El sector construcción en el estado Táchira está paralizado. La falta de proyectos públicos y privados fomentó la crisis que ha derivado en la deserción de más de 11.000 trabajadores, de 24.000 que laboraban, una reducción de 45,83 % de mano de obra obrera que forma parte de la diáspora que se disgrega por toda América del Sur.
La crisis de la construcción se agudizó con la llegada de la pandemia; sin embargo, ya desde años anteriores se venía gestando una disminución marcada en la oferta laboral. En 2018 las cifras de paralización superaban el 70 % y para el 2019 cerraron en un 100 %, que se extendió hasta el 2021.
Para el secretario ejecutivo del Sindicato Único Trabajadores de la Industria de la Construcción del estado Táchira, SUTICET, Luis Arturo González, las cifras de la crisis se evidencian en la capital de la entidad, San Cristóbal, donde de 5.000 obreros que se mantenían trabajando, hoy día solo están 50 activos en labores menores como refacciones, reparaciones de viviendas y en las jornadas de limpieza promovidas por el llamado “protectorado”.
“Los obreros de la construcción cambiaron de oficio para poder generar recursos (…) hacen de todo para poder comer, los vemos limpiando calles, vendiendo hortalizas y hasta cuidando vehículos en el centro de la ciudad”, cuenta González en exclusiva para Banca y Negocios.
González insiste en que el cambio de oficio de los trabajadores de la construcción es una constante negativa que se suma a los pagos pírricos que reciben y, prueba de ello, se refleja en quienes buscan su sustento en las jornadas de limpieza de calles y avenidas promovidas por el otrora protectorado, donde se cancela semanalmente 20.000 pesos colombianos (Bs. 26,32) en efectivo más una bolsa de comida que tiene un costo en el mercado de 24.800 pesos colombianos (Bs. 32,63), lo que significa que la jornada semanal se reduce a 44.800 pesos (Bs. 58,95) cuando en el Departamento Norte de Santander, en Colombia, sitio donde está la masa gruesa de los tachirenses migrantes, un salario en el sector construcción se estima en 250.000 pesos (Bs. 328,95) a la semana.
En resumen, con solo pasar la frontera, un obrero de construcción tachierense puede ganar 82 % más en pesos colombianos que trabajando en el país.
Por su parte, Ramiro Parada, miembro de la mesa ejecutiva del sindicato, destaca que en 2021 los trabajadores, a través de la convención colectiva, recibieron tres incrementos salariales. El más reciente, que se produjo en el mes de agosto, que colocó la escala por funciones en Bs. 10.000.000, Bs. 20.000.000 y Bs.30.000.000, es decir, 10, 20 y 30 bolívares luego de la reconversión.
Parada expresa que los salarios ínfimos, que no se adecuan a la realidad nacional, son desestimables ante la falta de empleo, destaca que si hablan del 99 % de la paralización es por disfrazar un 1 % de los obreros que se dedican a trabajos de reparaciones menores de viviendas y vías, algo, que a su parecer no se incluye dentro del sector construcción como tal.
– Colombia vía de escape –
Elías Crespo García es un tachirense que posee la doble nacionalidad, afirma que tener la documentación al día y ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes en Colombia lo ha mantenido activo en labores de construcción que se ejecutan en todo el Departamento Norte de Santander.
Crespo García expresa que la crisis laboral en el estado Táchira se registró desde el 2018, año cuando afirma se “comenzaron a parar todas las construcciones en los municipios”, además de la salida de empresas proveedoras de materiales de los proyectos públicos y privados.
“Obras que estaban previstas para inaugurar a finales del 2018 y en marzo de 2019 comenzaron a cerrar y, con ello, un número bastante grande de trabajadores quedamos en la calle (…) algunos esperaron que se reactivaran y otros, como yo, nos fuimos a Cúcuta a ver qué se hacía”.
Los salarios es un tópico que todos los trabajadores de la construcción manejan con argumentos tangibles, Crespo García afirma que como caporal de obras se gana 350.000 pesos colombianos (Bs. 460,53) a la semana y con ello su economía doméstica se reduce a pagar en alquiler una habitación para los días de semana y el pasaje para viajar a la ciudad de San Cristóbal y pernoctar con su familia, desde el viernes a mediodía hasta el lunes en la mañana.
“El sueldo me alcanza en San Cristóbal para hacer mercado, ir construyendo mi casa, pagar el colegio de mis dos hijos y ahorrar (…) en Venezuela los pesos rinden, hay que trabajar fuerte, pero si no fuera por las obras en Cúcuta y todo lo que necesitan de construcción yo no sé qué habría hecho”.
– Ingenieros: el estado está paralizado en 100 %
Para la presidenta del Colegio de ingenieros del estado Táchira, Cecilia Contreras de Roche, es incuestionable la paralización del sector en un 100 %.
La dirigente gremial estima que la crisis se inició en 2010 y se fue profundizando en 2015 para presentar una debacle en 2018, de la cual aún el estado no se recupera.
La representante del CIV destaca que hablar del sector como un ente aislado del desarrollo económico de la región es un error, explica que las acciones derivadas de la realización y posterior concreción de los proyectos involucra un sinnúmero de sectores que ofertan bienes y servicios y, por ende, motorizan al estado.
“La construcción de obras mueve toda la economía de un estado, porque no solamente mueve la parte del constructor, del proyectista, del ingeniero, del calculista, sino que mueve el obrero, mueve el comercio (…) en el inicio de una obra se requiere todo tipo de personal que a su vez requiere de transporte, de alimentos, de medicinas, de viviendas, todo se mueve en torno a las construcciones (…) en la región, con la paralización de todas las obras, el estado también está paralizado”.
Argumenta que en la entidad se están desarrollando proyectos de interés; sin embargo, no existe inversión privada ni pública que quiera emprender el riesgo. La razón radica en la falta de materia prima aunada a la salida intempestiva de empresas de envergadura, las cuales, desde el 2019, cerraron sus operaciones en el estado.
Contreras de Roche adiciona otro factor que determina el estancamiento del sector, el cual recae en los recursos provenientes del fondos de compensaciones internacionales que “no llegaron más” y, con ello, se registró una fluctuación en todo lo que se tenía previsto, esto a su vez generó la salida de 5.000 agremiados que representan 31.25 % de los 16.000 que se agrupan en el estado, que hoy día ejercen otras actividades distintas a las de su profesión.
Pese al panorama devastador que reina en el Táchira, con la certidumbre que al cierre del 2021 no habrá inversión, la presidenta del Colegio de Ingenieros, asegura que parte de la diáspora venezolana espera un cambio en el ámbito social, económico y político para retornar al país. “Todos esperan que la inversión en el país y en el estado Táchira se consolide para regresar a sus hogares”, puntualizó.
Banca y Negocios
