Talladas en los huesos, grabadas como al rojo vivo sobre la piel de sus escabrosos 22 años en el poder, este régimen lleva consigo las marcas del crimen, la corrupción y la injusticia. Y esas son las terribles e indelebles coordenadas que fijan su lugar en la historia. Triste destino para quien hizo de la justicia social su más gastada letanía.
A estas alturas bien podemos imaginar que, dicho así, poco les importa, porque en la desbocada obsesión por el poder parecen haber internalizado muy bien aquella confesión desembozada del extinto jefe en una de sus frenéticas arengas dominicales: «¡Y qué me importa a mí lo que digan los libros de historia!».
Paradójico en él, que hizo de la historia elemento cotidiano de manipulación política, pretexto para todas las ambiciones y justificación de todos los excesos cometidos en su nombre. Una cosa es vomitar fechas de batallas, endiosar al héroe máximo para apropiárselo mejor hasta convertirlo en elemento de división y, otra, tener respeto por el pasado, el presente y el futuro de nuestra historia como nación y hacer de ella punto permanente de encuentro.
La historia de la gestión chavista es también la de sus abusos de poder, sus tramoyas, sus esguinces y contorsiones para mantenerse en un prolongado escape al brazo de la justicia internacional.
Su asiento natural e indiscutido es, desde hace mucho tiempo, el banquillo de los acusados. No precisamente por la malquerencia del imperio, sino por las voces transidas de dolor de los familiares de las víctimas de la represión, la tortura, la muerte de quienes osaron enfrentar esto que el mundo democrático señala como una dictadura con todas sus letras.
El hito más importante en esta fuga interminable por ahora ha sido la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Kharim Khan, con quien el régimen de Maduro ha firmado un «acuerdo de entendimiento». Dable es suponer que el objetivo es investigar los múltiples casos de crímenes denunciados y catalogados como de lesa humanidad.
No bien se había levantado de la mesa en Miraflores el fiscal Khan, cuando el llamado fiscal general, Tarek William Saab, se apresuró a proclamar dicha firma como «una victoria de las instituciones democráticas venezolanas». Las marionetas ignoran que son hilos los que agitan sus extremidades, pero obviamente este no es el caso.
El fiscal Saab no termina por entender que precisamente su actuación es una de las evidencias que más pone en tela de juicio eso que él llama «instituciones democráticas». No son instituciones esos entes cooptados, sumisos, serviles que siguen órdenes de la cabeza del régimen. No fueron integrados para hacer justicia, sino para cumplir dictados.
Nadie en Venezuela, ni el más desprevenido, cree en la imparcialidad del Ministerio Público ni del llamado Tribunal Supremo de Justicia ni de Defensoría o Contraloría alguna. Son extensiones, secciones de una secta que se asume partido. No porque lo diga una agente extranjero sino porque lo padecen en carne propia los venezolanos cuando tratan de ejercer sus derechos con libertad plena. Pregúntenle, ahorita mismo y por ejemplo, al Partido Comunista de Venezuela.
Es el reino de la injusticia lo que impera en Venezuela. Instaurado mediante un contexto de irregulares actuaciones muy imbricadas, no solamente en el campo de la corrupción con el saqueo del erario o de los crímenes de lesa humanidad. La injusticia es lo que rige para todo lo que signifique un derecho cercenado en Venezuela: al estudio, a un verdadero salario, a la alimentación sana, a la vivienda, a una jubilación digna, al ejercicio pleno de los derechos civiles.
Hasta ahora hemos visto que en el trayecto han caído piezas, grandes y menores, de este mecanismo corrupto y opresivo. Nos enteramos cuando desde el exterior llegan las noticias de nuevas cuentas bancarias descubiertas, de la detención de un alto ex funcionario que bajo la protección del régimen se marchó con las alforjas llenas y nunca ha sido requerido por la justicia venezolana, esa que se regodea en alabar el fiscalillo rojo. Un actor así no puede seguir en juego si es justicia lo que se requiere con la labor de la CPI.
Estamos seguros de que tras las elecciones del 21 de noviembre se abre un nuevo ciclo político. Un paso tal vez no gigantesco, pero sí firme para reiniciar la búsqueda de la justicia y la democracia plena en Venezuela. Y esa expectativa debe cumplir un papel valorable y esperanzador la actuación de la Corte Penal Internacional.
Periodista. Exsecretario general del SNTP – @goyosalazar
