El éxito de la unidad opositora en las elecciones de Barinas ha llevado a algunos sectores a pensar que esa victoria puede proyectarse al resto del país y, por lo tanto, que es posible acelerar la salida del catastrófico gobierno de Nicolás Maduro. Este razonamiento mecánico encierra algunos peligros que deben advertirse para que las decisiones adoptadas se ajusten a lo factible.
Los riesgos del referendo se sitúan en dos planos. Unos por el lado del gobierno; otros por los campos de la oposición.
Revocar el mandato de las autoridades electas a través del voto popular es un derecho establecido en el artículo 72 de la Constitución Nacional. Los ciudadanos pueden ejercerlo si 20% del patrón electoral de cada estado del país así lo manifiesta, luego de haberse certificado la validez de cada firma. Sin embargo, no existe ninguna norma explícita que obligue a las instituciones del Estado –todas controladas por el PSUV- a materializar esa aspiración. La historia desde que Hugo Chávez –principal propulsor de ese despropósito institucional- fue obligado a someterse a ese juicio, demuestra que el régimen maneja los hilos para estirar o reducir los trámites y plazos requeridos. En 2004, Chávez llevó la fecha del plebiscito hasta que, con la ayuda de Fidel Castro, logró garantizar la ratificación en el cargo. Los hechos son suficientemente conocidos.
Luego, en 2016, unos tribunales de provincia iniciaron el movimiento que condujo a paralizar el llamado al revocatorio iniciado poco tiempo antes. El derecho constitucional no se tradujo en materialización de la voluntad popular porque la sociedad no poseía los instrumentos para obligar al régimen a aceptarlo. En la actualidad el cuadro es muy similar, o peor, que en 2016: el madurismo ostenta el dominio casi absoluto de todas las instituciones capaces de favorecer o entorpecer el curso del RR. La oposición no controla ninguna. Todas son variables independientes. Lo único que le queda a la oposición democrática es invocar el vago derecho a aplicar el artículo 72. Pero, ya sabemos que este no es un Estado constitucional y mucho menos democrático.
Al régimen madurista no va a derrotársele por knockout, que sería el revocatorio. No hay fuerza para lograrlo. El RR solo avanzaría si el Maduro se convence de que en esa aventura él saldría favorecido. Si con las cifras del Registro Electoral real y los sondeos de opinión, llega a la convicción de que le propinará una derrota humillante a sus detractores y quedará como líder único del PSUV y candidato indiscutido a los comicios de 2024, que de todas maneras tendrán que realizarse. Eclipsaría a esa sombra fastidiosa que es Diosdado Cabello. De lo contrario, en cualquier fase del engorroso proceso suspendería el ensayo con cualquier argumento. Para eso cuenta con Maikel Moreno y sus obedientes discípulos del TSJ.
Abortar el RR no tendría mayores costos políticos para el régimen en el plano internacional. Los países amigos de Venezuela están más interesados en que la crisis del país se resuelva mediante el diálogo y las negociaciones, y que la cita electoral del 24 –esta sí, un mandato constitucional- se realice dentro del ambiente de transparencia y equilibrio que exigen las normas democráticas. Solo si el RR formara parte de los pactos entre el régimen y la oposición, la comunidad internacional se interesaría por su destino. Tal posibilidad luce remota.
El éxito del RR, medido por la salida anticipada de Maduro, se ve demasiado improbable. El régimen no va a dejarse infligir una derrota si puede evitarla cómodamente. Por otro lado, si decide permitirlo sería porque la victoria la considera asegurada, pues en las actuales condiciones del país, que la propuesta de rechazar a Maduro obtenga más de seis millones de votos, que fue la cantidad obtenida por el gobernante en 2018, luce poco factible.
Por los lados de la oposición, el RR también muestra muchas amenazas. La principal es la controversia estéril que podría desatarse entre los promotores del referendo y quienes se oponen a la consulta. La oposición ha mostrado en algunas ocasiones una tenaz vocación suicida. Al menos diez gobernaciones se perdieron en los comicios del 21 de enero por la incapacidad de abordar las diferencias existentes (algunas significativas) con pragmatismo. La falta de acuerdos en Táchira y en Mérida, por ejemplo, fueron el resultado de rivalidades personales contrarias a las prioridades de los líderes con aspiraciones de poder.
Hay que evitar las descalificaciones. Quienes creen que el RR puede activarse no sufren de un ataque de ceguera o ingenuidad repentina, solo evalúan, considero, de forma incorrecta la coyuntura. Quienes se oponen al referendo porque priorizan las elecciones de 2024 deben cumplir numerosas tareas, cuyo planificación no ha sido ni siquiera asomada, entre ellas elegir cuanto antes el comando que promoverá la participación popular, Todos los dirigentes de la oposición democrática son necesarios para derrotar al régimen en esas elecciones. Ya Maduro se anunció como candidato. Sabemos lo que eso significa: que todo el aparato de Estado estará a su servicio.
La decisión final que se adopte –impulsar o no el RR- deberá tomarse con espíritu unitario. Hay que evitar los traumas.
@trinomarquezc
