El 1 de diciembre de 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegará a la mitad de su sexenio. En los últimos días, ha terminado por definir su peligroso proyecto político para los próximos tres años y más allá. Más vale que en México la sociedad abra bien los ojos y los oídos a la peligrosa transformación que está gestando AMLO y que dista mucho de la propuesta política democrática que lo llevó a ganar las elecciones en 2018.
Durante los doce años que AMLO buscó la presidencia de México, entre el 2006 y el 2018, se promovió como un hombre de izquierda, progresista y democrático. Prometió luchar contra la corrupción, la impunidad, y contra las elites que han empobrecido al país. Propuso en 2012 que, cuando llegara a la presidencia, iba a regresar al Ejército Mexicano a sus cuarteles en seis meses, tras el fracaso de la política del presidente Felipe Calderón, emanado del partido de derecha Acción Nacional, quien involucró a la milicia en tareas de seguridad pública. López Obrador se pintaba así mismo como una especie de neo Ernesto Che Guevara que encabezaba la revolución de los más necesitados.
Ha actuado de manera opuesta a sus promesas
Hace tres años, en 2018, finalmente logró llegar a la presidencia. Y recién se sentó en la llamada silla del Águila, comenzó de actuar de manera opuesta a sus promesas. El hombre que se dijo demócrata se muestra autoritario, desprecia la crítica y cualquier muestra de disenso. Opta por la opacidad y la secrecía, y no por la transparencia y rendición de cuentas. Se autoproclama como el único y posible salvador de la patria, y cualquiera que cuestione eso es un traidor.
Para coronar ese perfil, en vez de regresar al Ejército a sus cuarteles en seis meses como lo había prometido, en tres años les ha dado más poder, más dinero y privilegios metaconstitucionales. AMLO ha terminado abrazado al poder militar para, con el respaldo de ellos, avalar y alargar su proyecto de nación más allá de los últimos tres años de gobierno que le permite la Constitución.
Hacia un autoritarismo ur-fascista
En la víspera de su tercer aniversario en el poder, estos son los cuatro hechos que muestran claramente que AMLO avanza hacia un autoritarismo de corte ur-fascista que debería ser motivo de alarma dentro y fuera de México.
1. Ejército exige respaldo al “proyecto de nación”
El 20 de noviembre, durante el festejo del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional violó las leyes que prohíben a cualquier miembro o mando del Ejército en activo interferir en asuntos de índole político, directa o indirectamente. En un hecho sin precedentes en la historia moderna de México, el general, públicamente, en medio de un desfile militar, demandó a la sociedad mexicana a respaldar el proyecto político de AMLO.
“Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha…”, exigió el titular de la SEDENA con el fusil en mano, metafóricamente hablando, porque es justo el poder del uso legítimo de la fuerza la característica de todo ejército nacional. Y es justo por eso que es obligatorio que las fuerzas armadas se abstengan de hacer pronunciamientos políticos a favor o en contra de nadie, porque quien lo hace ostentando la fuerza bruta, más que un gentil llamado es más bien un amago.
El Ejército, aunque operativamente esté bajo el mando del Poder Ejecutivo, debe su lealtad máxima a la nación y no al presidente en turno, sea quien sea. Esa conducta es fundamental en la democracia de México, no solo por la experiencia de dictaduras militares que hubo el siglo pasado en América Latina, como Chile, Uruguay y Argentina, sino porque en México, en la década de los años sesenta y setenta, el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) usó al Ejército como instrumento de represión, imposición y persecución de disidentes y adversarios políticos.
Como prueba está la masacre de Tlaltelolco en 1968, el llamado Halconazo, en 1971, y la época de la guerra sucia, cuando las fuerzas armadas persiguieron, torturaron y desaparecieron a guerrilleros y opositores.
En el pasado menos remoto, en 1994, el Ejército mexicano combatió con sus armas contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, asesinando a muchos de ellos en un enfrentamiento desigual llevado a cabo en Ocosingo, Chiapas. Y en 2014 fueron mandos y elementos del 27 Batallón de Infantería en Iguala quienes espiaron, persiguieron a los estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y estuvieron presentes durante el ataque en el que tres de ellos fueron asesinados y 43 fueron desaparecidos.
Los militares que encabezan hoy el Ejército al que se abraza AMLO no nacieron ayer. Han solapado no solo violaciones graves a derechos humanos, desapariciones forzadas, sino que además se han coludido con el crimen organizado. Hay centenas de documentos en los tribunales de México y Estados Unidos que lo prueban.
2. AMLO paga lealtad de la SEDENA
El 19 de noviembre de 2021, un día antes del ilegal pronunciamiento del general Sandoval, AMLO propuso al Congreso modificar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para “fortalecer al titular de la SEDENA”. Y pide crear, bajo el mando de Sandoval, una Comandancia del Ejército, a través de la cual este delegue poder y mando. Es decir, AMLO quiere multiplicar los brazos del titular de la SEDENA para que este pueda hacer más, abarcar más y tener más poder.
El presidente quiere crear una nueva figura militar llamada Comandante del Ejército, y una nueva elite de mandos militares en donde se concentre el poder de las decisiones castrenses, cuyo papel protagónico en las áreas civiles va en aumento.
El apoyo del Ejército a AMLO no es gratuito, es un apoyo obtenido gracias a las mayores prerrogativas y al mayor presupuesto que les ha concedido. El presidente no regresó a sus cuarteles al Ejército en seis meses como lo prometió, sino, por el contrario, cogobierna con ellos, los expandió por todo el país como nunca antes a través de la creación de la Guardia Nacional. Más de 80 mil miembros del Ejército realizan tareas de seguridad pública que por ley deben llevar a cabo fuerzas del orden civil.
