En los sistemas democráticos, el criterio principal para definir el éxito de la participación en un proceso electoral es no solo simple sino fundamentalmente numérico, y tiene que ver con la obtención o no del cargo al que se aspiraba. En las autocracias, sin embargo, los criterios son necesariamente otros y más complejos, dada precisamente la naturaleza del régimen en la cual esa participación electoral tiene lugar.
Elecciones libres, justas y verificables son ciertamente la base de una verdadera solución democrática en Venezuela. Recuperar el poder del voto es la gran apuesta de las fuerzas democráticas del país que cuentan con el respaldo de buena parte de la comunidad internacional. Y desde comienzos de año el consenso de esas mismas fuerzas democráticas fue que “nuestra lucha en las actuales circunstancias consiste en la construcción de escenarios electorales que nos acerquen progresivamente a estas grandes aspiraciones, que nos permitan acumular fuerzas, propiciar la movilización política, reivindicar las condiciones electorales necesarias para el cambio político –para lo cual son imprescindibles la movilización y la presión nacional e internacional, y la construcción de una sólida estructura electoral–”. (Propuesta de modelo estratégico del Frente Amplio Venezuela Libre, aprobado por las principales fuerzas políticas y sociales democráticas en enero de 2021).
Dado ese consenso, y después de largas discusiones y debates, la mayoría de los partidos políticos democráticos decidieron participar en el evento electoral del 21 de noviembre. Pero manifestaron hacerlo desde la perspectiva de quien sabe que asiste a unos comicios que, al realizarse bajo el amparo de una autocracia, nunca serán libres y justos. Porque los objetivos de esa participación iban, en esta oportunidad, más allá de los simples resultados numéricos. Se trataba, fundamentalmente, de utilizar la campaña electoral para organizar a la ciudadanía, aceitar las maquinarias de movilización ciudadana, acumular fuerzas, avanzar en la construcción de una sólida estructura electoral, presionar en la lucha por condiciones electorales dignas, e intentar también ganar espacios geográficos (en este caso gobernaciones y alcaldías) para poder proteger a la ciudadanía.
No en balde, en otro documento titulado “El Frente Amplio ante el 21N”, se advertía que “debía evitarse convertir la campaña en una mera `fiesta electoral`, o vender perceptualmente a la población como único criterio de éxito el número de votos obtenidos o el ganar electoralmente las circunscripciones en disputa”. Hacer esto último sería reducir la importancia estratégica de la participación y hacerla similar a las competiciones electorales democráticas. Y quehabía que insistir en que el principal criterio de éxito tenía que ser la movilización popular y el saldo de organización ciudadana en la lucha por elecciones libres.
Es entonces en función de esos objetivos declarados como debería hacerse la evaluación del grado de éxito o fracaso –siempre relativos y nunca absolutos– de la participación opositora en el evento del 21N.
Así, por ejemplo, es necesario hacer un análisis real de las 5 condiciones electorales que la oposición democrática estableció de común acuerdo con la Unión Europea en diciembre de 2020, para saber cuánto se avanzó en la campaña y cuán cerca o lejos estamos de unas elecciones libres y justas. Estas 5 condiciones son:
1) Un CNE independiente
2) Cronograma integral de elecciones libres, justas y verificables
3) Participación plena de todos los partidos políticos, restablecimiento de su dirigencia natural, y el uso de sus símbolos y colores partidistas.
4) Cese de las inhabilitaciones y enjuiciamientos de los dirigentes políticos, y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política.
5) Observación electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso y en las diversas fases del ciclo electoral.
Dentro de las limitaciones de espacio, un primer análisis arroja ciertamente avances en algunas de estas condiciones y retroceso en otras. Así, por ejemplo, a pesar de la presencia de dos personas de mayor credibilidad y confianza en la directiva del CNE, este dista mucho de acercarse siquiera a parecer un órgano independiente del PSUV. Las estructuras internas y regionales continúan en manos del partido de la autocracia, lo que explica la recurrencia de delitos electorales como el cierre tardío de los centros de votación (más generalizado que en ocasiones anteriores), seguido inmediatamente por el acarreo forzado de personas después de la hora de cierre, y la ocurrencia de hechos violentos en varios centros. De hecho, es la carencia de autonomía del CNE y su falta de independencia, el principal hallazgo que reporta haber encontrado la Misión de Observación de la Unión Europea en su Informe preliminar sobre el proceso.
