ocurrieron dentro de las instalaciones donde se encontraban recluidos, señalando como responsables del fallecimiento de ambos ciudadanos a los oficiales encargados de la custodia. En este sentido también se anunció una reforma judicial, que luego de transcurridos varios meses no ha comenzado y de la cual se desconocen sus alcances.
Mientras tanto continúan las prácticas intimidatorias hacia la población por parte de grupos policiales, se mantienen cientos de presos políticos -cuyos derechos fundamentales son violados de forma reiterada- y se maneja con hermetismo lo referente a la información, negando cualquier asomo de transparencia.
Con la reciente muerte del general Raúl Isaías Baduel, se eleva a diez el número de presos políticos fallecidos en prisión y cuyos responsables son quienes dirigen la política represiva del Estado. En el caso de Baduel, llevaba varios años detenido sin información precisa sobre los delitos que se le imputan. Situación parecida viven casi todos los presos políticos, incluyendo a los integrantes de la ONG Fundaredes.
Llamamos la atención de la comunidad internacional ante la constante violación de los derechos humanos de cientos de venezolanos y sus familiares, los cuales son sometidos a tratos crueles e inhumanos, muy propios de un régimen que utiliza el terrorismo de Estado, para controlar a la población.
Exhortamos igualmente a la comunidad nacional e internacional a la insistencia en una salida lo menos traumática posible a la crisis venezolana y a apostar a un proceso de reinstitucionalización, tomando en consideración la inadecuada composición actual del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Ciudadano.
¿Será que el tema de la violación de los Derechos Humanos, no es muy importante?
Caracas, octubre 21 de 2021
El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.
Sadio Garavini
