Una pequeñísima minoría de ecuatorianos pagan impuestos: solo 8 de cada 100 empresas cumple con las retenciones, declaraciones y anticipos del impuesto sobre la renta, menos de la mitad de los ecuatorianos con un empleo formal pagan el impuesto sobre la renta (40%) y estos ya son una minoría de la Población Económicamente Activa (PEA). De los 1.137.000 contribuyentes que pagan IR, 100.000 aportan más de la mitad de lo recaudado por este impuesto.
Todos pagamos impuestos indirectamente, pero muy pocos los soportan directamente y, por lo tanto, esos pocos son los que están más o menos conscientes de la pesada carga del aparato público. Hasta cierto punto sorprende que los que más pagan no se opongan con mayor ferocidad e incluso algunas veces apoyen las alzas de impuestos. Pero eso último se debe a que el postureo para exhibir una supuesta solidaridad al pagar impuestos desde hace mucho es parte de nuestra cultura. No importa que la solidaridad por definición es un acto voluntario y los impuestos son lo contrario. Otra razón sería que debido al inmenso poder concentrado en el Estado, muchos se vean alentados a querer mantener buenas relaciones con quienes administran el fisco, esto es, “para que no molesten”. Esto es comprensible, sobre todo en países con una institucionalidad débil donde no hace muchos años atrás el Sistema de Rentas Internas era utilizado para la persecución de enemigos políticos.
Por otro lado, están aquellos que reciben migajas de aquello que recauda el fisco en la forma de obras y servicios públicos y no tiene voz ni voto en cuanto a la calidad y condiciones de estos por aquello de que “a caballo regalado no se le mira el diente”. Algunas elites continúan desconfiando de los individuos de a pie y consideran que es mejor que usted no decida qué hacer con su propia vida y recursos, sino que ellos decidan por usted.
Todos soportamos el peso muerto de los impuestos y el gasto público excesivos. Primero, por la incertidumbre que se genera en torno a un sistema tributario que no es igual para todos, porque castiga a quienes más producen y ahorran, espantando así el capital, desalentando inversiones y disminuyendo el aumento de la producción y empleo. Segundo, porque se generan costosas distorsiones en la economía que nos llevan a tomar decisiones de gasto e incurrir en costos que de otra manera no tendrían sentido. Tercero, porque se pospone el ajuste en el sector público mientras se continúa sangrando al sector productivo que lo sostiene.
La solución no es fácil y no por ello hay que dejar de hacerlo. Debemos desarrollar instituciones más inclusivas y un Estado cuya carga sea compartida, de tal manera que sea el conjunto de la sociedad la que exija una mejor rendición de cuentas y aprenda a demandar políticas públicas más responsables y menos perjudiciales para el crecimiento económico del país.
Los verdaderos problemas e injusticias, como tener un sistema tributario en el cual pocos sostienen al aparato público que se supone debe proveer servicios para todos, no se abordan ni discuten.
La finalidad del sistema tributario no es hacernos más virtuosos a la fuerza, poniendo a los políticos a quitarles a unos para darles a otros. Eso no es justo ni conduce al progreso. Castiga a quienes ahorran e invierten.
