Los recursos mineros del estado Táchira han sido objeto de diversos estudios que dan cuenta de reservas probadas que viabilizan su aprovechamiento racional. En efecto, los minerales carbón y fosfato, junto al cobre, arcilla, arenas silíceas, asfalto frío y otros, constituyen recursos industriales y estratégicos de primer orden cuya explotación, orientada por la elaboración e implementación de estudios de impacto ambiental y la necesaria participación ciudadana, resulta de inestimable provecho para la región.
La gestión de las minas y de sus productos, por otra parte, supone un desafío, tanto para el sector público como para la sociedad civil tachirense, entre otros factores, por la opacidad en la que se desenvuelven los elementos claves del sector en Venezuela, como la carencia de gobernanza de la industria, el desconocimiento del destino público de la renta minera, la falta de publicación de los contratos de servicios, de las concesiones, de los estatutos sociales de las empresas mixtas, alianzas estratégicas, actas de asamblea de accionistas, identificación de actores, publicación de los estudios de impacto ambiental y sociocultural, de su acreditación técnica por la autoridad ambiental competente y el reporte de los avances en la recuperación del entorno, la producción minera mensual y el reporte del pago de impuestos y regalías, distribución de los ingresos y la desigualdad de género, además del silencio sobre la extracción ilícita de minerales que ha sido denunciada con frecuencia por defensores del ambiente y los derechos humanos. Finalmente, las inconsistencias sobre las consultas públicas para adelantar proyectos mineros que deben suponer un ejercicio ciudadano de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y no sólo el suministro de la información a las personas que ya forman parte de las instancias asociadas al Estado. No se puede repetir el esquema que se aplica en el denominado Arco Minero del Orinoco.
Es por lo anterior que resultan importantes los recientes anuncios referidos al aprovechamiento de los recursos mineros del Táchira, por cuanto han sido numerosos los intentos, programas, campañas de exploración, alianzas estratégicas, cartas de intención, la promoción de inversiones y otras fórmulas de vinculación con el sector privado que se han adelantado por décadas para la explotación racional del recurso minero regional sin éxito sostenible, impidiendo la consolidación de una industria caracterizada por un uso intensivo de capital y las amplias posibilidades de valor agregado nacional.
La transparencia del sector es indispensable para la legitimidad de esta industria que aporta materias primas para diversos sectores, siendo estratégicas, como el carbón coquizable, así como material crítico global, como lo son las rocas fosfáticas de Monte Fresco. Apalancar el desarrollo y la dinamización económica del estado Táchira sobre la base de sus recursos mineros exige la aplicación de criterios y estándares internacionales de transparencia, sólidos modelos de vinculación con actores de experiencia comprobada, un relacionamiento honesto y abierto con las comunidades y un plan de mitigación del impacto ambiental vinculado con las universidades, así como de la investigación e innovación proporcionada por la sinergia del sector industrial y académico. La invitación a la sociedad civil es a no perder de vista las políticas que se desarrollen en la materia y a participar en la toma de decisiones de este sector.
Profesor e investigador universitario
