El pasado domingo 7 se consumó nuevamente en Nicaragua un descarado fraude electoral que le permitirá a Daniel Ortega asumir un quinto mandato presidencial al amparo de una farsa electoral y de un proceso calificado por la comunidad internacional como “antidemocrático, ilegítimo y sin credibilidad” y como una “pantomima” según el presidente de los Estados Unidos. Con ese fraudulento triunfo, el ahora viejo caudillo sandinista de 76 años intentará acumular 20 años consecutivos al frente del gobierno de ese empobrecido país y 29 en funciones de gobierno desde el triunfo de la revolución, lo que lo colocaría por encima de los 16 años del gobierno dictatorial de Anastasio Somoza García, el patriarca de esa dinastía de dictadores y del régimen ejercido por sus hijos Luis Somoza durante 7 años y el último dictador Anastasio Somoza Debayle que tenía 9 aferrado al poder cuando fue derrocado por la revolución sandinista, lo que dio fin al largo período de dictaduras que había sufrido el pueblo nicaragüense por más de cuatro décadas, pero no despejaba del todo el camino a la democracia, como lo demuestra la experiencia reciente del régimen sandinista con su variopinto catálogo de fraudes y maniobras totalitarias para mantenerse en el poder. Modelo cuyo desarrollo se ilustra a continuación con la cronología de maniobras, promovidas por el sandinismo para asegurar la continuidad de su régimen totalitario y que, desgraciadamente ha servido de nefasta referencia para autócratas y movimientos populistas similares que han surgido en las últimas décadas en América Latina.
Con el triunfo de la revolución, impulsada básicamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, guerrilla izquierdista entrenada por el régimen comunista de Cuba, se constituye en Nicaragua una primera Junta de Gobierno con mayoría sandinista, pero integrada además por Violeta Chamorro -la viuda del periodista dueño de La Prensa, asesinado por la dictadura- y un representante del sector empresarial del país. Se logró inicialmente la aprobación, en agosto de 1979 de un Estatuto de Derechos y Garantías para asegurar la libertad de las organizaciones políticas y el libre juego democrático, lo que se vio frustrado cuando, en ese mismo mes, se crearon los Comités de Defensa Sandinista, copiados del modelo cubano y luego, en septiembre sé estableció el Sistema Sandinista de Televisión y surgió el Ejército Popular Sandinista, en reemplazo de la antigua Guardia Nacional.
En 1980 el sandinismo tomó el control total del gobierno creando una Junta de Reconstrucción Nacional presidida por Daniel Ortega lo que provocó la renuncia de Violeta Chamorro y del representante empresarial. En noviembre de 1984 se realizaron elecciones presidenciales, en las que la coalición opositora se negó a participar por el fraudulento proceso montado por el gobierno, facilitando que Ortega fuera electo presidente por una abrumadora y muy cuestionada mayoría del 70%. Se concretó así el primero de los cinco fraudes electorales que le han permitido al eterno candidato Sandinista hacerse con el poder en Nicaragua.
Durante ese primer período como presidente electo Daniel Ortega realizó un autoritario régimen socialista con estatizaciones de la propiedad privada, férreo control político a través del partido sandinista, del ejército revolucionario y grupos populares identificados como el Frente Sandinista. Se expropiaron más de 500 mil hectáreas y otras confiscaciones, lo que incrementó la injerencia del Estado en la actividad económica de 15% en 1977 al 60% para 1986. El gasto militar comprometió más del 60% de los ingresos públicos, mientras que la inflación se incrementó a más de 30 mil por ciento, con una explosión de la marginalidad que provocó la diáspora de más de 500 mil emigrantes como exiliados y refugiados. Esa crítica situación política y económica facilitó el triunfo de Violeta Chamorro en las elecciones generales de 1990 para ejercer un primer gobierno democrático, heredero de un pesado endeudamiento de más de 11 mil millones de dólares y escandalosos casos de corrupción vinculados a altos jerarcas del sandinismo, quienes se habían apoderado descaradamente de bienes públicos y privados confiscados por la revolución, escándalo que fue reseñado por los medios como LA PIÑATA SANDINISTA, lo que confirma que la corrupción es funesta compañera del autoritarismo y el populismo.
Después del triunfo de Violeta Chamorro, el sandinismo con Daniel Ortega como su recurrente candidato, perdió las elecciones de 1996 y 2001, pero regresó al poder en los comicios generales de noviembre de 2006 en los que la dirigencia democrática no fue capaz de ir unida, lo que provocó un cuestionado triunfo de Ortega, en un proceso electoral salpicado de numerosas irregularidades que tuvo como antesala una reforma constitucional que en el año 2000 forzó el sandinismo, mediante un pacto de impunidad con el partido del expresidente Arnoldo Alemán -electo en 1996- para encubrir los graves casos de corrupción que pesaban sobre este y por los que había sido condenado a 20 años de prisión. Mediante ese poco ético pacto se logró modificar la Ley Electoral en términos que posteriormente favorecieron al sandinismo. En esos comicios de 2006 el sandinismo manipuló el Consejo Electoral que le adjudicó fraudulentamente un 8% adicional de votos para llevarlo al 30%, suficiente para derrotar los candidatos de una oposición que fue dividida.
