Tamara Taraciuk, directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas, en un resguardo indígena en La Guajira, Colombia.
La directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas reflexiona sobre los desafíos de una región afectada por los ataques a la independencia judicial y la crisis migratoria
América Latina enfrenta un pésimo momento en materia de derechos humanos, el peor en “décadas”, ha dicho Human Rights Watch (HRW) en un informe en el que alerta sobre un retroceso de libertades en la región, con ataques a la independencia judicial, represión policial y amenazas a la libertad de prensa.
Tamara Taraciuk, directora en funciones de HRW para las Américas, dice que la democracia se está erosionando de distintas maneras y hoy la región está obligada a defender espacios que se solían dar por sentados. “Hay un alarmante intento por menoscabar la independencia judicial por parte de ciertos gobiernos y esto es de enorme preocupación”, advierte Taraciuk, que señala que el autoritarismo y el populismo “no tienen ideología”. Desde México, con un Gobierno que se define de izquierda, hasta Brasil, con un presidente de extrema derecha, varios países de la América Latina están viendo cómo sus mandatarios siguen el mismo libreto, sin importar sus posiciones ideológicas.
Pregunta. En el informe de HRW hablan de un “alarmante” retroceso en libertades básicas en América Latina. ¿Qué es lo más preocupante?
Respuesta. Las distintas maneras en que está erosionando la democracia en América Latina. Es difícil hacer un ránking por países, pero hay categorías que nos preocupan. Por un lado están los extremos. Los casos de dictaduras como Venezuela, Nicaragua o Cuba, donde no existen elecciones libres ni instituciones democráticas que le puedan poner un freno al poder Ejecutivo. No hay independencia judicial, no hay un Congreso independiente.
También hay un grupo de Gobiernos, de líderes que llegan al poder después de elecciones democráticas, pero una vez allí, lo ejercen ignorando las garantías fundamentales y el rol de las instituciones. Atacan la independencia judicial, atacan a la prensa independiente y adoptan medidas para dificultar el trabajo de la sociedad civil, de los defensores de los derechos humanos. En esta categoría claramente entran gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, el de Nayib Bukele en El Salvador, el de Andrés Manuel López Obrador en México. El libreto autoritario y populista no tiene ideología. De derecha o de izquierda es igual de alarmante, es el mismo libreto a pesar de partir de posiciones ideológicas opuestas.
P. ¿De qué forma atacan la independencia judicial?
R. Hay distintos intentos por menoscabarla y estos esfuerzos también son de enorme preocupación. Tal vez el caso más extremo de la utilización política del sistema de justicia ha sido en Bolivia, donde los últimos tres gobiernos han empleado la justicia en contra de sus opositores políticos. Lo más preocupante de este panorama son los distintos escenarios donde los espacios democráticos que nos costó tanto conseguir en América Latina se van achicando.
P. ¿Como cuáles?
R. América Latina vivió años de conflictos y dictaduras para empezar a consolidar la democracia y para esto fueron esenciales tres puntos: fortalecer la justicia para investigar las violaciones de derechos humanos y poder actuar como un freno ante el poder Ejecutivo, permitir la libertad de expresión y facilitar plataformas para que las organizaciones de derechos humanos puedan monitorear y cuestionar los excesos de poder. Estamos viendo distintos ejemplos de cómo estos tres pilares están siendo afectados.
En Brasil se han iniciado procesos penales en contra de periodistas por publicar información incómoda contra el Gobierno. El presidente Bolsonaro ha bloqueado en las redes sociales a quienes cuestionan su política o sus posiciones y esa es una medida grave porque afecta la posibilidad de acceder a información pública. En México, hay un clima de hostilidad a la prensa que cuestiona los abusos de poder del Gobierno. Ejercer el periodismo es peligroso, van 27 periodistas asesinados durante el mandato de López Obrador. Si no hay instituciones fuertes que puedan investigar este tipo de delitos, el mensaje indirecto que se envía es que esto está permitido o que no tiene mayores costos.
P. Tampoco hay un pronunciamiento contundente desde el Ejecutivo sobre estos crímenes.
R. No se puede establecer una relación causal entre la apatía de la autoridad sobre lo que está ocurriendo y los asesinatos, pero sí genera un clima que definitivamente no favorece la tolerancia y la libertad de expresión. Las autoridades voluntariamente se ponen en un lugar de exposición que requiere mayor tolerancia, es por eso que la difamación penal, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos y sobre todo cuando hablamos del presidente, va en contra de los estándares internacionales de libertad de expresión.
P. ¿Está en peligro la democracia en la región?
R . Estamos enfrentando riesgos enormes. Tal vez la buena noticia en este panorama sombrío es que a pesar de todos estos retrocesos y tendencias autoritarias que estamos viendo, en la región sigue habiendo una respuesta fuerte de un periodismo independiente y de defensores de derechos humanos, incluso en países como Nicaragua y Venezuela, así como la respuesta en Cuba, donde miles de personas salieron a la calle en julio [de 2021] para poner freno a esos excesos.
En algunos países donde existen instituciones democráticas, como Brasil, han sido los jueces quienes han puesto un freno a los arrebatos de Bolsonaro. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia limitó los intentos del presidente por tirar por la borda los esfuerzos de gobernadores por mantener la distancia social durante la pandemia. Hemos visto diferentes esfuerzos que han intentado parar esos excesos de poder y abuso. Si bien la democracia definitivamente está en riesgo, esos esfuerzos son una buena noticia.
