Las cárceles y centros de detención de nuestro país, están llenos de presos políticos. Cientos de trabajadores, militares, dirigentes sociales y militantes de distintos partidos están presos, secuestrados por el gobierno. A la inmensa mayoría de ellos, se les han violado sus Derechos Humanos Fundamentales, las garantías consagradas en nuestra Constitución; y, son sometidos –de manera continua– a torturas y tratos crueles y degradantes, en un país donde no existe el Estado de Derecho y donde el gobierno ha convertido la violación de los Derechos Humanos en una clara Política de Estado.
En medio de las penurias del día a día de la población, el estricto control sobre los medios de comunicación, la censura, la autocensura, el miedo y la insensibilidad extendida como actitud social, en estos tiempos de conformismo y ausencia absoluta de democracia participativa y protagónica, los presos políticos –estudiantes, dirigentes y líderes sociales, profesionales, trabajadores y militares secuestrados por el gobierno–, están abandonados a su suerte en manos de sus captores, los cuales, siguiendo órdenes directas y precisas de los altos jerarcas del madurismo, ejercen sobre ellos todo tipo de vejaciones.
Una manera de medir la descomposición de la sociedad, la ausencia de valores y el individualismo que se ha impuesto como norma en el país, es la absoluta apatía hacia la suerte de los presos políticos. Por más problemas y desengaños que existan, por mayores privaciones a los que se esté sometido, no se puede ser indiferente ante la suerte de los que están presos, mucho menos si se trata de presos por razones políticas.
Y me refiero a todos los presos políticos, no importa de qué bando se trate, si son de la oposición o del chavismo, si son civiles o militares, trabajadores, profesionales, estudiantes, dirigentes políticos y sociales. Cualquier venezolano que sea privado de su libertad, secuestrado, al que se le violen sus Derechos Humanos Fundamentales, debe ser centro de nuestra atención, nuestra solidaridad, nuestra lucha.
El gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, ha sido señalado de manera consistente por todas las organizaciones garantes de los Derechos Humanos, como un gobierno represor, violador de los Derechos Fundamentales de los venezolanos. Basta recordar los informes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, dirigida por la ex presidenta Michele Bachelete, los informes de la Comisión Internacional Independiente del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU (Fact Finding Commission) o la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación sobre los altos jerarcas del gobierno de Maduro –incluyéndolo– (paso muy pocas veces dado por este organismo), para entender el talante violento, represivo y violador de los DD.HH. por parte de este gobierno. Un GOBIERNO CRIMINAL.
La Corte Penal Internacional está clara que en Venezuela no hay Estado de Derecho, por tanto, es ella la que debe intervenir y juzgar.
Entre todos los crímenes –incluyendo crímenes de lesa humanidad– y violaciones masivas a los Derechos Humanos de los que se señala al gobierno de Maduro, las miles de ejecuciones extrajudiciales, las razzias en los barrios pobres, las miles de detenciones arbitrarias, las torturas, las muertes en custodia, los miles de “falsos positivos”, la identificada por tales organismos, y la judicialización de la política, se determina en una categoría que la ONU reconoce como grave, la “Represión Selectiva”. Es decir, el gobierno reprime, persigue y encarcela a dirigentes políticos –civiles y militares–, que somos capaces de crear opinión, de colocar en riesgo su discurso y sus políticas, por el peso específico de cada uno de nosotros, los que estuvimos al lado del presidente Chávez, los que fuimos sus ministros, ocupando altos cargos en el Estado y en la Revolución, los que representamos un peligro para el madurismo porque somos dirigentes políticos de izquierda, como conocedores de la materia o simplemente porque reivindicamos y representamos al chavismo, al socialismo.
