En cada lance político que observamos en Venezuela aflora la paradoja de la crisis política institucional, focalizada en la condición de tener una constitución que consagra en su artículo 4 el estado federal descentralizado, y por otra parte la pretensión del régimen aun no consumada plenamente, de imponer un Estado Comunal autoritario que no tiene registrada ni una letra en la vigente y violada Carta Magna.
Esta ambivalencia ha determinado a la tiranía iniciada con Chávez y profundizada con el actual usurpador, ir rebanando los rasgos federales sin lograr extinguirlos totalmente. Inició su andadura en 2006 con la Ley de Consejos Comunales, luego con la intención frustrada de reforma en 2007, para finalmente retomarla en diciembre 2010 con el racimo de leyes orgánicas comunales, que hoy tienen su extensión con la ley de ciudades comunales aprobada en 2021. La situación llegó a tal magnitud al violar el texto constitucional y aprobarse con el lamentable consenso opositor leyes regionales y ordenanzas que se ajustaban al autoritario proyecto de estado comunal.
En el fondo de sus entrañas dictatoriales no quisiera que existieran alcaldías, gobernaciones, entes descentralizados, ni situados constitucionales a estados y municipios, como lo demostrara con la desaparición del Fondo Intergubernamental para la descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Especiales (LAE) aplicada en los estados de explotación minera e hidrocarburos, como tampoco transferir las competencias concurrentes, exclusivas y residuales a gobernaciones y alcaldías. En fin, el detestable estilo tirano ha sido durante estos 22 años repartir en cadenas presidenciales recursos como si Venezuela fuera su hacienda y ahora un bodegón.
El odio a la descentralización es su divisa, pero no puede borrarla de un plumazo del texto constitucional, aunque de facto como dictadura al fin, la envilece cuando le place con procesos electorales truculentos, como ha ocurrido con las recientes elecciones del 21 de noviembre, al convertir en caricatura a la que ha sido la experiencia política más refrescante ocurrida en la última década del siglo XX venezolano.
Esta se ha convertido en una piedra en el zapato para la dictadura, al aparecerse en la ocasión menos esperada como aquel espanto de la sabana representado en la leyenda del silbón, para en esta oportunidad mostrar sus verrugas al mundo entero, al desconocer el poder que es más cercano al ciudadano como lo son las alcaldías y gobernaciones.
Le corresponde a los diferentes sectores de la vida política, económica y social retomar la defensa de la descentralización, como un instrumento de defensa de la democracia, del mismo tenor que los sindicatos y sus centrales luchan en la OIT por defender los derechos laborales, de igual forma la confrontación contra el centralismo de todo corte es un eje fundamental, junto al resto de tareas democráticas a ser asumidas para restablecer el estado derecho, a saldarse con el fin de la dictadura que agobia a los venezolanos.
No es tiempo del capitulador doblarse para no partirse, entre los antídotos para enfrentar al régimen la descentralización concentra uno de los mejores argumentos por ser constitucional, para darle batalla a una dictadura infame apoyada en las bayonetas y despreciada por más del 80% de la población venezolana.