P. En Cuba y en Colombia han usado la protesta para manifestarse justamente contra los abusos de poder y la respuesta de los gobiernos ha sido la represión.
R. El hecho de que la gente salga a protestar tiene que ver en mayor o menor medida con un intento de defender derechos y esto es una buena noticia que tiene que ver con la cultura cívica que muestra que en América Latina mucha gente todavía piensa que la democracia es el mejor vehículo que tenemos. En Cuba, estamos ante una dictadura donde hace décadas se limitan derechos fundamentales y era esperable que la respuesta de un régimen como el cubano fuera la represión, que se dio no solo en lo que vimos en julio del año pasado sino en lo que estamos viendo ahora. Se han sometido a juicio más de 200 personas, en muchos casos por el delito de sedición, que en Cuba criminaliza el hecho de “perturbar el orden socialista”. Son juicios que se dan a puerta cerrada, sin abogados defensores independientes, y pueden terminar con hasta 25 años de condena. Estas son penas absolutamente desproporcionadas que violan los derechos fundamentales.
En Colombia, HRW documentó al menos 25 asesinatos a manos de la policía, detenciones arbitrarias, abusos físicos, incluyendo sexual. No se trató de casos aislados sino de una falla estructural de las fuerzas de la policía colombiana, la única de la región que depende del ministerio de Defensa, lo que ha hecho difícil la rendición de cuentas por estos abusos.
P. El presidente Iván Duque prometió “tolerancia cero” a los abusos por parte de la policía, pero apenas hay dos agentes removidos de sus cargos.
R. Hay fallas estructurales en la policía colombiana que todavía son una cuenta por resolver. Similar a lo de Colombia es lo que encontramos en Perú, después de las represiones de noviembre de 2020, y en Chile, después de las represiones de octubre de 2019, donde hay fallas estructurales de las fuerzas policiales que facilitan este tipo de respuesta ante protestas que fueron mayormente pacíficas.
P. Otra de las crisis que afronta la región es la migración, ¿cuáles son los desafíos en ese sentido?
R. Uno tiene que ver con la situación de los venezolanos. Hay más de seis millones que salieron de su país y la gran mayoría está en América Latina. Esto genera un enorme desafío para los países de acogida y para los venezolanos que se encuentran en esa situación, que luchan para conseguir un estatus que les garantice acceder al sistema de salud, enviar a los niños y niñas a las escuelas, poder reportar delitos de los cuales son víctimas sin temor a ser deportados y poder trabajar legalmente. En este sentido ocurrió algo súper importante en Colombia y fue la decisión de crear el Estatuto Temporal de Protección para los casi dos millones de venezolanos y retornados que están en ese país. La situación es diferente en otros lugares como en Chile, donde documentamos casos de venezolanos que son deportados sin el debido proceso, o en Perú, donde hay un clima de intolerancia hacia los migrantes.
P. Colombia es el país que más venezolanos ha acogido, pero HRW decía en el informe que le faltaba dar un paso más, ¿cuál?
R. Es muy angustiante ver que los caminantes todavía son parte del paisaje de las rutas de Colombia. Lo que nosotros estamos intentando impulsar es que se garantice el transporte por autobús, que le permita a la gente no tener que someterse a los riesgos del traslado a pie. Esperamos que Colombia pueda dar un paso más en esa dirección.
P. Está también la migración de centroamericanos y haitianos…
R. La gran mayoría de los migrantes que ingresan a México por el sur son centroamericanos, tanto de países del triángulo del norte como nicaragüenses. Hay más de 110.000 nicaragüenses que han salido desde que comenzó la crisis de 2018, pero también venezolanos o cubanos que cruzan por México. El Gobierno de Joe Biden tiene un discurso en materia de derechos humanos diferente al del Gobierno de Donald Trump; sin embargo, las políticas migratorias siguen siendo de enorme preocupación. En la frontera se siguen aplicando políticas que impiden a los migrantes presentar sus casos y además los obligan a esperar del lado mexicano de la frontera, y en esa espera es donde son víctimas de extorsión, de abuso por parte de las autoridades, de violencia.
P. Este año habrá elecciones presidenciales en Brasil y Colombia, ¿qué se juega América Latina?
R. La mayor preocupación es en Brasil porque Bolsonaro ha sacado a la luz denuncias totalmente infundadas de fraude electoral poniendo en duda que vaya a aceptar los resultados si pierde. Eso preocupa porque sería seguir el libreto de Trump en Estados Unidos o de Keiko Fujimori en Perú, que pusieron en riesgo a las instituciones democráticas.
P. ¿Cómo está Argentina en materia de derechos humanos?
R. Hay problemas estructurales que incluyen difíciles condiciones carcelarias, abusos en las detenciones, violencia contra las mujeres, además de la política exterior errática en materia de derechos humanos que ha tenido el Gobierno, que se ha abstenido o ha votado en contra en resoluciones en la OEA sobre la situación de Nicaragua o de Venezuela. Cuestionaron la represión policial en Colombia, pero no han hecho lo mismo con la de Cuba.
P. ¿Y Chile?
R. Uno de los grandes temas, como en Colombia, es la reforma policial, donde si bien hubo avances, todavía es necesaria una reforma estructural del sistema disciplinario interno de los carabineros para que tengan independencia, es necesaria una reforma profunda de los protocolos de uso de la fuerza.
Sally Palomino – El País