El tercer fraude electoral lo promovió Ortega desde el poder para asegurarse la reelección en los comicios de noviembre de 2010, mediante un decreto ejecutivo que garantizaba la permanencia de los miembros manipulables del Consejo Electoral, del Poder Judicial y de la Contraloría Nacional, violando expresas disposiciones constitucionales que impedían la reelección y descartando las impugnaciones de la oposición. Además, en esa fraudulenta manipulación reeleccionista Ortega contó con importantes recursos enviados por el gobierno de Venezuela para ganar votos promoviendo programas de signo populista y clientelar. A partir de ese segundo ejercicio continuo de gobierno se empezó a hablar en Nicaragua de una “presidencia matrimonial” por la acentuada participación de Rosario Murillo, la mujer de Daniel Ortega en los asuntos fundamentales de gobierno, es así como para las elecciones de noviembre de 2016 Ortega y su partido recurren de nuevo al montaje de un nuevo proceso comicial fraudulento a fin de asegurarse, por tercera ocasión, el triunfo electoral para el periodo 2016-2021 e incorporando, como candidata a la presidencia a la extravagante mujer del caudillo sandinista, la cual se dice que tiene actualmente aspiraciones presidenciales. En ese proceso la Suprema Corte de Justicia, controlada por el sandinismo, despojó de la representación legal del principal partido de oposición a quien se promovía como candidato del mismo, para asignarle arbitrariamente esa representación a un dirigente afecto a Ortega. Además se destituyeron más de 20 parlamentarios de ese partido, todo lo cual forzó a esa organización política a no participar en los comisios y denunciar ese cuarto fraude electoral, a pesar de lo cual el Consejo Electoral, bajo el control de Ortega reconoció su triunfo en un proceso comicial con más de 70% de abstención .
En la más reciente elección para un cuarto periodo consecutivo de gobierno el clan Ortega-Murillo recurrió a un quinto fraudulento proceso comicial que le aseguró más del 70% de los votos, pero con una abstención superior al 81%, y en el que no se permitió la participación de líderes opositores, ya que 7 de ellos fueron detenidos en los meses previos a los comicios, acusados de traición a la patria y el régimen promovió 5 supuestos candidatos opositores (alacranes?) que sólo sirvieron para tratar de validar el proceso que, como hemos señalado al principio, ha tenido el desconocimiento de la mayoría de las democracias del mundo, incluyendo la Unión Europea y la OEA, cuyo Secretario General Luis Almagro ha señalado que esas elecciones fueron “ilegítimas” y una “clara violacion de la Carta Democrática” , y en un documento de dicha Organización se exige la anulación de esos comisios y se pide “un nuevo proceso electoral, con garantías, observación electoral y una verdadera competencia electoral”.
No hay dudas que la secuencia de los gobiernos del clan Ortega-Murillo pueda clasificarse como un totalitarismo criminal sandinista, caracterizado por la violencia represiva que, solo en las protestas que en 2018 exigían el fin de ese mandato produjo 328 asesinatos, centenares de presos políticos y miles de exiliados, acalló los medios de comunicación, detuvo figuras claves de la oposición y del sector empresarial. Igualmente el régimen ha promovido el discurso de odio contra la Iglesia Católica, especialmente contra algunos de los obispos, como el auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, a quien el Vaticano tuvo que sacar del país por temor a su asesinato. El signo de la corrupción es otra lacra característica de ese régimen, tal y como indican los informes de Transparencia Internacional que ubican a Nicaragua como el país más corrupto de Centroamérica, superado en América Latina solo por Venezuela y Haití que están entre los más corruptos a nivel mundial.
Un notable rasgo que revela además la ausencia de ética y transparencia del régimen se expresa en el nepotismo en la asignación de cargos públicos, ya que la pareja presidencial Ortega-Murillo tiene colocados 7 hijos en cargos relevantes del gobierno, entre los cuales uno de ellos al frente de 3 canales oficiales de Tv y 3 importantes emisoras de radio, otro responsable de la empresa distribuidora de petróleo y otro como director de la policía de Managua. Irónicamente la hija de Rosario Murillo e hijastra de Daniel Ortega se encuentra en el exilio en Costa Rica, producto de la denuncia que en 1998 hiciera contra su padrastro por violación y continuo abuso sexual. Todas las referencias señaladas confirman el calificativo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando señala que en Nicaragua opera un “Estado policial de facto” y “no están dadas las condiciones para hablar de democracia”. Por ello el descarado fraude electoral del domingo pasado puede dar pie para que la OEA confirme la nulidad de esos comicios y la violación de la Carta Democrática en la que ha incurrido el totalitario régimen sandinista.