La feroz persecución del madurismo en contra del chavismo, nos ha llevado a nosotros al exilio, hemos sido objeto de todo tipo de acciones judiciales con base en expedientes amañados, fabricados por el fiscal sicario y el poder judicial corrupto, somos vilipendiados y acusados de miles de falsedades. Pero esta persecución, que califica como PATRÓN DE CONDUCTA en el Sistema de Derecho Penal Internacional y ante la Corte Penal Internacional, también ha llevado a la prisión-secuestro a cientos de trabajadores petroleros, a oficiales militares, dirigentes políticos y activistas sociales pertenecientes a las bases y a la dirección chavista. A otros, el madurismo los descalifica, los relega al ostracismo o los mantiene fuera de la patria, en embajadas o cualquier puesto que los mantenga en silencio. Por eso, es importante comprender que el chavismo también es víctima de la represión del madurismo.
Un grave error que cometen algunos sectores políticos u organizaciones y ONGs que velan por el respeto a los Derechos Humanos, del que además saca provecho Maduro, es que no levantan su voz por los trabajadores, dirigentes políticos, civiles y militares pertenecientes al Chavismo, que están presos, secuestrados por el gobierno. No se puede hacer en este campo una diferenciación, no puede haber presos buenos y presos malos, torturados buenos y torturados malos, asesinados buenos y asesinados malos.
No puede existir el silencio ni la indiferencia hacia los presos políticos de cualquier bando, ya que la sola existencia de éstos, es una prueba de la violación de los DDHH en el país y también, una clara muestra de algo que hemos repetido una y otra vez: Una cosa es el madurismo y otra muy distinta es el chavismo.
Para Maduro y los cinco que manejan el país –muy especialmente para su entorno–, cualquiera que se oponga a sus designios o intereses, sea chavista o de la oposición tradicional, sea civil o militar, es su enemigo y contra ellos o contra nosotros, se desata toda la violencia del Estado, utilizando para ello, a su fiscal-sicario. Tarek Willian Saab, es señalado en todos los informes internacionales de la ONU, como corresponsable directo –por facilitador y encubridor– de la violación de los Derechos Humanos en el país; a su Poder Judicial, corrompido y tarifado, listo para hacer sentencias exprés a la medida de los caprichos y el odio de Nicolás Maduro, Cilia Flores o Delcy Rodríguez; y, por supuesto, responsable inmediato de la acción directa de sus cuerpos policiales, la inteligencia militar, sea el SEBIN, DGCIM o CONAS, que actúan bajo las órdenes directas de cualquiera de los que mandan en el país.
Un grave error que comete la izquierda, dentro del país y en América latina, es hacer caso omiso a la violación de los Derechos Humanos en Venezuela. No entienden –o no quieren entender–, estos sectores, que el gobierno de Nicolás Maduro no es un gobierno chavista, ni revolucionario, mucho menos, socialista. Ningún revolucionario, ni socialista, ni siquiera alguien progresista, puede aceptar o tolerar la violación de los Derechos Humanos en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Es una cuestión de principios.
No se pueden aceptar las ejecuciones extrajudiciales del gobierno, y a sus policías enmascarados en los barrios pobres de las ciudades del país. Los crímenes de la policía en Río de Janeiro o las “limpiezas” de los paramilitares en los barrios de Colombia, palidecen ante las 14.000 ejecuciones extrajudiciales del FAES y otros cuerpos judiciales en los barrios de Caracas y otras ciudades del país.
No se puede aceptar la tortura, mucho menos la muerte a causa de ésta, como la del Capitán Rafael Arévalo, ni la muerte en custodia de los presos políticos, como el triste caso de Nelson Martínez o del General Raúl Isaías Baduel. No se pueden aceptar las detenciones arbitrarias, ni la judicialización de la política. No se puede aceptar que a los prisioneros políticos, se les lance desde los edificios donde están detenidos bajo custodia, como sucedió con el Concejal Albán.