Además de eso, AMLO ha convertido a la SEDENA en el principal ejecutor de las obras públicas de su gobierno, y les ha delegado, también de manera irregular, su administración futura una vez que sean concluidas, con todo lo que esto conlleva: el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el llamado Tren Maya, y la construcción y remodelación de cuarteles para la guardia nacional, entre otros.
Esto aumenta más peligrosamente el poder del Ejército: un enojo, una molestia, un capricho que no les conceda este o el presidente en turno, podría provocar la paralización física del país. Por eso la militarización es directamente contraria a la democracia.
Aunado a la seguridad pública y a la construcción y manejo de infraestructura del país, AMLO ha llenado de dinero público las manos de unos cuantos en el Ejército.
Los números de los análisis programáticos de la cuenta pública oficiales son claros. En ningún otro régimen anterior al de AMLO la SEDENA había recibido tantos recursos del erario público, y nunca los había gastado de manera más discrecional. Ni siquiera en la época de Felipe Calderón cuando este sacó al Ejército a las calles.
En 2012, el último año del sexenio de Calderón y el de mayor presupuesto dado a la SEDENA, esta gasto 61 mil 363 millones. En 2015, el tercer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, gastó 59 mil 616 millones. En 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto, la SEDENA ejerció la escandalosa cifra de 80 mil 936 millones de pesos.
En 2019, el primer año de gobierno de AMLO, la Defensa Nacional gastó 111 mil 618 millones de pesos, casi el doble que el último año de Calderón, más del 30 por ciento que el 2018. En 2020, la cifra de gasto de la SEDENA llegó a la estratosférica cifra de 124 mil 51 millones de pesos ejercidos. Más del doble que en 2012.
3. Opacidad y autoritarismo por decreto
El 22 de noviembre, después de la exigencia del titular de la SEDENA de que el pueblo debe apoyar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, AMLO, fiel a su lema de que “amor con amor se paga”,em itió un acuerdo presidencial a través del cual blinda de cualquier posibilidad de oposición o rendición de cuentas todas las obras públicas realizadas en su mandato. Y si, como ya se explicó en párrafos anteriores, muchas de estas obras públicas son y serán ejecutadas por el Ejército, el decreto también protege a las fuerzas armadas.
A través del decreto, AMLO ordenó que todos los proyectos de su gobierno sean considerados de Seguridad Nacional. Con eso los hace intocables, inamovibles e inescrutables. Violentando la ley que regula aquello que puede ser considerado de Seguridad Nacional, el Presidente pretende: imponer sus obras con el pretexto de que son esenciales, no importando si estas no cuentan con el consenso ciudadano, no importando si son innecesarias, inviables o de costos excesivos, y sin que deban cumplir con las normas ambientales o de uso de suelo.
En 2019, cuando AMLO propuso construir el Tren Maya en el sureste del país, convocó a una consulta popular para que los pobladores de la región dijeran si estaban de acuerdo o no con el proyecto. Aseguró que iba a obedecer la decisión de las comunidades: si decían sí, el proyecto continuaría, si decían no, no lo harían. “Ahí llegamos, el pueblo manda”, afirmó entonces. A través de su decreto ahora la frase bien podría ser ‘la 4T y la SEDENA mandan’.
4. Ministra de AMLO avala militarización.
Como colofón de todo este cuadro de perfil autoritario, el 24 de noviembre, en la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el máximo nivel del poder judicial en México, la ministra Margarita Ríos Farja, exfuncionaria del gobierno de AMLO y colocada en el cargo en 2019 por AMLO y legisladores de la 4T y aliados, emitió una resolución para resolver la controversia constitucional interpuesta por la Presidencia del Congreso en 2020, en la cual se pide declarar inconstitucional las tareas extralegales decretadas por AMLO, que permiten al Ejército estar haciendo tareas de seguridad pública.
Ríos Farja, atenta al espíritu de AMLO contra los ‘traidores’ y obediente al llamado del titular de la SEDENA, firmó un resolutivo en el que considera constitucional la militarización de México, cerrando así el candado que une el perverso matrimonio AMLO-SEDENA
Tras su nominación, lo que era solo una especulación de que, a través de ella, el gobierno comenzaba una operación de control de la SCJN, se convirtió en una realidad. Dado lo sensible del caso, la resolución final deberá ser tomada por el pleno y no por la Primera Sala.
Es necesario un contrapeso
En México se viven horas oscuras. En un país donde existe profundas raíces dogmáticas impuestas por el colonialismo y la religión, botones a los que apela la Cuarta Transformación y su patriarca, un país donde es frecuente que se confundan las simpatías con la sumisión, y donde la opinión pública es manipulada por la propaganda gubernamental de manera abierta o encubierta, es urgente que los poderes Judicial y Legislativo, a quienes constitucionalmente les corresponde hacer un contrapeso al Ejecutivo, lo hagan de inmediato, antes de que el proyecto militar y autoritario termine de imponerse.
Es momento, incluso para las huestes más fieles de AMLO, que reabran los libros de historia moderna. Recuerden que los gobiernos que cogobiernan con el Ejército son la antítesis de la democracia. Que los ejércitos en el mundo son la elite de la elite, y si no están bajo control, devoran todo a su paso. Que la militarización es el símbolo máximo del conservadurismo. El ultranacionalismo es un paso al “ur-facismo” o “totalitarismo fuzzy”, como lo definió el filósofo y escritor italiano Umberto Eco, aplicando el concepto al populismo moderno.