El cronograma electoral integral sigue sin existir. Varios partidos políticos siguen privados de su dirigencia y de sus símbolos. Algunas inhabilitaciones fueron revertidas pero otras discrecionalmente se mantuvieron. Y la observación internacional calificada, distinta a los turistas amigos de la autocracia bautizados eufemísticamente como “veedores electorales”, aunque estuvieron físicamente el día de la elección, no se le permitió estar presente –como lo establece la ley– en todas las fases del proceso.
En síntesis, y con respecto al objetivo de utilizar la campaña para presionar por mejoras en las condiciones electorales mínimas, los logros –sin restarles su importancia– son todavía muy magros.
Pero se planteó también que la campaña perseguía al final un saldo positivo en cuanto a organización ciudadana y movilización popular. Aquí los resultados, como corresponde a la naturaleza de la elección, fueron muy heterogéneos según la región geográfica. Así, por ejemplo, el saldo organizativo mejor fue el logrado en los estados Zulia y Cojedes, donde la dirigencia opositora tenía el padrón electoral completo del estado unas dos semanas antes de la elección. Pero, a pesar de los avances en algunas circunscripciones, el saldo a nivel nacional dista mucho del que se debía alcanzar.
Cualquier análisis serio de lo sucedido el 21N tiene entonces necesariamente que partir, en primer lugar, del grado de alcance de los objetivos que se perseguían. Por supuesto, este análisis debe ser completado con otros elementos presentes en el proceso.
Así, desde una perspectiva de avance, no se puede negar que con toda la fuerza del Estado a su servicio, las amenazas, los chantajes con los CLAP y los innumerables delitos electorales, el gobierno-PSUV solo pudo movilizar a su favor menos de 18% del electorado. Y este es un dato que hay que considerar en cualquier planificación estratégica de futuros escenarios electorales. Tampoco es desdeñable la obtención de 117 alcaldías (más de 30 que en 2017) y 3 gobernaciones, a pesar de los obstáculos del gobierno y de las falencias internas de la oposición. Han surgido algunos liderazgos locales interesantes, que deben ser estimulados y apoyados.
Lamentablemente, desde la perspectiva de los retrocesos, es ineludible señalar las fallas decisionales de la dirigencia opositora (decisiones tardías, imposición de candidatos, divisiones internas, discursos y posturas contradictorias, ausencia de un comando central de campaña), las cuales no sólo impidieron el triunfo electoral en algunas circunscripciones donde el electorado opositor es mayoritario sino, y lo que es más importante, obstaculizaron el logro de los objetivos reales de la campaña, organización ciudadana, movilización popular y articulación de presión cívica interna. Ciertamente que la demanda por una dirección política opositora más amplia y eficiente es hoy demostradamente más urgente y necesaria.
¿Había que participar? Soy de los convencidos de que sí. Entre otras cosas por lo expresado por la Conferencia Episcopal Venezolana en su último documento: “Si queremos que algo cambie, se requiere salir de la postración cotidiana a través de propuestas concretas y comunitarias que despierten la conciencia ciudadana y movilicen las voluntades para recuperar lo político como lugar de participación, ejercicio de los derechos democráticos y protagonismo cívico”.
Pero pasado el evento, lo que se impone ahora es una lectura sin prejuicios ni posturas preestablecidas, que identifique los avances y los retrocesos, los logros y las fallas cometidas. Debemos analizar los resultados, los numéricos pero sobre todo los cualitativos, como parte de un proceso. Pero un proceso que no posee ninguna garantía, que no es lineal ni necesariamente progresivo. De hecho, es un proceso que, mal manejado, puede conducir a frustrantes involuciones.
Pero si de verdad estamos convencidos de que la única salida viable a la crisis venezolana requiere la ruta electoral, debemos construir ese camino a partir del aprendizaje sincero de los logros obtenidos y de las fallas cometidas. De ambos. Sin simplificaciones inaceptables ni extremismos paralizantes.
@angeloropeza182