La izquierda y los sectores revolucionarios de Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, todos aquellos países donde se haya conocido de cerca y en forma masiva el horror de la represión y del fascismo, no pueden aceptar la violación de los Derechos Humanos en Venezuela, cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
Para los sectores revolucionarios, los de izquierda del país, aquellos que vivieron de cerca y sufrieron los embates de la represión y asesinatos en la IV República, durante los gobiernos del Puntofijismo, resulta inmoral e inaceptable guardar silencio ante los mismos crímenes y las mismas conductas represivas del actual gobierno. Hacerlo, ante los crímenes de hoy, es una deslealtad a los mártires del pasado y una traición de los principios que guían la vida de un revolucionario.
Por eso, hay que exigir el cese de la represión, hay que exigir castigo a los violadores y a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos, no solo al policía o al militar que apretó el gatillo, (que es la estrategia de Maduro ante la Corte Penal Internacional, para tratar de liberarse de sus culpas), sino, al que dio la orden, al que dirige, al que ha desarrollado y permitido la instalación de la práctica cotidiana de violación de los Derechos Humanos convirtiéndola en un patrón de conducta y en una política de Estado, hay que exigir castigo al fiscal cómplice que encubre y mira a otro lado, al que acusa, al que persigue, al juez que sentencia sabiendo que miente.
No se trata de escribir cartas complacientes a Maduro, como si éste no supiera lo que sucede en las prisiones del país, no se trata de pedir favores, tampoco de pedir clemencia por crímenes no cometidos. Se trata de que la izquierda y los sectores revolucionarios alcen su voz sin miedo, para exigir la libertad de los presos políticos, de los trabajadores y militares secuestrados por el gobierno, sin miedo, ¡con fuerza y lealtad a los principios!
Hoy hay que exigir como una prioridad que sean liberados todos los presos políticos, que liberen al Mayor General Miguel Rodríguez Torres, a los cientos de oficiales secuestrados en prisiones del país, a los cientos de trabajadores y gerentes de PDVSA enterrados en vida en las cárceles del gobierno, a Pedro León, a Rodney Álvarez, a Eudis Girot y tantos otros que son sometidos a tratos crueles y degradantes. Hay que exigir la libertad de todos los presos políticos, sin listas parciales, sin discriminación, sin intereses mezquinos, porque estos venezolanos, estos patriotas, no pueden seguir secuestrados y maltratados por este gobierno infame y criminal.
No podemos dejar que siga pasando el tiempo, hay que luchar por la libertad de los presos políticos, y simultáneamente luchar por salir de este gobierno, porque a este gobierno hay que revocarlo, para recuperar la legalidad, y con ella el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad de los venezolanos.
¿De qué valen luces de fantasías iluminando las burbujas de la ficción madurista en el Este de la Ciudad y hoteles de lujo de Caracas, si todo el país está oprimido, si todo el pueblo sufre, si la vida es un apagón permanente, si se violan los Derechos Humanos, se asesina y se maltrata a los perseguidos y prisioneros políticos. Si la mayoría de los venezolanos son pobres, están desamparados y sufren la agresión originada por la desigualdad y la miseria?
¿Cómo se puede ser indiferente a la suerte de los secuestrados políticos? La sociedad y el país entero, debe estremecerse ante la injusticia y los crímenes que comete este gobierno, nadie puede ser indiferente, nadie puede mirar hacia otro lado, quien así lo haga está encerrado en sus propios egoísmo, está desinformado o simplemente está enfermo.
Vaya mi solidaridad con los presos políticos y con sus familiares, con los secuestrados, civiles y militares, chavistas y no chavistas, a todos a los que se le violan sus derechos humanos, a los que han sido torturados o asesinados, a los miles de asesinados, a los prisioneros olvidados que no tiene voz, esos que pareciera no existir para nadie, a los pobres.
La tragedia del pueblo venezolano debe unirnos, más allá de las diferencias y la intolerancia política, del egoísmo y de los intereses mezquinos. La tragedia de los que sufren debe unirnos en el propósito de luchar por un futuro mejor para todos, sin presos politicos, sin secuestrados, sin asesinatos políticos, sin tortura y tratos crueles. Un país más humano, de justicia, de ley, de solidaridad, de hermandad, un país para todos. ¡Un país sin presos ni secuestrados políticos!
